Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (29 de marzo de 2022) – El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, exigió protección para un funcionario de confianza que ayudó a remozar la vivienda del narcotraficante Jaime Serrano Cardona, donde se celebró una actividad de recaudación de fondos para la campaña del gobernador Pedro Pierluisi, según reveló la ex directora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez.
La actividad, celebrada entre septiembre y octubre de 2020 en la residencia de Serrano Cardona, ubicada en la exclusiva urbanización Dorado Beach East en el pueblo de Dorado, fue determinante en la selección de González Beiró como miembro del gabinete de Pierluisi, debido a la jugosa aportación económica recaudada, según indicaron fuentes de EyBoricua.com.
De hecho, hasta el presente ni la Fortaleza ni González Beiró han negado o confirmado la celebración de la recaudación de fondos en la casa del narcotraficante Serrano Cardona, luego de que el pasado jueves 24 de marzo este medio lo revelara en un reportaje.
Rivera Martínez sostuvo que, luego de que González Beiró la designó al puesto de directora ejecutiva de la AT al inicio del 2021, le solicitó que no cambiará de posición a Pedro Rodríguez Bayón, quien ocupaba una plaza de confianza como ayudante especial a cargo de servicios generales en la AT, porque había cortado la grama en la casa del narcotraficante durante los preparativos de la actividad de recaudación de fondos para la campaña política de Pierluisi.
“No me toques a Pedrito, que él pasó el ‘trimmer’ en la actividad en la casa de Jaime”, sostuvo Rivera Martínez que le ordenó González Beiró.
La ex directora ejecutiva de la AT, dijo que Rodríguez Bayón se ufanaba de haber pasado el ‘trimmer’ en la residencia Serrano Cardona. Agregó que el funcionario acostumbraba recibir y escoltar a Serrano Cardona cuando visitaba la AT.
Rivera Martínez reveló que Serrano Cardona logró un alto de rango de influencia en la AT durante el pasado cuatrienio, hasta el punto que Rodríguez Bayón llegó a expresar que “yo soy intocable en la AT porque soy amigo de Jaime”.
Niega vínculos con narcotraficante
En una breve entrevista con EyBoricua.com, Rodríguez Bayón negó los señalamientos de Rivera Martínez. El funcionario negó que hubiese cortado la grama en la residencia Serrano Cardona, previo a la actividad de recaudación de fondos.
“Negativo. Eso es falso”, dijo Rodríguez Bayón.
También negó que tuviera la costumbre de recibir y escoltar a Serrano Cardona durante sus visitas en la AT, pero aclaró que él procuraba “tratar bien a los agricultores”.
El 3 de abril de 2017, Serrano Cardona firmó un acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Federal de San Juan, luego de que fuera acusado por un Gran Jurado Federal de múltiples cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El acuerdo señala que Serrano Cardona se declaró culpable de dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero. El narcotraficante será sentenciado esta semana en el Tribunal Federal de San Juan, por el juez Daniel Domínguez.
Entre 2017 y el presente Serrano Cardona se ha dedicado a diversas actividades comerciales como la venta de piezas usadas de autos, venta de autos y la agricultura. La empresa Rosamar Dairy Inc, que preside Serrano Cardona, alquiló en agosto del 2019 la finca Jaime Juan en la AT, ubicada en barrio Sabana Hoyos de Arecibo, con el fin de sembrar y cosechar heno de calidad para venderlo como alimento de ganado.
En los pasados años el narcotraficante y el ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, quien también es un convicto federal, participaron en una empresa dedicada a la importación de ganado de reemplazo para la reventa en la isla.
Rivera Martínez, que dirigió el Comité de Transición de González Beiró tras su designación, y otros tres directivos de la AT fueron removidos de las posiciones de confianza en la AT de manera fulminante el 17 de febrero por la Junta de Gobierno. La determinación ocurrió en medio del escándalo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que es administrado por la AT.
Denuncia uso ilegal de maquinaria
Rivera Martínez denunció que a Serrano Cardona se le permitió la utilización de maquinaria del gobierno sin pagar un centavo, para trabajos en la finca Jaime Juan.
“Cuando entré de lleno en la AT, se me informó que en la finca Jaime Juan había un tractor marca Case, que se compró en el periodo de la ex secretaria Myrna Comas, para el que no existía un contrato de alquiler. Se supone que ese equipo no estuviera allí. Había rumores de que el pasado director era amigo de Serrano Cardona y lo favorecía”, dijo Rivera Méndez.
Indicó que se limitó a recuperar el equipo y devolverlo a las instalaciones de la AT en Dorado.
En reacción a la denuncia de Rivera Martínez, el exdirector de la AT el pasado cuatrienio, Juan Rodríguez Reyes, quien actualmente es el director ejecutivo de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA), señaló que “se realizaron los trámites como a todo agricultor. Y en cuanto al equipo, la división de operaciones de campo realiza siempre un contrato para alquiler de los equipos a todos los agricultores y él no fue la excepción, lo que alega su fuente es totalmente falso”.
Fondos públicos para Serrano Cardona
Del portal de contratos de la Oficina de Contralor se desprende que desde 2017 al presente la AT y el DA han concedido a Serrano Cardona ayudas, incentivos y préstamos por valor de $535,008.76.
