Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (18 de marzo de 2022) – Un mes después de que trascendieran las irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que administra la Autoridad de Tierras (AT) y que involucra millones de dólares en fondos públicos asignados por legisladores a corporaciones sin fines de lucro sin control alguno, ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes se han radicado medidas para investigar el explosivo asunto.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho públicamente que realiza una investigación sobre el FMM, pero hasta el momento no ha presentado una medida para ordenar la investigación a fondo.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, encomendó una auditoría de los desembolsos del FMM efectuados en la AT a un bufete de abogados. Una decisión que fue objetada por la entonces directora ejecutiva de la AT, licenciada Dorally Rivera Martínez, quien sostuvo que la auditoría la debían realizar auditores especializados en auditorías de fondos públicos y no un bufete de abogados.
Tras su objeción, Rivera Martínez solicitó la intervención de la Oficina del Contralor y de la Oficina del Inspector General. Luego, la funcionaria fue removida de la dirección de la AT por la Junta de Gobierno de la agencia, a petición de González Beiró, que es el presidente del organismo.
Los comportamientos del presidente de la Cámara y del secretario de Agricultura, indican que ambos funcionarios desean mantener control de la pesquisa y rechazan una investigación independiente. Con respecto a Hernández Montañez, se desprende claramente su renuencia a respaldar una investigación a fondo del asunto con investigadores independientes y la celebración de vistas públicas.
El FMM se nutre del 0.1 % de la parte del IVU que pertenece a los municipios, lo que genera entre $18 y $20 millones anuales. La ley 173 del 2020 enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la AT. Esta división de la AT tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores.
Legisladores buscan evadir las subastas
De acuerdo con fuentes, un aspecto revelador del alcance controversial de una pesquisa a fondo sobre el manejo del FMM en la AT es que los legisladores han utilizado el mecanismo de asignar fondos en cantidades sustanciales a las corporaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras permanentes y la compra de otros bienes, con el objetivo de evitar los procesos de subasta que ordena la ley 73 de 2019, cuyo fin es centralizar la compra de bienes y la contratación de servicios en la Administración de Servicios Generales (ASG).
La ley 73 ordena a las agencias del Ejecutivo utilizar los servicios de subasta de la ASG, pero la Legislatura, los municipios y la Rama Judicial pueden hacerlo de forma voluntaria.
De hecho, quizás en anticipo al posible hallazgo de graves irregularidades en el manejo de las asignaciones que han avalado los legisladores y del uso de las corporaciones sin fines de lucro, el presidente de la Cámara radicó una medida, el Proyecto de la Cámara 427, que enmienda la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas para establecer que los fondos serán asignados a los municipios por medio de legislación y elimina la distribución proporcional entre los senadores y los representantes del dinero acumulado en el FMM cada mes, según lo ordenó la ley 173.
Pero el Proyecto 427 no toca los incisos de la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas, que disponen que los fondos del FMM se deben invertir en obras y mejoras permanentes. El octavo inciso indica que el 15% de los recursos se podrá utilizar en servicios directos a la ciudadanía y en los llamados “servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.
Es precisamente esa disposición la que ha sido interpretada por los legisladores como un aval para contratar las corporaciones sin fines de lucro y el uso de los fondos en la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario.
Además, la defectuosa redacción del octavo inciso impide determinar si el tope de 15 % para servicios directos a la ciudadanía se calculará de la totalidad de los fondos recaudados cada mes por el FMM o si se refiere al 15 % del monto que le toca a cada legislador.
De hecho, la imprecisa redacción del octavo inciso y la ausencia de reglamentación para atender la distribución de los fondos del FMM fue motivo de fuertes cuestionamientos entre los funcionarios de la AT y precipitó que Rivera Martínez reclamara un alto en los desembolsos del FMM, luego de detectar un “patrón” de asignaciones a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”.
La reveladora admisión surge de una carta enviada por Rivera Martínez el 17 de febrero, a los senadores y representantes, quienes se habían quejado por los atrasos en el desembolso de sus asignaciones del FMM. Ese día la funcionaria fue informada de su destitución, en una escueta misiva enviada por González Beiró.
Si el Proyecto 427 se convierte en ley, los municipios recibirán directamente las asignaciones de los legisladores, incluyendo aquellas destinadas a corporaciones sin fines de lucro. En esos casos, posiblemente, los municipios operarán como intermediarios.
Investigación a medias
La presunta investigación que realiza Hernández Montañez se ha limitado a solicitar a González Beiró que entregue información detallada sobre el manejo del FMM en la AT. El pasado martes anunció que solicitó a las corporaciones sin fines de lucro que recibieron asignaciones del FMM, que presenten un desglose sobre el uso de los fondos y el nombre del legislador que hizo cada asignación.
