Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua.com
San Juan- La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Anaís Rodríguez designó al licenciado Luis González Ortiz como el oficial examinador que atenderá la vista administrativa, hoy a las 1:00 pm en la oficina central de la agencia, sobre el caso del arenero ilegal que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) estableció en el barrio Domingo Ruiz, en Arecibo, en lugar de dragar el embalse del Superacueducto como estipulaba el contrato que firmó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El licenciado González Ortiz, es socio del bufete de abogados González-Ortíz Law Offices, P.S.C, con oficina en la zona bancaria de Hato Rey.
La firma González-Ortíz tiene más de 20 contratos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico desde septiembre del 2009 al 19 de julio del 2022.
La remuneración de los contratos -la mayoría de ellos con el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental (JCA), así como contratos con la Universidad de Puerto Rico, la Administración de Rehabilitación Vocacional y la Autoridad para el Centro de Convenciones- registrados a nombre de la firma González Ortíz totalizan $1,593,844.
El DRNA contrató al licenciado González Ortíz por la cantidad de $69,120 el pasado martes 19 de julio, para actuar como oficial examinador del caso del arenero ilegal que estableció CIC en Arecibo. La copia del contrato, que aún no ha sido publicada en el portal digital de la Oficina del Contralor y que fue solicitada por esta pesquisa periodística, vence el 30 de julio del 2023.
Asimismo, la firma del licenciado González-Ortiz tiene 16 contratos con el DRNA, JCA y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) -dos agencias que pasaron bajo la tutela del DRNA- que totalizan $793,844.
Las fuentes de EyBoricua.com informaron que tanto la secretaria interina, licenciada Anaís Rodríguez, como el director de la oficina legal de la agencia, licenciado Hiram Zayas, decidieron contratar a González Ortíz en lugar de designar a un empleado de carrera del DRNA, como pudo haber sido, por ejemplo, la licenciada María Vega Ortega, quien es la oficial examinadora de mayor experiencia en la agencia con más de 20 años acumulados.
De igual forma, las fuentes consignaron que la firma González-Ortiz comenzó a ser contratada con más frecuencia en el DRNA y la JCA durante la incumbencia del exsecretario licenciado Rafael Machargo.
UN MES DE PESQUISAS PERIODÍSTICAS
La vista de hoy ocurre un mes después de que la serie investigativa Cantera de Corrupción, en colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, revelara cómo CIC fue contratada por la AAA para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona protegida del karso que operaba mediante pagos en efectivo.
En el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago operaba una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes solo habla de dragado y remoción de sedimentos crudos del embalse. Asimismo, la documentación relacionada a este caso consignó varias violaciones de leyes ambientales en las jurisdicciones local y federal.
Dos días después de reveladas las primeras entregas de la pesquisa periodística, el DRNA emitió una orden de cese y desista contra CIC. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso.
Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.
“Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.
La segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisología y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir las posibles violaciones ambientales y el negocio viabilizado con un contrato gubernamental.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), región 2, anunció el 27 de junio que está investigando la operación que CIC estableció en la zona protegida del karso.
“La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo Carmen Guerrero, Directora División de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com y Bonita Radio.
Por su parte, el DRNA emplazó el 30 de junio con una orden de cese y desista a Carlos Rodríguez Camacho, presidente de CIC, quien estaba a cargo de la operación del arenero ilegal que funcionaba mediante pagos en efectivo y que la empresa instaló en la zona protegida del karso sin permisos.
La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funcionaba la cantera que opera CIC.