El más reciente incentivo económico concedido al narcotraficante fue aprobado en ADEA, el pasado 15 de 2022, por Rodríguez Reyes y ascendió a $82,000. El incentivo aporta el 50% para la compra de tres equipos para la cosecha de heno, incluyendo un tractor equipado con acondicionador de aire.
El pasado cuatrienio la AT le aprobó incentivos y ayudas para equipo y la compra de ganado a Serrano Cardona por $216,758.76. Esa cantidad incluye un préstamo por $164,681.
Serrano Cardona también tuvo influencia en el Departamento de Agricultura (DA), donde se le aprobaron incentivos y ayudas por la cantidad de $236,250.
Sobre estas aprobaciones el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que el DA no tenía manera de conocer que Serrano Cardona era un narcotraficante, porque el certificado de buena conducta que expide el Negociado de la Policía, no refleja delitos o violaciones a leyes federales.
“Había rumores (de que Serrano Cardona era narcotraficante), pero en el gobierno no se acostumbra a tomar decisiones con rumores. La certificación de buena conducta decía otra cosa sobre él. Además, las operaciones agrícolas de Serrano Cardona fueron evaluadas favorablemente por los agrónomos del área”, dijo Flores Ortega.
Explicó que el pasado cuatrienio los directores regionales eran los que recomendaban la aprobación de incentivos a los agricultores, lo que resultó a favor de Serrano Cardona. “Ahora, el nuevo secretario cambió esa norma y las decisiones sobre incentivos las toman tres personas: el director de ADEA (Rodríguez Reyes), el subsecretario (Jorge Campos) y un ayudante especial (Robert Bradly)”, dijo Flores Ortega.
Leyes prohíben contratos a convictos
No obstante, la Ley 2 de 2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, y la Ley 428 del 2004, prohíben al gobierno adjudicar subastas o conceder contratos a una persona natural o jurídica que haya sido convicta de delito o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal.
A la luz de ambas leyes no era posible que Serrano Cardona pudiera recibir incentivos en el DA y muchos menos alquilar terrenos en la AT. Las leyes 2 y 428 mencionan los delitos a los que aplicaría la prohibición, e incluyen fraude y lavado de dinero, entre otros delitos.
Sobre este aspecto, EyBoricua.com cuestionó a González Beiró, sobre qué determinación se propone tomar luego de que se ha confirmado que Serrano Cardona se declaró culpable de delitos de narcotráfico en el tribunal federal. Hasta el momento el Secretario no ha respondido.
Rivera Martínez también denunció que en el DA existía una política de puertas abiertas a favor del narcotraficante, quien tenía libre acceso a la oficina del secretario, la que visitaba con marcada frecuencia. El narcotraficante, además, estuvo muy interesado en el banco de fincas de la AT, el que revisaba regularmente con fin de identificar predios adecuados para instalar plantas de generación eléctrica con paneles solares.
Según Rivera Martínez, Serrano Cardona fungía con ser una especie de “asesor” o “gestor” de determinadas empresas de energía que interesaban alquilar fincas en la AT para ubicar paneles solares.
Secretario favoreció el subarrendamiento
Pero Serrano Cardona pretendía que la AT aprobara el subarrendamiento de fincas agrícolas, una modalidad de contratación que está expresamente prohibida por la Ley 26 de 1941, mejor conocida como “Ley de Tierras de Puerto Rico”.
Serrano Cardona pretendía subarrendar la finca Walcott, que tiene 442 cuerdas y está ubicada en Arecibo, para establecer una planta de generación eléctrica con paneles solares, lo que fue rechazado por Rivera Martínez, debido a que ese tipo de acuerdo no es permitido en la ley de la AT.
Pero González Beiró avaló el subarrendamiento y se manifestó a su favor ante la Junta de Gobierno de la AT. La oposición de Rivera Martínez contribuyó a que los planes de Serrano Cardona no fueran certificados por la Junta de Gobierno de la AT.
“Él pensó (el secretario) que yo era un sello de goma y se dio cuenta de que no”, advirtió Rivera Martínez en una reciente entrevista con EyBoricua.com. La ex directora de la AT, quien en la actualidad ocupa una posición de ayudante especial en esa agencia, dijo que está convencida de que su oposición al subarrendamiento tuvo alguna relación con su despido.
Grupos ambientales exigen investigación
Durante el día de hoy una coalición de grupos ambientales solicitó a la legislatura que investigue las acciones de González Beiró, en relación al subarrendamiento de terrenos agrícolas para proyectos de energía renovable.
El reclamo del grupo, integrado también por entidades agrícolas, surgió a raíz de expresiones realizadas por Rivera Martínez.
Las organizaciones exigieron a la Legislatura que se realice la investigación para confirmar si González Beiró permitió la práctica denunciada. Según el grupo, el Negociado de Energía avaló 18 proyectos industriales de producción de energía renovable propuestos en terrenos de alto valor agrícola y ecológico.
Sostuvieron que la Ley del Plan de Uso de Terrenos del 2014 prohíbe que los suelos agrícolas sean usados para la producción de energía.
