Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan– La intención del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, para que la legislatura le conceda el poder de adjudicar la cuantía de una reclamación fue rechazada de manera contundente por las aseguradoras del país, según reveló la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), licenciada Iraelia Pernas.
Pernas sostuvo que la pretensión de Adams Vega de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pueda adjudicar el monto de una reclamación durante la evaluación de una controversia que involucra diferencias sobre la cantidad de dinero que debe pagar un asegurador, “es incompatible con su función como regulador de una industria”.
“El Comisionado de Seguros no puede asumir una postura en controversias concretas adjudicando derechos de las partes cuando, a su vez, es el regulador. O sea que se convertiría en juez y parte”, sostuvo la licenciada Pernas.
Agregó que sus expresiones constituyen la posición oficial de ACODESE, la cual se obtuvo luego de un proceso de consulta con los presidentes de las aseguradoras que integran el organismo.
La posición de ACODESE fue en reacción a la solicitud de Adams Vega en la Cámara de Representantes “para que se nos otorgue esa facultad y tengamos mayores poderes para determinar el monto a pagar en una reclamación”.
Alegadamente, el Comisionado de Seguros entiende que el proceso de acordar el monto de una reclamación ganaría rapidez si la Legislatura le concede a la OCS el poder de intervenir y ajustar reclamaciones.
La información fue publicada por el periódico El Vocero en su edición de ayer 20 de septiembre.
La noticia cita a Adams Vega indicando que “deberíamos tener esa facultad en ley para si hay una controversia entre la cantidad de dinero, tengamos la oportunidad de evaluar esa reclamación y determinar la cantidad que corresponde”.
Asegurados van a tribunales
La noticia sostiene que el funcionario fundamentó su propuesta en que el hecho de que los asegurados acuden a los tribunales para obligar a las aseguradoras a pagar su reclamación, a pesar de que la OCS es la agencia con el peritaje en el tema de seguros en el gobierno.
Según la noticia, el funcionario favoreció que la OCS pueda contratar ajustadores profesionales, quienes tendrían la responsabilidad de evaluar los reclamos y determinar el monto a pagar.
Las expresiones de Adams Vega generaron desde temprano en la mañana una ola de oposición entre los principales ejecutivos de la industria local de seguros que concluyó con las expresiones de la licenciada Pernas.
“Si lo que se quiere es agilizar el trámite de una reclamación, pues ya existe el mecanismo de “appraisal”(negociación y arbitraje) que atiende el asunto de una forma que respeta los derechos de las dos partes. Y se podría contemplar la idea de reforzar la rama judicial con peritos que ayuden a los jueces a llegar a unas determinaciones, pero siempre dentro de un marco en el debido proceso de ley, pero sin ponerlo a él (al Comisionado de Seguros) en esa función. Nos parece que no es una buena idea”, explicó Pernas.
Sin precedente el poder que reclama Adams Vega
Incluso, la directora ejecutiva de ACODESE sostuvo que existe la posibilidad de que el poder que reclama Adams Vega no tenga precedente en la estructura legal y reglamentaria de todos los comisionados de seguros en los Estados Unidos.
“Entendemos que no existe un precedente en ese sentido. No hemos hecho el estudio, pero esa no es una práctica normal en los comisionados de seguros”, dijo Pernas.
“Él (el Comisionado de Seguros) puede determinar si yo como asegurador atendí o no atendí una reclamación, si no lo hice dentro del término que dice el Código (de Seguros), si había justa causa o no para que yo me demoré …hasta ahí. Pero meterse a decir que son $15 millones y no $7 millones, ¡eso no lo puede hacer! Ahora no lo puede hacer, por eso sugiere enmendar el Código de Seguros. Si se propusiera enmendar la ley nos opondremos porque entendemos que es una mala legislación. Sería funesto que fuere juez y parte”, dijo Pernas.
La directora ejecutiva de ACODESE indicó que existe la posibilidad de que la propuesta de Adams Vega sea su respuesta a la presión ejercida contra la OCS por determinados sectores de la opinión pública, que exigen la resolución de las reclamaciones causadas por el huracán María.
Actualmente quedan 1,800 reclamaciones activas de un universo de 303,249 reclamaciones generadas por el huracán María. De estas unas 1,400 se dilucidan en pleitos legales en los tribunales y el monto restante se encuentra en la Asociación de Garantía (AG) como resultado de la insolvencia de las aseguradoras Integrand y Real Legacy.
OCS atiende querellas de municipios y agencias
La AG tiene la obligación de pagar esas reclamaciones, según el caudal de dinero que logre agrupar la OCS durante el proceso de venta de activos de ambas aseguradoras. La AG puede, además, ordenar una derrama entre las aseguradoras del país, la cual es pagada por los asegurados en las primas de sus pólizas de seguro.
En la noticia de El Vocero, Adams Vega también señaló que la OCS está atendiendo querellas radicadas por alcaldes y agencias del gobierno, relacionadas con el impago de reclamaciones causadas por el huracán María. “La industria de seguros no tiene problemas con eso siempre que sea dentro del marco legal. Pero si hay una controversia genuina en los tribunales, ahí él no tiene jurisdicción”, señaló.
Pernas comentó que la propuesta de Adams Vega también surge en momentos cuando debe existir preocupación entre los asegurados cuyas propiedades sufrieron daños por el huracán Fiona.
“La recomendación de ACODESE es que los asegurados documenten bien sus reclamaciones y las aseguradoras estén listas para responder. La responsabilidad de probar el daño recae en el asegurado. Las aseguradoras están más preparadas, pero eso no significa que el asegurado no debe probar sus daños”, dijo Pernas.
Ha trascendido que la OCS emitirá una carta normativa que le exigirá a las aseguradoras que atiendan con prioridad a las reclamaciones generadas por el huracán Fiona y presentadas por municipios, hospitales, instalaciones de salud y agencias del gobierno.
Otra carta normativa iría dirigida a suspender de manera temporal los requisitos de referidos y preautorizaciones en las aseguradoras de salud. Además, la OCS se propone aprobar un periodo de gracia de hasta 30 días para que los asegurados paguen sus primas en todo tipo de pólizas de seguro.
