Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua.com
San Juan – El caso de la venta de un parque en Condado es el tercero en 32 días en el que de pesquisas periodísticas surgen funcionarios públicos de la alta gerencia de agencias públicas que actúan junto a proponentes privados para alienar bienes de dominio público, basando sus determinaciones en el Reglamento Conjunto 2020, el cual ya había sido declarado nulo por los tribunales de Puerto Rico.
El primero fue el caso del expresidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Moisés Sánchez Loperena, quien se apropió de más de 30 pies de playa en Joyuda, Cabo Rojo, construyó sin contar con los permisos requeridos y con una concesión de uso de la zona marítimo terrestre muy cuestionable, firmada por el entonces exsecretario del DRNA Licenciado Rafael Machargo.
Y el segundo caso es parte de la serie investigativa Cantera de Corrupción, una colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, que reveló hace dos semanas cómo un contrato entre la empresa Caribbean Island Construction (CIC) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para las labores de dragado del embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago, en Arecibo, viabilizó la operación de un arenero ilegal que funcionaba mediante pagos en efectivo, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes solo habla de dragado y remoción de sedimentos crudos del lugar.
Dos días luego que fuera publicada la pesquisa periodística de EyBoricua.com y Bonita Radio, el DRNA ordenó paralizar el arenero ilegal que operaba CIC en un sector del barrio Domingo Ruiz.
La orden de cese y desista de la agencia le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera y el uso de aguas que la empresa llevaba a cabo en la zona de protección especial del karso.
Asimismo, hace una semana la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) informó que investiga y que coordinará con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para completar su pesquisa conjunta.
En este caso de Krug Property LLC y el DTOP, el contrato no está firmado por la titular de la agencia, Ingeniera Eileen Vélez Vega, sino por Luis Rafael González, secretario auxiliar para administración y recursos humanos, una situación muy similar a la relación contractual que establecieron CIC y la AAA, que no aparece rubricada y firmada por la presidenta de la corporación, Ingeniera Doriel Pagán, sino por dos funcionarios de la gerencia intermedia de la agencia, Ingeniero Luis Acín Díaz, de Compras y Logística y Deises Soler Pérez, hoy Directora Auxiliar de Presupuesto.
El Ingeniero Acín Díaz no figura en los listados de empleados de la agencia en este momento.
En los tres casos aquí reseñados se utilizó el Reglamento Conjunto 2020 para justificar los proyectos propuestos. Ese Reglamento Conjunto fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo no atendió un caso incoado por los dueños del Condominio Sol y Playa en sus méritos, por lo que prevaleció la decisión de nulidad del foro intermedio.
Incluso, el 7 de marzo de 2022 la Junta de Planificación (JP) anunció que había iniciado el proceso que debería culminar en la elaboración de un nuevo Reglamento Conjunto que sustituyera al del 2020, y para tales fines informó que había reunido a cerca de treinta jefes de agencias con los que coordinaría una serie de consultas para elaborar el borrador de lo que sería el nuevo Reglamento Conjunto 2022, según informó el presidente de la Junta, Julio Lassús Ruiz, en un reportaje de Noticel.
DTOP DICE QUE ENTREGARÁ INFORMACIÓN
Por su parte, el DTOP emitió las siguientes declaraciones el pasado 3 de julio.
“En cuanto a la venta de la parcela ubicada en la Avenida Ashford de Condado, la información que hemos recopilado preliminarmente es que la misma se inició en el 2019 y los procesos subsiguientes se dieron de acuerdo con la ley. A tono con esa información he solicitado que de inmediato se lleve a cabo una revisión completa del expediente y se me someta un informe a no más tardar del martes en la tarde”, informó la Ingeniera Eileen Vélez Vega mediante una comunicación oficial enviada a los medios de comunicación.
Finalmente, EyBoricua.com estableció comunicación con la señora Dariana Arroyo, asistente del señor Jim Taubenlfeld, uno de los empresarios proponentes de Punta Krug y quien funge como presidente y principal oficial ejecutivo de las tiendas Me Salvé.
La señora Arroyo pidió el número de celular de este reportero y dijo que se comunicaría con la redacción de EyBoricua.com si quisieran ofrecer alguna información para el récord. Sin embargo, al momento de publicar este reportaje no recibimos una llamada de parte de las personas concernidas.
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