Bruselas, 15 de diciembre de 2021 (EFE) – La Comisión Europea abrió la puerta a que los países que lo deseen puedan organizar compras conjuntas de gas, como pedía España, pero siempre voluntarias y limitadas a casos de emergencia entre los que no estaría una escalada de precios como la actual, aunque sí los cortes de suministro.
Según la propuesta de Bruselas, los estados miembros que quieran iniciar una operación conjunta de adquisición de gas tendrán que avisar al resto de socios y a Bruselas, y posteriormente serán los operadores y transportistas eléctricos (TSO, en inglés), como Red Eléctrica en España, los que asumirán la operación.
Sin embargo, estas compras sólo se podrían realizar en casos de emergencia, básicamente cortes de suministro, y fuentes comunitarias descartan que la escalada actual de precios energéticos reúna las condiciones.
«Afortunadamente no estamos ahí y esperamos no llegar a eso», señalaron fuentes europeas al explicar una media que forma parte del paquete para revisar el mercado del gas que han presentado en una rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Las compras conjuntas de gas y el almacenamiento estratégico son dos soluciones que el Gobierno español puso encima de la mesa para hacer frente al incremento actual de los precios energéticos y la Comisión Europea recoge de esta forma la idea pero con un alcance limitado.
“Corresponde a los Estados miembros decidir los parámetros de la acción conjunta y avisar a la Comisión, quien asegurará que se respetan el mercado energético y las normas sobre ayudas públicas”, explicó la comisaria estonia durante la comparecencia.
Con respecto al almacenamiento, Bruselas plantea un enfoque “más estratégico” en el que pide a los países que evalúen de forma continua sus niveles de almacenamiento y aporta una serie de opciones si identifican riesgos, como obligar a mantener un nivel mínimo de gas o la organización de subastas.
Estas cuestiones están incluidas en dos normativas que todavía deben negociar los Estados miembro y el Parlamento y cuyo objetivo es aumentar en el mercado la proporción de gases renovables, como el biometano o el hidrógeno verde, y de aquellos cuyas emisiones de gases de efecto invernadero son mucho menores que el gas de fuentes fósiles.
Estos gases más limpios apenas representan actualmente el 5 % del mercado y la Comisión plantea descuentos del 75 % en las tarifas de entrada al mercado y eliminar otros gravámenes en operaciones entre distintos países, entre otras medidas.
Además, propone que los contratos de largo plazo inalterados de combustibles fósiles no puedan ser prorrogados más allá de 2049 a fin de que este recurso no que de “enclavado” en el mercado energético del bloque y dejar más espacio a las alternativas renovables.
La prohibición de extender estos contratos, señaló la comisaria de Energía, es algo que «ya conocen» todos los actores del mercado porque la UE se ha comprometido a descarbonizar su economía a mitad de siglo y busca evitar que se abran nuevas instalaciones de producción de gas, la idea que está detrás de la firma de este tipo de acuerdos.
Otro de los elementos centrales de la reforma es impulsar un mercado específico para el hidrógeno, crear un “entorno correcto” para inversiones en este recurso y “permitir el despliegue de una infraestructura específica” que incluya intercambios comerciales con terceros países.
Bruselas contempla dos fases en este proceso -antes y después de 2030- y la iniciativa cubre aspectos como el acceso a infraestructuras de hidrógeno, la separación entre las actividades de producción y transporte y la fijación de tarifas.
«Necesitamos mercados competitivos e infraestructuras para conectar producción y consumo, la propuesta de hoy prepara el terreno para construir un mercado competitivo del hidrógeno», declaró el vicepresidente Timmermans.
