Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (26 de agosto de 2021) – En lo que representa la tercera demanda judicial contra la Comisión de Juegos del Gobierno (CJG), dos empresarios que operan máquinas de juegos de azar le solicitaron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que detenga la intención del director ejecutivo del organismo, Orlando Rivera, de exigir a los operadores licenciados el pago inmediato de miles de dólares por las licencias o marbetes de todas sus máquinas o de lo contrario enfrentarán la revocación de su licencia de operador.
Los demandantes sostienen que la determinación de Rivera es ilegal porque las leyes que regulan los juegos de azar establecen que la CJG podrá exigir el pago de las licencias luego de que se haya establecido el sistema de interconexión inalámbrico para las máquinas de juegos de azar, que le permitirá al gobierno registrar todas las transacciones de juego que se realicen en cada máquina conectada oficialmente en toda la isla.
El sistema de interconexión inalámbrico fue ordenado por las leyes 81 de 2019, o Ley para crear la CJG, y la ley 257 del 2018, o Ley de Reforma Contributiva del 2018, que, entre otros asuntos, pretenden legalizar miles de máquinas de juegos de azar que actualmente pagan premios en efectivo sin autorización.
El pasado mes de abril Rivera tomó la decisión de retirar de la página digital de la CJG una solicitud de propuestas para la instalación del sistema de interconexión inalámbrico, la cual fue referida a la Administración de Servicios Generales con el fin de realizar unos cambios en los requisitos y exigencias a los proponentes. Hasta el momento la CJG no ha anunciado cuándo será puesta en vigor la solicitud de propuestas para el sistema de interconexión inalámbrico.
Además, los demandantes alegan que Rivera tomó la determinación de exigir el pago total de licencias de manera unilateral e ilegal, porque ese tipo de decisión la compete a la junta de directores de la CJG y no al director ejecutivo.
Los demandantes, el empresario Pablo Rivera Corraliza, quien preside la corporación Pablo Javier Rivera LLC, y la empresa Spin & Win LLC, que es presidida por Jorge Torres Martínez, también le solicitaron al Tribunal que dicte una sentencia declaratoria estableciendo que la implementación de un sistema de interconexión para las máquinas de juegos de azar es un requisito indispensable para poder exigir el pago de las licencias o marbetes para operar esas máquinas.
Los demandantes, que son representados por el licenciado Alex Martínez Maldonado, sostiene que una vez establecido el sistema de interconexión, los dueños de máquinas debidamente licenciados tendrán con un periodo de seis meses, para adquirir la llamada “licencia de transición”, según lo dispone el reglamento 9174 o reglamento para la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta.
De hecho, una reciente determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, generada por otra demanda, determinó que este reglamento es nulo porque no fue promulgado por la CJG.
Exigen pago de licencias en tres plazos de $500
De acuerdo con la demanda, el pasado 23 de julio, Rivera colocó en el portal cibernético de la CJG, la citada directriz ilegal que no fue notificada directamente a ninguno de los operadores licenciados. La directriz requirió a todo dueño licenciado de máquinas de juego de azar pagar $1,500 por el número de máquinas que operará.
La comunicación sostiene que el pago se realizará en tres plazos de $500, el primero de los cuales se debería efectuar en un término de 30 días, que comenzó el pasado 23 de agosto y vence el 24 de septiembre. El segundo plazo de $500 se deberá pagar en o antes del 31 de noviembre y el tercer plazo vence el 31 de enero del 2022.
Las leyes 81 y 257 establecieron los mecanismos para instalar el sistema de interconexión inalámbrica, lo que permitirá legalizar 25,000 máquinas en una primera etapa. Luego de cinco años se permitiría legalizar 20,000 adicionales, hasta alcanzar 45,000 máquinas de un universo de más de 80,000 máquinas que actualmente operan ilegalmente porque pagan premios con dinero en efectivo.
Las únicas máquinas autorizadas por ley a pagar premios en efectivo a los ganadores son las tragamonedas de los casinos y las máquinas que administra el hipódromo Camarero.
La directriz de Rivera indica que “todo operador deberá emitir un pago correspondiente al total de máquinas que posee, que no será menor de 100, ni mayor de 250 máquinas”.
Debido a que los dueños de máquinas, según las leyes 81 y 257, solo pueden operar hasta 250 máquinas, los pagos exigidos podrían oscilar entre $125,000 por cada plazo para aquellos operadores que posean 250 máquinas y $50,000 para los que operan 100 máquinas.
La directriz amenaza con revocar la licencia a los dueños de máquinas que no cumplan con los pagos en los plazos señalados. Además, la comunicación anunció que a partir del segundo plazo, la CJG inspeccionará las máquinas en los negocios que estén ubicadas para corroborar que tiene colocado la licencia o marbete.
Activas tres demandas contra la CJG
La directriz también recuerda a los dueños de máquinas que la violación de ese requisito, según lo dispone la ley 11 de 1933, conocida como Ley de Máquinas de Juegos de Azar, le impone seis meses de cárcel a los violadores y una multa de hasta $10,000.
La demanda radicada por los dos empresarios es la tercera que se presenta contra la CJG y su director ejecutivo. La primera demanda fue presentada en julio del 2020 por Electronic Games Inc. (EGI), una corporación que preside Carlos Andújar Feliciano, quien es propietario de numerosas máquinas de juegos de azar. Esta demanda planteó que la CJG no tiene reglamentos porque adoptó los dos reglamentos promulgados por la Compañía de Turismo (CT), los cuales “son nulos e inexistentes”.
Recientemente el Tribunal de Primera de San Juan invalidó los dos reglamentos porque fueron promulgados por la CT y no por la CJG. Los reglamentos son el 9174, dedicado a la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta; y el reglamento 9175, conocido como reglamento de expedición, manejo y fiscalización de licencias para esas máquinas.
La segunda demanda fue presentada el pasado 30 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por 32 pequeñas empresas que llevan años operando máquinas de juegos de azar, muchas de las cuales fueron excluidas del proceso para obtener las nuevas licencias de mayoristas por parte de la CJG y las decisiones tomadas por Rivera.
Las 32 pequeñas empresas, que son representadas por el licenciado Michael Corona, sostuvieron que Rivera y la CJG le concedieron licencias de mayorista para operar hasta 250 máquinas de juegos de azar al ex senador Eric Correa y a 25 empresas adicionales, a pesar de que nunca tuvieron licencias para operar esos equipos, lo que resultó en detrimento de los dueños de máquinas que lleven años en mercado y que tenían preferencia para obtener las licencias, según fue autorizado por las leyes 81 y 257.
Según la demanda, el beneficio ilegal a favor del exsenador Correa y las 25 corporaciones fue otorgado por la CJG y Rivera, quienes figuran como demandados por conceder licencias “a base de poder político o influencias”.
