San Juan, 2 de septiembre (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció ayer, jueves, que presentó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi ante el tribunal federal con el objetivo de anular la reforma laboral implementada en la isla.
El pulso entre el Ejecutivo y la JSF, que es el ente creado por el Congreso de Estados Unidos para controlar la política económica de la isla y reestructurar su multimillonaria deuda pública, llega así a los tribunales.
La Ley 41-2022, rechazada desde el inicio por el ente fiscal, disminuye el periodo probatorio, estipula que se restablezcan las protecciones contra el despido injustificado y aumenta la acumulación de licencia por vacaciones, entre otros asuntos.
Según el comunicado publicado por la JSF, dicha ley añade requisitos a la legislación laboral que «afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico».
Un análisis económico realizado por el ente fiscal concluyó que la reforma laboral conllevaría «menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Estado Libre Asociado».
«Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso», dijo David Skeel, presidente de la JSF.
Skeel agregó que «Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer» y que la reforma laboral «descarrilará el camino hacia la recuperación».
La nota del ente fiscal denunció que el Gobierno de la isla promulgó una ley que afecta a todos los empresarios privados «sin sopesar plenamente su efecto».
«Esta práctica de aprobar leyes sin tener en cuenta ni comprender las consecuencias económicas es parte de lo que causó la crisis fiscal de Puerto Rico y su eventual quiebra», recordó.
En enero pasado, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80% de la deuda del Gobierno central de Puerto Rico, que quedó reducida de 33,000 millones de dólares a 7,300 millones.
La demanda anunciada ayer fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, después de que hace unos días la JSF diera un ultimátum al Gobierno.
También el pasado julio, el ente fiscal ordenó la suspensión de la ley de la reforma laboral de Puerto Rico, pero el gobernador Pierluisi aseguró que la medida se mantenía en vigor.
