San Juan (EFE) – Miles de puertorriqueños marcharon este miércoles para exigir al Ejecutivo que cancele el contrato con la empresa LUMA Energy, a causa de las subidas en la factura de la luz y los apagones, y para criticar el veto del gobernador a un proyecto relacionado con el sector.
Los manifestantes enarbolaron pancartas con mensajes como «Pal’ carajo Luma» o «Luma pillos» durante la marcha, que arrancó en el Capitolio, sede del Legislativo, y culminó en La Fortaleza, sede del Gobierno.
Varios legisladores de los opositores Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño, así como alcaldes, se unieron a las protestas.
El descontento es amplio contra LUMA, la empresa privada que tomó hace un año las riendas de la transmisión y distribución de la electricidad, función que antes ejercía la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En ese periodo, la factura de la luz se ha incrementado en siete ocasiones y han ocurrido diversas averías en subestaciones y plantas que han causado apagones, uno de ellos de varios días de duración en abril pasado que afectó a toda la isla.
La marcha tuvo lugar justo un día después de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, vetara un proyecto de la Cámara de Representantes que proponía recortar en un 75% la deuda de la AEE.
Esa medida estipulaba fijar como tope una tarifa nunca mayor a los 20 centavos el kilovatio hora como una de la condiciones para la reestructuración de la deuda, que asciende a $9,000 millones con los bonistas..
Pierluisi justificó en una carta a la Asamblea Legislativa que la medida es contraria al ordenamiento jurídico vigente e incompatible con la ley federal Promesa y con el Plan Fiscal certificado.
Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego -principal sindicato de la AEE- dijo ante los manifestantes que junto a otros sindicatos han preparado un proyecto para atender la deuda de la AEE.
En ese proyecto incluye varios pilares, entre ellos, no más aumentos para pagar deudas ilegítimas, garantizar las pensiones futuras de los funcionarios e impulsar la transición hacia fuentes de energía renovable.
«Estamos aquí, vivos, activos y listos para luchar para continuar dando servicio a nuestro pueblo», afirmó el líder sindical.
Mientras tanto, varios legisladores advirtieron que plantean pasar por encima del veto del gobernador, según dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, del Partido Popular Democrático.
Hernández justificó que la medida se aprobó abrumadoramente en los dos cuerpos, aunque para ir por encima del veto necesitarían cuatro votos de legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
