¿1era enmienda o terrorismo?

Sandra D.
Rodríguez Cotto

PERIODISTA

El gobierno de Estados Unidos emite una alerta sobre la desinformación en línea, teorías de conspiración en redes sociales y “fake news”

El gobierno de Joe Biden dice que yo soy una terrorista. De hecho, técnicamente dice quien usted también lo es. Quien lee esto y cualquier persona que escriba en las redes sociales puede ser catalogado de terrorista. No, no es un chiste. Es en serio.

Hace cuatro días la Agencia Federal de Seguridad Nacional emitió una nueva alerta en la que califican a la desinformación en las redes sociales, las teorías de conspiración y las noticias falsas como la mayor amenaza de terrorismo interno en esa nación. Leyó bien. O sea, que quienes critican al gobierno, o los que hablan sobre los efectos a largo plazo de las vacunas Covid en la gente, o los que toman videos porque se impide el acceso a las playas, podrían caer en esas categorías.

El problema con esta nueva orden es que no se determina ni se explica qué constituye para ellos la desinformación, no se entra en detalles específicos sobre qué ellos consideran son las teorías de conspiración y mucho menos, explican para ellos qué o cuáles son las noticias falsas. ¡Qué mamey!

La alerta pasó inadvertida en Puerto Rico por todos los problemas vividos aquí en esta semana, entre las inundaciones y las protestas laborales, pero eso no significa que no nos aplica. Después de todo, la colonia tiene que seguir sus reglas y la Homeland Security Agency impone sus mandatos aquí.

El nuevo mandato federal establece que los Estados Unidos se encuentra en un momento de “amenazas intensas alimentado por varios factores, incluido un entorno en línea lleno de información falsa o narrativas engañosas y teorías de conspiración, y otras formas de información errónea y malintencionada introducidas y/o amplificadas por extranjeros y actores de amenazas nacionales”.

Dice además que esos “actores amenazantes buscan exacerbar la fricción social para sembrar discordia y socavar la confianza pública en el gobierno instituciones”. Lo más peligroso es que dice que estas personas tienen “el potencial” de fomentar disturbios, lo que podría inspirar “actos de violencia, ataques con bajas masivas y otros actos de violencia dirigida realizadas por delincuentes solitarios y pequeños grupos que actúan en apoyo de creencias ideológicas y/o agravios personales representan una amenaza continua para la nación”.

La alerta establece que hay una convergencia de tres factores principales que aumentan “la volatilidad, la imprevisibilidad y la complejidad del entorno de amenaza”: (1) la proliferación de información falsa o narrativas engañosas, que siembran discordia o socavan la confianza pública en las instituciones gubernamentales; (2) continuos llamados a la violencia dirigidos a infraestructura crítica de los Estados Unidos. Aquí menciona objetivos como eventos masivos o reuniones sociales en iglesias, sinagogas y mezquitas, instituciones universitarias, lugares donde se concentren minorías raciales o religiosas, en instalaciones y personal gubernamentales, incluidas las fuerzas del orden y las fuerzas armadas; los medios de comunicación; y opositores ideológicos percibidos; y (3) los llamados de organizaciones terroristas extranjeras para ataques contra los Estados Unidos basados en eventos recientes.

Es obvio que las amenazas al terrorismo interno están ahí. El planeta entero vio cómo miles de personas atacaron al Congreso de los Estados Unidos el año pasado, cuando no aceptaban que Donald Trump perdió las elecciones. Las pugnas entre supremacistas blancos, las protestas de Black Lives Matter y otros eventos, han puesto las pugnas sociales en evidencia.

Varios altos militares y agentes de inteligencia llevan meses alertando públicamente que podrían ocurrir actos terroristas en suelo americano. De hecho, esta semana la vicepresidenta Kamala Harris anunció que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) investiga presuntas amenazas a universidades asociadas a la población afrodescendiente.

Tan grave es el asunto que, en la noche del jueves la American Civil Liberties Union (ACLU) emitió una alerta en la que decía que nuevos documentos desclasificados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) demuestran que el gobierno viene realizando programas masivos de vigilancia para capturar información de ciudadanos privados.

La administración Biden ha emitido cinco boletines de alerta desde que entraron en el poder. Ninguno habla de conspiraciones específicas, pero todos traen una carga que preocupa porque pueden constituir límites a la libertad de expresión, un derecho garantizado por la Constitución. Equiparar la expresión o el discurso con actividad terrorista es peligroso. Ya no se trata simplemente de obligar a las empresas de redes sociales a suprimir las opiniones disidentes. Parece estar preparándose el escenario para usar los poderes de policía federal.

Si esto es allá, ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Tiene esto algo que ver con la intención del secretario de Justicia Domingo Emmanuelli de permitir grabaciones? Eso lo prohíbe la Constitución del ELA, pero el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, lo favorece y por ahí viene un plan de enmiendas constitucionales. ¿Qué pasará con la gente que protesta en las playas o los que tienen el campamento antivacuna frente al Capitolio o con los periodistas que exigen transparencia en el gobierno?

Los millonarios que anuncian tener equipo de vigilancia para grabar manifestantes en las playas, como pasa en Dorado. Los jóvenes que graban en Facebook Live cuando han impedido el acceso a las playas como pasó en Ocean Park, o cuando los policías graban manifestantes en las protestas. Todo eso está en juego.

En Puerto Rico todavía está pendiente una demanda federal que lleva la ACLU para impugnar dos leyes contra las “fake news”. Las leyes, una de las cuales fue aprobada durante la cobertura mediática al inicio de la pandemia de COVID-19, criminalizan el compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico, incluyendo la actual pandemia global de COVID-19. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.

Todos estos patrones son peligrosos. Abren la puerta a limitación de derechos civiles, al carpeteo y a la persecución política e ideológica. Amenazan también a la prensa, porque le dan más derechos a los gobiernos de ocultar cosas. Esto también aumenta la autocensura que se vive en la prensa en Puerto Rico.

Pero si hacer denuncias, grabar eventos y pasarlos en vivo en las redes sociales o, simplemente, opinar tiene el potencial de convertirse en terrorismo, entonces, ¿qué nos queda?