Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (19 de julio de 2021) – Un grupo de empresarios que representan a las grandes cadenas estadounidenses, cadenas de supermercados locales, importadores y distribuidores de alimentos se aprestan a demandar al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por la interrupción del flujo de alimentos importados por medio de la aplicación injustificada de reglamentos que pretenden garantizar la sanidad vegetal, el control de plagas y la frescura de los productos.
La acción del grupo de empresarios representa una verdadera rebelión del sector privado contra las intervenciones presuntamente caprichosas del personal del Departamento de Agricultura (DA) y contra las inspecciones efectuadas en supermercados por personal del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) y ordenadas por su secretario, Edan Rivera Rodríguez.
De acuerdo con una fuente de EyBoricua.com, la radicación del pleito en los tribunales dependerá de los resultados de una reunión que el grupo de empresarios sostendrá con el gobernador Pedro Pierluisi el próximo jueves o viernes en la Fortaleza.
Además, en la citada reunión los empresarios informarán al gobernador su rechazo a los planes esbozados por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, de subsidiar los pagos del impuesto al inventario que deben realizar los pequeños y medianos comerciantes.
Según la fuente, los empresarios consideran que los planes revelados por Cidre Miranda representa una acción discriminatoria contra las grandes cadenas y contra los distribuidores de de todo tipo de productos, que deben mantener amplios almacenes para satisfacer la demanda local.
En la reunión los empresarios esperan convencer al gobernador de que los secretarios del DA y del DACO han actuado de manera caprichosa e injustificada contra la industria de alimentos y que tales acciones deben detenerse.
Las quejas se centran con especial énfasis contra las inspecciones ordenadas por González Beiró para detener embarques de alimentos importados que han cumplido con la reglamentación que imponen las autoridades federales, utilizando disposiciones de reglamentos locales.
Alegadamente, el DA estaría incurriendo en una doble fiscalización que aumenta los costos e impone restricciones al libre tránsito de la mercancía.
La fuente indicó que los empresarios alegan que las inspecciones del DA resultan en la paralización del libre flujo de furgones cargados de alimentos o retardan la entrega a los supermercados de algunos productos, lo que afecta a los consumidores.
Entre las empresas afectadas figuran las cadenas estadounidenses Walmart y Sams, los supermercados Econo, Selectos y las empresas de distribución de alimentos Puerto Rico Supply y Caribbean Produce.
El pasado 30 de junio trascendió que los inspectores del DA se incautaron de un vagón de plátanos mondados procedentes de Costa Rica, utilizados como materia prima para la elaboración de platanutres. La incautación fue justificada por incumplir, presuntamente, con los reglamentos del DA que pretenden proteger la salud del consumidor.
Un comunicado de prensa distribuido ese día por el DA, cita a González Beiró señalando que “no toleraremos que los alimentos que regulamos entren a la Isla sin que cumplan con un control integral de la inocuidad de los alimentos. Ese no fue el caso del vagón incautado hoy que contenía 889 cajas de plátanos”.
González Beiró también señaló que todo vagón de alimentos que llega a la Isla tiene que ser inspeccionado por un inspector del DA al momento de su apertura. “Si se abrió sin antes ser inspeccionado, automáticamente, los alimentos importados se deben decomisar o volver al lugar de origen, sostuvo el secretario.
Fuentes de EyBoricua.com indican que las intervenciones contra embarques de alimentos importados, frescos y congelados, han continuado lo que ha trastornado los calendarios de entrega de productos a las cadenas de supermercados. Según la fuente, en ocasiones los embarques son incautados y en otras ocasiones el permiso para su distribución se retrasa por varios días, lo que ha generado en escasez y ausencia temporal de productos en los establecimientos.
De hecho, el pasado 21 de junio durante una entrevista en una estación de radio González Beiró llegó al extremo de sugerir a las cadenas de supermercados el precio de venta de los plátanos de cosecha local. El secretario indicó que el precio por unidad a nivel de finca es de 20 centavos, por lo que los supermercados podrían ofrecer tres plátanos por un dólar.
«Tenemos una sobreproducción de plátano en estos momentos. La exhortación a las cadenas de supermercados, más bien el reto que le lanzamos, es a que presenten precios más agresivos al consumidor», señaló el funcionario.
Los empresarios sostienen que el pasado mes de abril y por órdenes del secretario de DACO, Edan Rivera Rodríguez, los inspectores de la agencia realizaron inspecciones sorpresa en 116 supermercados en toda la Isla que produjeron 23 multas administrativas. Del total de multas, 17 fueron impuestas por no presentar información para constatar el cumplimiento con la orden de congelación de precios en vigor; cinco por violación al margen bruto de ganancia congelado; y una por calidad y seguridad en el producto expuesto para la venta.
Según el secretario, en muchos casos los incumplimientos obedecen al desconocimiento de las órdenes y reglamentos de DACO. “Nuestro fin no es multar, sino que los comercios cumplan con las leyes, reglamentos y órdenes que, como agencia, venimos obligados a fiscalizar para proteger los derechos de los consumidores. Si detectamos algún tipo de incumplimiento, estamos obligados a emitir las multas que procedan, pero lo que queremos es que los comercios no se expongan a este tipo de situaciones, y eso se logra acatando las disposiciones vigentes”, señaló Rivera Rodríguez.
Existen sospechas entre los empresarios de que las intervenciones de DACO y el DA son acciones concertadas que pretenden sancionar la importación de alimentos frescos o congelados con el aparente objetivo de favorecer el producto local. No obstante, es ampliamente conocido que, con algunas excepciones, la producción local agrícola no satisface la demanda, lo que obliga a los distribuidores de alimentos a importar productos desde Costa Rica, República Dominicana, México, Colombia y Guatemala, entre otros.
Sobre el propuesto subsidio para que los pequeños y medianos comerciantes resulten exentos del impuesto al inventario, la fuente indicó que los empresarios consideran que eximir a las pequeñas y medianas empresas y conservar el impuesto para las grandes empresas es un evidente discrimen contributivo. Cidre Miranda ha sostenido que el subsidio garantizará que los municipios continúen recaudando $280 millones de dólares anuales por medio del impuesto al inventario mientras se libera a las pequeñas y medianas empresas de la responsabilidad de pagarlo.