Pero nada impide que el presidente cameral y su personal examinen los contratos que contienen las asignaciones de fondos a las corporaciones sin fines de lucro tramitadas por los legisladores, las cuales son de acceso público en la página de la Oficina del Contralor.
Hasta el presente Hernández Montañez no ha indicado si ha hecho esa evaluación. Solo ha informado que solicitó a los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) que informen el dinero que han asignado. Solo los legisladores del PPD entregaron sus informes, dijo el presidente cameral.
La pasada semana González Beiró no pudo entregar el informe que le pidió Hernández Montañez, lo que había sido vaticinado por personas que conocen el PIR de la AT, debido a la complejidad que encara cuantificar la gran cantidad de asignaciones acumuladas y también por la falta de personal.
El desinterés en la Legislatura en investigar los desembolsos del FMM, acontece a pesar de que algunos legisladores han asignado cuantiosas cantidades de fondos públicos a determinadas corporaciones sin fines de lucro sin que se indique de manera detallada cuál será el uso de esos dineros. Incluso, en los contratos entre la AT y esas corporaciones no existen restricciones de gasto y otras limitaciones, como suele ocurrir con las asignaciones tradicionales de fondos públicos.
Además, algunas de esas corporaciones sin fines de lucro han experimentado una súbita conversión en sus certificados de incorporación para que, además, de ofrecer servicios a las comunidades de escasos recursos, también puedan ofrecer servicios de construcción.
Algunos de las enmiendas a los certificados de incorporación ocurrieron en el 2019 y en alguna de esas entidades efectuaron los cambios semanas antes del 30 de diciembre del 2020, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2619, radicado por el ex representante Antonio Soto, que se convirtió en la ley 173.
Esta ley enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM en serían depositados en el PIR de la AT. Este programa, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT.
La ley 173 también estableció que el 50 % de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50 % restante será distribuido entre los 40 distritos representativos.
Cambian los certificados de incorporación
El 6 de diciembre del 2020, 24 días antes de que Vázquez Garced firmara la ley 173, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc (CCSF), enmendó su certificado de incorporación para añadir “los sectores marginados” y agregar la organización de “eventos recreativos y deportivos”.
La CCSF es una corporación sin fines de lucro ubicada en Bayamón que es presidida por Heriberto Andújar. La entidad ofrece servicios de educación a la familia y a las comunidades.
Luego, el 10 de diciembre se efectuó una segunda enmienda para incluir que CCSF también se dedicaría “a la construcción en general” y desarrollar “proyectos infraestructura agrícola”.
En un desglose obtenido en el sitio de internet de la Oficina del Contralor, CCSF ha obtenido $5.5 millones desde 2021 hasta 2022 en asignaciones del FMM. El 14 de junio del 2021 recibió una asignación de $1.1 millón para realizar obras permanentes en la quebrada Margarita, ubicada en el pueblo de Guaynabo y que discurre desde la zona rural de Guaynabo, pasa por la urbanización Torrimar hasta el área de la avenida Roosevelt, cerca del centro comercial San Patricio Plaza.
El noticiario Teleonce reveló que, José M Huertas Torres, fue, alegadamente, empleado del ex representante Soto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se elaboró el Proyecto 2619. Tras el cambio de gobierno en el 2021, Huertas Torres fue contratado en la AT para que ayudara en los trámites del PIR con las asignaciones del FMM. El noticiario también reveló que Huertas Torres, alegadamente, ocupaba un cargo directivo en la CCSF.
Huertas Torres no es el único exfuncionario de la pasada Legislatura contratado por la AT. También fue contratada Bernice Nieto, que laboró en la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y Ramón Santiago, que trabajó con el representante Víctor Parés.
De acuerdo con los contratos disponibles en la Oficina del Contralor, la corporación sin fines de lucro Fundación Azriel Corporation (FAC), recibió desde el inicio del 2021 hasta el 2022 $1.5 millón en asignaciones de los legisladores del FMM a través de la AT. La FAC es presidida por el excantante de reggaetón, Héctor Delgado, mejor conocido como “Héctor The Father”, quien en la actualidad es un pastor de la iglesia evangélica.
En 2019 los artículos de incorporación de la FAC fueron enmendados para eliminar el “carácter religioso” y transformarla en una de “servicios institucionales”.
Otra corporación sin fines de lucro que ha recibido asignaciones extraordinarias es la Fundación Deportiva del Oeste Inc. (FDO), que preside Héctor Vega Jiménez. A partir del 2021 hasta el 2022 la corporación sin fines de lucro dedicada a promover el deporte recibió asignaciones por $1.2 millones del FMM.
