Terrateniente. Viene de los vocablos latinos “terra”, que significa tierra, y “tenen” que quiere decir “que tienen”. El diccionario de la Real Academia Española define a un terrateniente como una “persona que posee tierras, especialmente la que es dueña de grandes extensiones de agrícolas”. Es decir, quien tiene las tierras.
El viernes todo Puerto Rico confirmó ese secreto del que no se habla pero que salió de la boca del mismo alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez. El admitió en una rueda de prensa, en la que lució desencajado y agresivo, que es un terrateniente con al menos 11 propiedades a su nombre que ha ido adquiriendo en el mismo municipio que dirige.
Ortiz Velázquez reaccionó de esa manera a una serie de reportajes que hemos venido difundiendo En Blanco y Negro por escrito y en el programa de radio desde el pasado viernes, 2 de diciembre, en los que se revelaba que el alcalde ha ido comprando propiedades que el municipio arregla con fondos públicos. En Cayey hay un plan para remodelar todo el pueblo.
Desde el jueves 1ro de diciembre estábamos buscando una respuesta oficial pero el alcalde se escondía. Habló nueve días más tarde cuando finalmente hizo la conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular Democrático en San Juan.
En la misma el alcalde nos acusó de publicar falsedades, pero no se dio cuenta de que él mismo confirmó exactamente todo lo publicado y fue aún más lejos.
LAS OCHO COSAS QUE CONFIRMÓ EL ALCALDE
1. Aceptó que es una especie de terrateniente moderno porque posee 11 propiedades a su nombre en el municipio. Tres de esas propiedades aparecen bajo su nombre, pero ya no son suyas porque fueron parte de una división de bienes gananciales y pasaron a su exesposa, dijo el alcalde. No dijo si tiene propiedades a nombre de otras personas.
2. Aceptó que creó una corporación para comprar dos propiedades, tal y como habíamos revelado en la primera historia del 2 de diciembre. La corporación se llama McBridge LLC que compró dos propiedades al Banco Popular. No dijo si el Banco Popular adquirió esas dos propiedades en subastas o si fueron estorbos públicos cuando el banco las compró. Sólo dijo que él las compró al banco a través de esa corporación. Cuando se le preguntó si hacer esa corporación para adquirir bienes siendo alcalde, con información privilegiada sobre los desarrollos que vienen para el municipio estaba bien, Ortiz Velázquez respondió: “Eso moral y es legal”.
3. Aceptó a preguntas nuestras que el vecino o colindante de esas propiedades que compró a través de la corporación McBridge LLC es Ricardo Alvarado, dueño de Macat, que es uno de los principales contratistas del Municipio de Cayey. Se le preguntó si el contratista y él como alcalde tenían información privilegiada sabiendo de antemano los planes de desarrollo para esa zona, y si por eso estaban comprando propiedades. Ortiz Velázquez dijo que “todo es legal”.
4. Aceptó que le compró una propiedad al representante PPD Conny Varela y a su hermano Pepe, dueños de la empresa Pecony, confirmando así lo que revelamos en el artículo del martes, 6 de diciembre. Dicha propiedad queda justo al lado de la propiedad de P.C.D.M. Associates SE, tasada en $80,000 y el alcalde pagó $230,000 según se constató en los documentos del CRIM.
5. Aceptó que la propiedad del frente a esa que era de Pecony, que era del municipio, el propio municipio la demolió para hacer un estacionamiento que le da rentabilidad la propiedad que el alcalde acaba de adquirir. A preguntas sobre esto, Ortiz Velázquez dijo que quiere convertir el centro de Cayey en una ciudad caminable y que necesitan entre 300 a 500 estacionamientos nuevos.
6. Reconoció que el municipio está endosando que se vuelva a activar el proceso para construir un centro comercial en el barrio las Vegas, que es una zona de suelos protegidos, agrícolas y con yacimientos arqueológicos, Hay una férrea oposición de las comunidades al proyecto. Para hacer esto, el alcalde reconoció que el municipio es el proponente de un conector en la zona, tal y como detallamos en un artículo el miércoles, 7 de diciembre.
7. El alcalde Ortiz Velázquez negó que tenga relación alguna o conocimiento de una serie de violaciones ambientales cometidas por la empresa del convicto Oscar Santamaría, Waste Collection, en el municipio de Cidra y que afectan a Cayey. Esto, a pesar de que la investigación y documentos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) dicen lo contrario, según un artículo publicado el jueves, 9 de diciembre.
8. Por último, y en una verdadera controversia, el alcalde reconoció en la rueda de prensa que, con fondos públicos del municipio de Cayey, tiró los caminos en concreto en una finca que poseía en el barrio Carite en Guayama. Es decir, usó el dinero de su municipio para construir en otro. Lo que es peor, subió el valor de su propiedad privada, mejorada con fondos públicos, para luego venderla. ¿Es esto legal?
En el año 2018 varios periódicos locales publicaron un estudio que dio a conocer el Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, tras analizar los datos de los salarios de los alcaldes y alcaldesas de los municipio. Según ese estudio, el alcalde de Cayey es el segundo con el salario más alto en Puerto Rico, de más de $120,000 al año. (Lo superaba entonces la exalcaldesa de San Juan, Carmen “Yulín” Cruz, con $124,000). Es decir, Ortiz Velázquez gana más que el gobernador Pedro Pierluisi, cuyo salario oficial es de $75,000.
Con un salario de $120,000 se puede inferir que el alcalde de Cayey puede tener al menos ocho propiedades de las que paga hipotecas, según dijo en la rueda de prensa. ¿Eso lo hace terrateniente? ¿O lo hace habilidoso en bienes raíces? Como alcalde tiene información privilegiada sobre qué zonas tendrán más o menor valor y por eso las va adquiriendo, una a una. ¿Cuántos otros alcaldes estarán en las mismas?
Ser terrateniente siempre se asocia a una élite o la aristocracia con poder político, social y/o militar. En la Edad Media, cuando el señor feudal era en dueño de la tierra, las personas eran casi sus esclavos. Ese latifundista les dejaba vivir en sus terrenos o les daba protección a cambio de que le pagaran con lo que producían en la agricultura. Habría que preguntarse si los terratenientes modernos hacen lo mismo. ¿Será que exigen el voto a cambio de protección y beneficios? ¿Y qué pasa con el que no lo acepta? ¿Son ahora los municipios en Puerto Rico los nuevos latifundios, y los alcaldes y alcaldesas sus hacendados?
La historia dice que el sistema feudal desapareció a partir de la Revolución Industrial, cuando la situación de privilegio de los latifundistas comenzó a cambiar por ser déspotas con la gente. Eso provocó rebeliones violentas y desórdenes, que fueron cambiando el rumbo de la historia global hasta llegar al sistema que tenemos ahora que, en algunas partes del mundo como en China, es el comunismo, y en otras el capitalismo feroz como el de Estados Unidos. Entremedio de todo eso, siempre persisten elementos del pasado. Me temo que, en Puerto Rico, eso es lo que pasa.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
