San Juan, 17 de mayo de 2022 (EFE) – El gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes la compra de 782 vehículos, valorados en más de 28 millones de dólares, para los negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Los vehículos serán destinados a los Negociados de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Cuerpo de Bomberos (NCBPR) y el Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM).
El primer ejecutivo detalló que ya están listos para entrega 353 vehículos para el NPPR, que se distribuirán entre las 13 regiones alrededor de la Isla, y otros 398 que se espera lleguen en las próximas semanas, para un total de 751 unidades a un costo de 23 millones.
Para el NCBPR, se adquirieron 10 camiones y una grúa, con un costo de 2,8 millones, mientras que el NCEM recibió 20 ambulancias que se obtuvieron por 2,4 millones.
«Hoy es otro día de resultados en el renglón de seguridad. Sigo sumamente comprometido con asegurar que todos los Negociados del Departamento de Seguridad Pública tengan los recursos necesarios para cumplir con su misión de proteger, rescatar y atender a nuestra gente», sostuvo Pierluisi.
El gobernador recordó que el año pasado se entregaron más de 240 vehículos al NPPR, alrededor de 20 unidades al NCBPR e igual cantidad de ambulancias al NCEM, con una inversión de más de 17 millones de dólares.
Por su parte, el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa, detalló que la compra global de unidades incluye 13 grúas tipo «flat bed»; 88 patrullas marca Dodge Charger rotuladas y 136 «Phantom»; 56 guaguas Dodge Durango; y 235 Toyota Corolla y 215 Toyota Rav 4 para la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), entre otros.
«La renovación de la flota nos ayudará a reforzar unas áreas de trabajo importantes (…) Estamos muy satisfechos con la actualización de la flota con vehículos equipados con la más moderna tecnología», señaló López Figueroa.
Además, el gobernador anunció, junto al comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, Manuel González Azcuy, la entrega de 5 millones de dólares en incentivos a los municipios que se han integrado al sistema estatal de llamadas de emergencia.
