Madrid (EFE) – En el mundo fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el ambiente en 2018, 37 menos que el año anterior, ante la disminución de muertes en Filipinas y Brasil, que ha cedido el puesto a Colombia en el listado en Latinoamérica, según un informe de la organización Global Witness.
A pesar de la disminución en el número de asesinatos en Filipinas, sigue encabezando la clasificación con 30 muertes, mientras en Latinoamérica son Colombia, Brasil, Guatemala y México, con 83 muertes, son los que la lideran.
Según el estudio hecho público este martes por GW, Europa sigue siendo el continente menos afectado por los asesinatos de defensores ambientales, con solo tres muertes, todas en Ucrania.
GW resalta que más de la mitad de los asesinatos ocurridos en 2018 fueron en Latinoamérica, siendo «el continente más afectado de manera constante» desde que en 2012 la organización iniciara el análisis sobre defensores ambientales.
Uno de los factores que inciden en esta situación es la «fuerte tradición de activismo por los derechos humanos» que existe en la región.
Asimismo, GW detalla que Brasil ha dejado de encabezar el listado en Latinoamérica, situación que se corresponde con un descenso general en las tasas de homicidios al año en este país suramericano.
Esa disminución coincide con un descenso en la «pérdida de bosques tropicales e invasiones de tierras», aunque, según los expertos, «esa reducción podría estar retrocediendo en los primeros meses de 2019».
En Guatemala, los asesinatos se incrementaron al pasar de tres en 2017 a 16 en 2018, una situación que, según un cálculo per capita, convierte al país centroamericano en «el más peligroso del periodo analizado».
Subraya GW que la criminalización y las demandas civiles se están utilizando para «reprimir» el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido.
La lucha por la defensa de la tierra y el ambiente criminaliza cada vez más en todo el mundo a los activistas ambientales, según GW, que documenta por primera vez «el uso y abuso de leyes y políticas» para intimidar a defensores, familias y comunidades.
En promedio, más de tres activistas fueron asesinados por semana y son los grupos indígenas los que están en «primera línea de ataque de los sistemas judiciales, las instituciones y las organizaciones que los protegen».
Aunque el informe recoge datos de 2018, GW advierte de que al momento de redactarlo (julio de 2019), «hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará».
Así, el listado completo incluye a Filipinas (30), Colombia(24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16), México (14), República Democrática del Congo (8), Irán (6) y Honduras (4).
Seguidos por Ucrania (3), Venezuela (3), Camboya (3) Kenia (2), Gambia (2), Chile (2), Pakistán, Senegal, Sudáfrica e Indonesia con uno respectivamente.
Señala GW, que, sin embargo, es probable que el número de activistas asesinados sea mayor, porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan, y las agresiones vienen sobre todo de la industria de la minería e industrias extractivas (43), la agroindustria (21), la protección de las fuentes de agua y las represas (17) y la explotación forestal (13).
Asimismo, nueve con la caza ilegal, dos con la pesca, uno con la energía eólica y siete con otras causas.
Irónicamente, los defensores son criminalizados por defender sus tierras y bienes, mientras quienes destruyen sus territorios y asesinan a los activistas medioambientales, «generalmente escapan al castigo».
El estudio ha documentado «por primera vez el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a los defensores, sus familias y comunidades», así vincula a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos.
Mientras, según GW, «actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes fueron los presuntos agresores en 40 muertes».
Destaca que los asesinatos son la «manifestación más violenta de un sinnúmero de abusos» y, sin embargo, el hallazgo de pruebas fiables y verificables es «difícil» para el esclarecimiento de los mismos.
GW sostiene que los ataques no suelen documentarse y, en muchas ocasiones, los gobiernos y las multinacionales suelen utilizar equipos de agresivos abogados, tribunales y sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses.
Los gobiernos, las empresas y pandillas criminales «roban tierras y destruyen hábitats naturales para incrementar ganancias» a medida que aumenta la demanda de productos como la madera, los minerales o el aceite de palma.
