Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (8 de noviembre de 2021) – A pesar de que la discusión pública sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) se ha concentrado en rechazar los recortes a las pensiones y garantizarle fondos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios, el documento contiene otros elementos cuyas repercusiones a largo plazo para la isla y sus futuras generaciones son altamente onerosas y comprometedoras.
Uno de los aspectos del PAD que no ha sido ni mencionados ni discutidos por la clase política y por los opositores del acuerdo alcanzado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con los acreedores, impide que el gobierno de Puerto Rico pueda acogerse nuevamente a la Ley Promesa, si en el futuro enfrenta dificultades económicas que eviten cumplir con el servicio de la deuda.
Otra disposición del PAD establece que los nuevos bonos por $7,400 millones serán pagados a la elevada tasa de interés de 5% hasta su onceavo año (11), cuando entre en vigor una cláusula que reduce la tasa a 4%, la cual permanecerá vigente durante todo el periodo de madurez de esos bonos, cuyos pagos anuales culminan en el año 36.
Además, el PAD dispone que el gobierno no podrá refinanciar los nuevos bonos hasta el año 11. Pero si la situación económica del gobierno es tan favorable que le permitiera realizar un refinanciamiento para bajar el monto del servicio de la deuda, el PAD dispone que después del año 11 entrará en vigor una cláusula que permite el refinanciamiento, pero impone como condición un importe adicional de $3 por cada $100.
Otra cláusula del PAD indica que cualquier futura controversia entre el gobierno y los acreedores se dilucidarían en el Tribunal Federal ubicado en el Distrito Sur de Nueva York y no en el Tribunal Federal de San Juan.
Las cláusulas ignoradas en la discusión pública del PAD fueron reveladas por el economista Fernando Viñas, el pasado 23 de octubre en el programa Economía 101, que se transmite los sábados a la 1:30 p.m. por la estación de radio Notiuno 630.
Una copia del programa fue colocada la pasada semana en la página de Facebook del programa Economía 101. En el espacio radial el economista Viñas comparte la animación con el también economista Roberto López Rivera.
“Parece que (los políticos) no tienen ningún problema con toda la estructura del PAD y solo se han enfocado en el recorte a las pensiones. Sin quitar importancia a este tema, a mí me parece sorprendente que haya tanta unanimidad y que en el resto de las 200 páginas del acuerdo estén prístinas y claras y que no haya absolutamente ningún problema”, sostuvo Viñas.
El economista indicó que es “sorprendente” que ante las condiciones tan desfavorables y onerosas que impone el PAD al gobierno local, la discusión pública realizada por el gobernador, por representantes y senadores se haya limitado a rechazar el recorte a las pensiones y a procurar una asignación de fondos para la UPR y los municipios.
“La jueza (Laura Taylor Swain) tiene que estar diciendo: ¡de verdad que este es el único tranque que hay aquí, pues vamos a discutirlo en sala el lunes! ”, exclamó Viñas.
“A mí me gustaría que alguien me explicara, alguien de los que nos vamos a seguir viviendo en este isla y vamos a ver cómo se paga esa deuda, si es bueno que paguemos el 5% por los próximos 10 años a plazo fijo sin oportunidad de refinanciamiento, si las cosas mejoran”, cuestionó el economista.
Viñas se mostró asombrado de que la clase política haya demostrado un juicio favorable al PAD de manera unánime, a pesar de que durante 10 años el gobierno no podrá refinanciar la deuda y si quisiera hacerlo a partir del año 11, podría refinanciar los bonos pagando un importe adicional de $3 por cada $100.
“Hay que pagar una prima de $3 dólares por cada $100, si queremos pagar los bonos (por medio de un refinanciamiento). Eso a mí, me suena un poco contrasentido, porque se supone que estemos negociando una quiebra, que tenemos una capacidad limitada y aún así estamos pagando unas tasas altísimas y una prima. ¡Yo me imagino que todo el mundo está de acuerdo con eso!”, cuestionó el economista.
“Yo estaba diciendo que si las cosas nos van bien, por aquello de ser optimista. Pero si las cosas nos van mal, el acuerdo (PAD) dice que no podemos acogernos a la protección de la Ley Promesa”, señaló con asombro Viñas.
La Ley Promesa impidió que los acreedores acudieran al Tribunal Federal a exigir la incautación de fondos y propiedades públicas, luego de que en 2015 el gobierno suspendió los pagos para saldar la deuda. Ante un escenario en el que el gobierno no pudiera nuevamente pagar sus deudas, el PAD dispone que no podrá acogerse a la Ley Promesa, lo que implica que el Fondo General y las propiedades públicas quedarían indefensas a los reclamos de parte de los acreedores en cobro de dinero en los Tribunales Federales.
“Yo me imagino que todos, unánimemente, estamos de acuerdo con todos estos términos y que la única discusión importante aquí es una cantidad, que en plan fiscal son $95 millones (el recorte a las pensiones) y otros posibles gastos adicionales. Yo escucho a los políticos diciendo: ¡déjame gastar más!”. Yo saqué cuenta y son como $210 millones, que son los fondos para los municipios y para la UPR. Estamos aquí negociando miles de millones de dólares y están enfocados, en lugar de cómo vamos a repagar, estamos enfocados en cómo gastar más. ¡Hay unanimidad! Aquí solo hay una disputa sobre cómo vamos a pagar las pensiones!”, exclamó Viñas.
Incluso, el economista López Rivera señaló que hasta el economista Daniel Santamaría, de la organización Espacios Abiertos, no ha denunciado las fuertes condiciones que impone el PAD y solo se ha limitado a mencionar el recorte de la deuda y otros aspectos sobre la dificultad del gobierno para pagar la deuda a largo plazo.
A partir de hoy el PAD es evaluado por la jueza Taylor Swain en el Tribunal Federal de San Juan a través de videoconferencia, mientras cerca de 200 personas marchaban en las afueras de las instalaciones federales exigiendo que no se apruebe el acuerdo porque causará un mayor nivel de pobreza en el país. para
El sábado la administración de Pedro Pierluisi anunció que retiraba la objeción al PAD, para encaminar su aprobación con las enmiendas. La pasada semana la legislatura aprobó una medida que avaló el PAD favorecido por la JSF.
