Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan – Un año y nueve meses después de que la administración de Pedro Pierluisi asumiera el control del gobierno, la bandeja de alimentos que diariamente se sirve a los estudiantes de las escuelas públicas no contiene productos agrícolas del país.
La falta de productos del país en la bandeja responde a que el Departamento de Agricultura no ha podido cumplir con los requisitos del programa de Comedores Escolares que administra el Departamento de Educación.
La insólita situación amenaza con desplomar la agricultura del país «en menos de cinco años», según denunció el empresario Cesar Borges, propietario de Ganaderos Borges, una de las principales empresas productoras de carne del país.
Borges sostuvo que el programa de Comedores Escolares representa la única fuente de ingresos de los agricultores locales que compensa la pérdida de mercado causada por la importación de productos agrícolas. El empresario expresó preocupación por la incapacidad del DA para firmar el acuerdo con el Departamento de Educación que permitirá que los productos agrícolas del país figuren en la bandeja del programa de Comedores Escolares.
“Si esto sigue así a la agricultura le quedan cinco años de vida. Y esto afecta a todo: carne, chinas, melones, calabaza, vegetales, ñame, guineos, plátanos. Comedores Escolares es la manera de los agricultores luchar contra las importaciones. Si no hay acuerdo con Comedores Escolares no hay mercado para los agricultores”, dijo Borges.
El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, ha reconocido las dificultades que han enfrentado los funcionarios de su administración para lograr un acuerdo que permita la entrada de los productos agrícolas frescos a la bandeja de los comedores escolares.
El pasado mes de junio en una vista de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, el Secretario reconoció que, con excepción de la leche, no existen aún alimentos del país en la bandeja de los comedores escolares. El funcionario atribuyó la situación a los numerosos problemas confrontados con el cumplimiento de los requisitos para las subastas y responsabilizó a la Administración de Servicios Generales (ASG).
Incluso, el secretario dijo que se tuvo que celebrar una nueva ronda de subastas pues los agricultores no pudieron cumplir con las cantidades acordadas en una primera subasta. No obstante, la ASG ha sostenido que los percances obedecen a incumplimientos del DA con los requisitos de la subasta.
Comedores Escolares como protección contra importaciones
Borges destacó que para los productores de carne de res y cerdo la venta a Comedores Escolares es sumamente importante debido a la fuerte competencia que representa la carne importada de Centroamérica, especialmente de Nicaragua.
“Lo que no podemos vender a los supermercados, lo podemos mercadear por Comedores Escolares”, explicó el agricultor y empresario, quien es dueño del macelo de Naguabo. Incluso, Borges dijo que la entrada de la carne del país a determinadas cadenas de supermercados depende de que esas empresas logren vender la carne importada en un término de tiempo que se puede extender en hasta tres meses.
Borges hizo los planteamientos mientras participaba como espectador en la Primera Cumbre de Alcaldes de Centroamérica y del Caribe (ADECC) que se celebró durante los pasados días 6 y 7 de septiembre en las instalaciones de la Asociación de Industriales en San Juan. La actividad contó con la presencia de más de 140 alcaldes centroamericanos y de Honduras, así como la participación del vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla.
Exportar carne a Estados Unidos
Durante la cumbre se discutieron los diversos requisitos de cumplimiento que exige el gobierno federal para la entrada de alimentos agrícolas importados y para la introducción a la isla de trabajadores migrantes de Centroamérica.
También se discutió una iniciativa que contempla trasladar a la isla cerca de 4,000 cabezas de ganado cada mes con el fin de sacrificarlas en la isla y exportar su carne a los Estados Unidos para el consumo de las comunidades judías y musulmanas.
Jorge Barlevy, quien figura como portavoz de la iniciativa, dijo que en Puerto Rico la carne procesada recibiría la certificación del gobierno federal que es necesaria para venderla en Estados Unidos. Explicó que los animales serán criados según los preceptos de la religión judía conocidos como “kósher” y según las normas alimenticias para los adeptos de la religión musulmana que se conocen como “halal”.
Barlevy dijo que el proyecto pretende crear un ciclo de producción que comenzaría con la crianza de ganado en Centroamérica, que luego sería trasladado mensualmente a Puerto Rico.
En la isla los animales pasarían una temporada en granjas locales antes de que sean sacrificados en el macelo de Naguabo porque posee todo el equipo y la infraestructura técnica para procesar carne vacuna y ovina, según los preceptos “kósher”.
Barlevy dijo que a largo plazo la iniciativa busca que el ganado sea criado totalmente en la isla, lo que puede convertir al país en un fuerte competidor en el mercado de carne para exportación y en especial para consumo de las comunidades judías y musulmanas en los Estados Unidos.
La iniciativa fue respaldada por el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores, quien promovió el cuatrienio pasado la creación del Centro de Investigación de Reproducción Animal Tropical en la Estación Experimental Agrícola en Gurabo. El laboratorio tiene la encomienda de mejorar la genética del ganado para que resista las condiciones climáticas del Caribe.
Flores Ortega, quien participó en calidad de conferenciante, también respaldó que el macelo de Naguabo fuera certificado para cumplir con los preceptos “kósher”.
Necesaria la cuarentena
En la actividad el ex secretario dijo a los miembros de la ADECC que para importar ganado vivo a la isla el gobierno federal exige colocar a los animales en cuarentena para evitar la introducción de enfermedades. Sostuvo que es necesario establecer en algún punto en la isla una zona de cuarentena para aislar el ganado importado. Pero advirtió que esa instalación actualmente no existe, lo cual requiere la aprobación del gobierno federal.
Además, ese tipo de instalación tiene un costo de construcción y de operación, lo cual requiere identificar el origen de los fondos. Otro aspecto tratado por el exsecretario es que el gobierno federal y local exige a los productos agrícolas importados cumplir con una serie de medidas de inocuidad para asegurar que esos alimentos no representen un riesgo para la salud de los consumidores.
“Cuando Estados Unidos estableció el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica, el gobierno de Honduras no dijo a sus agricultores que debían cumplir con una serie de exigencias a los productos importados y a los trabajadores migrantes. Y esa falta de conocimiento es lo que hemos visto aquí hoy”, dijo Flores Ortega.
Ausente el Departamento de Agricultura
Por su parte, Borges dijo que la ADECC intentará conseguir el apoyo del gobierno federal y local para que la zona de cuarentena sea ubicada en el lugar de origen del ganado.
El vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, exhortó a los alcaldes, la mayoría de los cuales son agricultores activos y duelos de empresas agrícolas, a establecer acuerdos para cumplir con las exigencias del gobierno federal.
De hecho, durante el periodo para presentar interrogantes salieron a flote las diferencias políticas de los alcaldes. Nasralla es el vicepresidente de una administración de gobierno de izquierda cuya presidenta es Xiomara Castro, quien es la esposa del ex presidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009 por un golpe de estado encabezado por militares y miembros del sector civil y empresarial de ese país.
Antes de la actividad Nasralla se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi, quien ofreció todo el apoyo de su gobierno para alcanzar los objetivos de la ADECC.
“Puerto Rico está en disposición, igual que Estados Unidos, a apoyarnos para traer gente como para traer tecnología, ¡Todos los gobiernos quieren ayudarnos, lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo!”, dijo Nasralla a los alcaldes, quienes en varias ocasiones señalaron que sus empresas pueden hacer cumplir la meta de seguridad alimentaria en Puerto Rico.
La actividad careció de una representación del Departamento de Agricultura. De hecho, González Beiró no apoyó una medida que pretendía establecer la seguridad alimentaria como política pública, la cual fue vetada por Pierluisi.