En 2019 sus artículos de incorporación de la FDO fueron enmendados para incluir el mantenimiento y reparación de facilidades y para ofrecer los servicios de arbitraje, venta de equipo deportivo y de mantenimiento de instalaciones deportivas.
De la información que surge del sitio de internet de la Oficina del Contralor se desprende que la CCSF, la FAC y FDO reciben asignaciones de fondos públicos de otras agencias en cantidades cuantiosas.
Contralor auditará corporaciones sin fines de lucro
Este medio supo que los auditores de la Oficina del Contralor ya se encuentran en la AT indagando en las transacciones del FMM. A preguntas de EyBoricua.com la Contralora Yasmín Valdivieso indicó que sus auditorías se extenderán a las corporaciones sin fines de lucro que recibieron asignaciones del FMM. “Sí podemos auditar e investigar estas entidades en la medida que hayan recibido fondos públicos”, dijo Valdivieso.
Por su parte, las directoras del Centro de Evaluación y Recursos de Entidades sin Fines de Lucro Inc. (NPERCI por sus siglas en inglés), sostuvieron que la necesidad de transparencia en las corporaciones sin fines de lucro es un reclamo que se ha realizado durante años y que por desconocimiento y la falta de políticas internas debidamente recogidas en reglamentos, estas entidades podrían operar en la ambigüedad, lo que es sumamente perjudicial para la función de estas entidades en la sociedad.
“Si la ambigüedad está presente, obviamente se requiere mucha prudencia cuando las cosas no están muy claras. Hay una falta de fiscalización, siempre lo hemos dicho. Y la fiscalización es una responsabilidad de las dos partes, tanto del que adjudica los fondos como de quien los recibe. Así que siempre es falta de supervisión en la mayoría de los casos, no hay monitoreo, ni evaluación del uso de los fondos y de los resultados y el impacto de esos fondos”, dijo Flordeliz Serpa, directora ejecutiva de NPERCI, una organización dedicada a la investigación, evaluación y asesoría de las entidades sin fines de lucro en Puerto Rico.
Señalan falta de transparencia
“Es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas”, agregó Lissette Rojas, quien es la vicepresidenta de NPERCI.
Sobre las rápidas enmiendas a los certificados de incorporación que han realizado algunas de las corporaciones sin fines de lucro que reciben fondos del FMM para ofrecer el servicio de construcción de inmuebles y de infraestructuras, tanto Serpa como Rojas indicaron que tales cambios levanta suspicacia y que para que sean aceptables, tienen que ser compatibles con las necesidades de las comunidades a las que sirven, como también de los objetivos programáticos que propiciaron la exención contributiva concedida por el gobierno.
“La única manera como puede haber un cambio drástico es que hayan identificado una necesidad real en la comunidad a la que sirven y que esa necesidad coincida con la misión y el propósito exento de la corporación. Causa mucha suspicacia esos cambios, porque la corporación debe estar al tanto de las necesidades de las comunidades a la que sirve y una necesidad de esa magnitud difícilmente puede surgir de la noche a la mañana”, indicó Serpa.
“El simple hecho de que ellos (la corporación) detecten una necesidad en la comunidad que sirven no significa que ellos podrán dar ese servicio”, dijo Rojas.
Las directivas de NPERCI señalaron que modificar el certificado de incorporación para incursionar en unos servicios que no suele ofrecer la organización requiere peritaje experto y la capacitación del personal y el posible reclutamiento de empleados con experiencia en la nueva oferta de servicios a la comunidad.
Sostuvieron que las corporaciones sin fines de lucro también están obligadas a referir a otras organizaciones aquellas necesidades que hayan detectado en su comunidad de servicio. “La colaboración entre las corporaciones de lucro no se da, desgraciadamente y se pierde el objetivo de servir a la comunidad”. agregó Serpa.
Las directivas de NPERCI mostraron su pesimismo sobre que el Ejecutivo o la Legislatura investigue el uso de los fondos públicos de parte de las corporaciones sin fines de lucro y advirtieron la necesidad real de que el desempeño de estas organizaciones debe ser investigado para provocar cambios en la toma de decisiones por las estructuras de gobierno que adjudica los fondos y en la evaluación de las corporaciones sin fines de lucro para identificar las que son más efectivas y cumplen su misión.
“Yo me atrevo a decir que no (se va a investigar). Pero sí debería ser investigado y los resultados los veríamos en cambios serios sobre cómo se hacen estas cosas, en la cualificación y la supervisión de las organizaciones, según la evidencia de que usan bien los fondos y que esos fondos tienen un resultado en la población de interés. El que otorga los fondos debe requerir unos informes sobre el uso de los fondos. Que sean transparentes, que cumplan su misión y sean serios en sus operaciones. Y deben tener un proceso de evaluación externa que valide esa información”, dijo Rojas.
