Amiens, 24 de enero de 2022 (EFE) – Los países de la Unión Europea han recibido de buen grado la propuesta de la Comisión Europea para prohibir la venta en la UE de ciertos productos que provengan de zonas deforestadas, y cabe incluso que acuerden una postura más ambiciosa que la presentada por el Ejecutivo comunitario.
«Es muy importante avanzar en esta área, ya que tiene tanto apoyo», declaró este viernes en rueda de prensa el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius al término de un consejo informal conjunto de ministros de Medioambiente y de Energía celebrado en la localidad francesa de Amiens (norte).
La Unión Europea es responsable del 16 % de la deforestación mundial, lo que convierte al bloque comunitario en el segundo destructor de bosques tropicales, después de China y por delante de India y Estados Unidos.
La Comisión presentó el pasado noviembre una novedosa propuesta para atajar ese problema, a través de un sistema que exija a las empresas que vendan esos productos que demuestren que no provienen de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020.
Los ministros competentes debatieron por primera vez este viernes esa propuesta, que afecta al aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el café, el cacao y la madera y algunos de sus productos derivados, por ejemplo el cuero, el chocolate o los muebles.
«Algunos países piden que se incluyan más productos», reconoció el comisario, mientras se baraja que el caucho pueda entrar también en esa lista, al igual que se podría extender a otros tipos de superficies verdes, como los humedales.
No obstante, Sinkevicius recordó que los productos seleccionados por la Comisión son los que «claramente tienen el mayor impacto en la deforestación» e introdujo un toque de realismo al señalar que lo más importante es que «esta legislación tiene que poder implementarse».
Señaló también que, para saber el alcance que podría tener la normativa una vez aprobada, primero es necesario que los Veintisiete adopten una postura común sobre el asunto, para negociar después la legislación definitiva con el Parlamento Europeo y la propia Comisión.
Las ONG ecologista WWF, que como otras plataformas medioambientalistas reclama más ambición, estima que en 12 años la Unión Europea habría provocado la deforestación de 3.5 millones de hectáreas.
El asunto se tratará formalmente en los próximos consejos de ministros de la UE de Agricultura y de Medioambiente y que los países puedan acordar su postura en el primer semestre de 2022, señaló la titular francesa para la Transición Ecológica y anfitriona del encuentro, Barbara Pompili.
La ministra de Francia, país que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, confirmó que la iniciativa tuvo una «acogida globalmente muy positiva» y que en la reunión «se evocó la extensión de los ecosistemas concernidos.
En la sesión de este viernes, entre otros puntos, se debatió también sobre el sector de los bosques y la madera dentro de la Unión Europea como sumideros de carbono y elementos clave para generar resiliencia contra el cambio climático, así como sus usos e implicaciones desde el punto de vista energético como biomasa.
España, representada en la reunión por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puso «el acento en la necesidad de fijar incentivos económicos y fiscales para conservar los bosques maduros por su capacidad para secuestrar el CO2, y como protectores del suelo y garantes de biodiversidad», según un comunicado difundido por el Ministerio.
Madrid también tiene interés en «activar la gestión forestal para una silvicultura sostenible, de gran valor añadido y generadora de empleo, capaz de dinamizar los entornos rurales en riesgo de despoblación».
El sábado, la tercera y última jornada de las charlas informales sobre clima estará reservada a los titulares de Energía y en ella se abordarán la escalda de precios del gas y la electricidad, la eficacia energética y el futuro del hidrógeno.
No obstante, se espera que se abra hueco en la cita el debate sobre la inclusión de la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía, un sistema que está implementando Bruselas para orientar la inversión hacia prácticas consideradas sostenibles que, en lo que respecta a la energía, incluiría ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas y centrales nucleares.
