Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo
EyBoricua.com y Bonita Radio
La operación de Caribbean Island Construction (CIC) de una cantera en la zona especial del karso desde enero de 2022 se alega que produce violaciones de por lo menos ocho leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos.
La pesquisa revelada esta semana por EyBoricua.com y Bonita Radio descubrió que en el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago hay una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena que opera mediante pagos en efectivo.
Según la documentación oficial del caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) analizada por esta pesquisa, algunas de las violaciones de ley que se le podrían imputar a CIC incluyen leyes ambientales de Puerto Rico que regulan la extracción de grava y piedra; para proteger la integridad de la zona protegida del karso; para conservar, desarrollar y usar recursos de agua; para proteger la vida silvestre y los bosques de Puerto Rico y de control de inundaciones.
Asimismo, pueden haber incurrido en violaciones a leyes ambientales federales debido a la construcción de charcas de retención y uso de aguas, no contar con control de escorrentías para que las aguas de los caminos y los cunetones no lleguen al Río Grande de Arecibo, así como descargar material de relleno y aguas usadas al cuerpo de agua.
Todas estas imputaciones aparecen mencionadas en los informes técnicos de los biólogos Farel Velázquez, oficial de manejo del refugio de vida silvestre, embalse Guajataca, experto en especies acuáticas y Ramón Rivera, líder de la división de ecología terrestre del DRNA.
El informe de Rivera, fechado 10 de mayo, es el más detallado hasta el momento en poder de esta pesquisa. El documento constata que durante la inspección que el biólogo hizo junto a la geóloga Ruth Vélez y los investigadores del caso, pudo observar posibles violaciones a las mencionadas leyes y a la que prohíbe alterar un hábitat natural y otras que regulan la integridad de las especies en peligro de extinción como la palma de corozo y el árbol de maga. Esta inspección fue el 27 de abril.
“Entendemos que los actos de remover material de la corteza terrestre y vegetación sin los debidos permisos redundan en violaciones a la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley de Bosques y las condiciones del permiso emitido por OGPe. Recomendamos que la Oficina de Asuntos Legales proceda a redactar y presentar querella contra la AAA y Caribbean Island Contractors LLC [sic] como infractores de las leyes y reglamentos que administra el DRNA. De igual manera, sugerimos presentar ante el Tribunal a nombre del DRNA acción para impedir, prohibir o evitar cualquier más violación a las leyes y reglamentos”, concluye el biólogo, quien detalla también posibles violaciones al permiso y multas que podría enfrentar CIC por supuestas violaciones a la Ley de Bosques.
De otra parte, el informe del biólogo Velázquez constata que durante su inspección, el 22 de abril, notó que “no había control, identificación o censo de las especies acuáticas nativas o endémicas que en el Río Grande de Arecibo abundan”.
“Es un área extensa y un proyecto ambicioso donde el impacto no se limita únicamente al dragado, sino que se extiende al área protegida del carso y hábitat de las especies nativas, como la boa puertorriqueña, entre otros”, añade Velázquez.
Además, el experto advierte en su informe que en el Río Grande de Arecibo se ha registrado la presencia de un total de 27 especies acuáticas, incluyendo a siete nativas de agua dulce, 13 especies nativas de estuario y siete especies exóticas.
“No se ha presentado ningún protocolo o proceso para mitigar el impacto del dragado al ecosistema acuático. Este tipo de trabajo afecta dramáticamente, los parámetros de calidad de agua en el entorno. Se ha documentado que este tipo de trabajo sin los controles adecuados eleva los niveles de sólidos suspendidos en el agua, deteriora el oxígeno disuelto en el agua y aumenta las concentraciones de metales pesados”, argumenta el experto en especies acuáticas, quien sustenta su informe citando estudios científicos, leyes y planes del DRNA y documentación oficial sobre las actividades que regulan las leyes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
“Entendemos que este tipo de proyecto establecen que es necesario el aval y recomendaciones de agencias estatales y federales. Hasta este momento (25 de mayo, cuando firma y entrega su informe) no se han presentado los puntos de vista de agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, entre otras”, concluye el biólogo.
Es importante recordar que el Río Grande de Arecibo está en la lista de los cuerpos de agua sobre los que el Cuerpo de Ingenieros ejerce su autoridad regulatoria, bajo la sección 10 del Rivers and Harbors Act y la sección 404 del Clean Water Act.
Hasta el momento, la única investigación formal contra las actividades de CIC es la que dirige el DRNA. Consta una querella radicada por la representante Mariana Nogales ante Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
En estos dos videos -grabados durante la primera semana de junio- se puede apreciar el impacto que reseñan los informes del DRNA.
