Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (14 de marzo de 2022) – Un proyecto de ley que intenta establecer como política pública una reducción en las regulaciones para expedir determinadas licencias en la Isla, una tendencia adoptada en algunos estados de Estados Unidos, propone eximir a los abogados notarios de tomar el examen requerido para ejercer como corredores de bienes raíces en Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1229, radicado por el representante Jorge Navarro Suárez, permitiría a los abogados notarios interceder en la venta de propiedades sin cumplir con los requisitos de examen y reválida que exige la Ley 10 de 1994, conocida como Ley para Reglamentar la Bienes Raíces en Puerto Rico. Esta ley exige a los aspirantes a corredores de bienes de raíces tomar un curso, que tiene una duración de tres meses, y luego pasar un examen para obtener la licencia.
El Proyecto 1229 ya ha recibido la oposición unánime de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Puerto Rico (PRAR, por sus siglas en inglés) porque permitiría que personas sin la preparación y la experiencia en el campo de bienes raíces intervengan en las múltiples y compleja realidad de los ciudadanos que desean vender sus propiedades y de aquellos que buscan adquirir una.
El abogado notario garantiza la veracidad de diversos procesos legales, de determinada documentación pública y de los contratos, entre otros acuerdos legales.
La medida fue asignada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz.
Ruby González, presidenta de la PRAR, dijo que para comunicar la oposición al Proyecto 1229 se reunió con Ortiz y con los representantes José «Cheito» Rivera y Luis R. «Narmito» Ortiz, quienes integran la mayoría del Partido Popular Democrático y también participan en la Comisión de Gobierno.
González dijo que la aprobación del Proyecto 1229 podría desencadenar una oleada de peticiones para que otros profesionales puedan realizar las tareas de un corredor de bienes raíces sin tomar exámenes de reválida.
Indicó que también se podrían formular peticiones para eximir de los exámenes reglamentarios a determinados profesionales para que puedan ejercer otras actividades de otras profesiones.
La motivación es económica
Sobre la exención a los abogados notarios, González dijo que su única justificación es económica, pues los abogados notarios aspiran a incrementar la comisión que ganan por su participación en la compraventa de una propiedad.
Al realizar el trámite de las escrituras de una transacción de compraventa de una propiedad, la comisión de los abogados notarios asciende a 1% del monto de la venta, mientras que la comisión de los corredores de bienes raíces es de 5%, explicó.
“Aquí el interés detrás de esta medida parecería ser económico. Los corredores de bienes raíces ganamos un 5% de una compraventa mientras que los notarios un 1%. Pero los corredores hacemos una venta hoy y no sabemos cuándo vendrá la otra, mientras los notarios pueden hacer 60 cierres en un mes. Un corredor podría ganar más si está vendiendo las unidades nuevas de una urbanización, pero ese no es el caso ahora (por el estancamiento en la construcción de viviendas nuevas)», dijo González.
«Además, lo único válido no es el aspecto económico porque hay que conocer las necesidades del consumidor, ya sea el vendedor de la propiedad o el que la va a comprar. Los corredores de bienes raíces atendemos los dos lados y los ayudamos en todos los pasos de la transacción y tratamos de lograr un happy medium entre los dos, aunque quien nos paga es el que vende la propiedad”.
Sostuvo que la intromisión en la venta de propiedades de los abogados notarios puede causar conflictos de interés que no favorecen a los consumidores.
“Si un abogado está trabajando con la herencia de una propiedad que además está a la venta y aparece un comprador, sería interesante saber cómo va a salir ese comprador en esa transacción”, dijo González, al afirmar que la lealtad del abogado es con el cliente que vende la propiedad y no con el comprador.
Agregó que la medida afectará a los consumidores porque los corredores de bienes raíces deben conocer las diferencias entre las necesidades de las personas que desean vender una propiedad y los que desean adquirir una.
“Nosotros somos hasta decoradores de interiores, porque debemos aconsejar a los vendedores de propiedades a mejorar la presentación de la propiedad para que sea atractiva al comprador. Además, asesoramos a los que compran en todos los pasos de la compraventa y en los pasos para conseguir el financiamiento”, indicó.
Medida fue una petición
El representante Navarro Suárez reconoció que el origen del Proyecto 1229 fue una petición, pero no identificó a la persona o el grupo de personas que se le acercó para que presentara la medida. Señaló que los beneficios o daños que causaría la medida serán evaluados en vistas públicas por la Comisión de Gobierno.
“Los proyectos no están escritos en piedra. Se pueden reconsiderar según lo que se diga en las vistas públicas”, dijo el representante, quien también rechazó que el Proyecto 1229 podría provocar peticiones para que otros profesionales puedan realizar las tareas de un corredor de bienes raíces sin tomar exámenes de reválida.
“Eso es una especulación”, dijo Navarro Suárez, quien explicó que en Nueva York, Texas y Massachusetts se han aprobado medidas para eximir a los abogados de los requisitos para acceder a la licencia de corredores de bienes raíces.
