Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua
San Juan (21 de mayo de 2021) – El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, reveló que mantiene una serie preocupaciones sobre el aumento en el precio de la leche fresca decretado la pasada semana por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y que, alegadamente, se realizó atendiendo una solicitud de las plantas elaboradoras como resultado de un aumento en sus costos de producción.
Rodríguez Rivera indicó que entre las “preocupaciones” figura por qué el alza aplica solo a la leche fresca y se excluyó a la leche UHT; por qué el aumento será decretado en dos etapas, y si los informes económicos utilizados para justificar el aumento estaban actualizados a la situación económica presente.
A partir del 27 de mayo de 2021 entrará en vigor el aumento al precio de la leche fresca y se espera que para el mes de agosto la ORIL decrete un aumento adicional que pretende atender el alza en el costo del alimento concentrado para las vacas que ha experimentado el sector ganadero.
En los pasados días, Rivera Rodríguez le reveló a EyBoricua.com que ayer jueves sostendría una reunión con los directivos de la ORIL y que la semana próxima (antes del 27 de mayo) emitirá un informe con la posición de DACO sobre el aumento. El funcionario dijo que la opinión de DACO tiene el objetivo de proteger el interés de los consumidores, pero aclaró que la agencia carece del poder de veto sobre las determinaciones de la ORIL.
“Nosotros podemos emitir un informe indicando que no estamos de acuerdo con el aumento y ellos (la ORIL) puede imponer el precio”, dijo el secretario de DACO.
Una enmienda efectuada en 2015 a la Ley 34, conocida como la Ley de la Industria Lechera, ordenó la participación de DACO en las vistas para aumentar el precio de la leche y producir un informe sobre las razones económicas que justifican el alza.
Rivera Rodríguez indicó que una de las “preocupaciones” se refiere a que el alza solo aplica a la leche fresca procesada por las plantas Suiza y Tres Monjitas y excluye otros productos como la leche UHT o leche de larga duración elaborada a través del sistema de alta temperatura conocido como “Ultra-High Temperature”.
Diversas voces del sector agrícola han señalado que aumentar el precio de la leche fresca beneficia a la leche UHT importada y la producida por la planta Indulac, que pertenece a la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (COOPPLE), integrada por ganaderos. De hecho, Indulac, que absorbe los excedentes de leche local, domina el mercado de leche UHT.
“Esa es una de las cosas (la exclusión de la leche UHT) que vamos a discutir con la ORIL”, dijo Rivera Rodríguez.
A partir del 27 de mayo de 2021 entrará en vigor el aumento al precio de la leche fresca que les permite a las plantas determinar el precio entre 11 centavos y 20 centavos adicionales por cada cuartillo de leche; entre 22 centavos y 39 centavos para el medio galón (64 onzas) y entre 41 centavos y 74 centavos para el envase familiar de 120 onzas. El cuartillo podría subir entre $1.64 hasta $1.73, el medio galón entre $3.28 y $3.45 y el envase familiar entre $6.14 y $ 6.47.
La leche UHT se mantendrá en $1.95 el cuartillo.
De la información provista por la ORIL se desprende que no se le reconoció aumento al sector detallista, cuyo margen de ganancia se mantuvo en 10 centavos por cuartillo.
Otro asunto que el secretario de DACO se propone discutir es por qué la ORIL seccionó el alza en dos etapas, el primer aumento para las plantas, que entrará en vigor el 27 de mayo, y el inminente aumento que efectuará en agosto para satisfacer el incremento en el costo de los alimentos en el sector ganadero.
Rivera Rodríguez dijo otro asunto que discutirá con la ORIL es si los informes de costos de las plantas estaban actualizados a la situación económica presente o si corresponde a información de años anteriores. A pesar de que la Ley 34 le ordena a la ORIL revisar el precio de la leche cada 4 años, la oficina no había examinado el precio desde 2014.
“Vamos a discutir unos asuntos bien puntuales. Queremos saber cuál fue el racional que utilizaron ellos (la ORIL)”, indicó el secretario, quien agregó que los economistas de DACO ya tienen un borrador del informe que emitirá la agencia.
Por su parte, Carlos La Santa, quien fue subsecretario de DACO entre 1995 y 1998 y ha sido asesor de los ex secretarios Michael Pierluisi y Carmen Salgado, dijo que el alza de precios beneficia a Indulac y coloca a las plantas Tres Monjitas y Suiza en una competencia que puede ser destructiva.
“Me preocupa que la gente se va ir al precio más bajo, que es la leche UHT. Este aumento pone a competir a las dos pantas y tal parece que hay la intención de sacar a alguien del mercado. Eso me preocupa. A mí no me cuadra que un precio fijado por el gobierno ponga a competir a dos plantas, mientras se la da una ventaja competitiva a Indulac. Aquí no ha más na’, este aumento beneficia a Indulac, que tiene el precio más bajo”, dijo La Santa.
Agregó que tradicionalmente la ORIL decretaba precios para todos los tipos de envases de leche y se miraba la industria lechera en su totalidad, incluyendo la leche fresca y la leche UHT.
“Esta orden de precios tiene problemas porque no está de acuerdo con los principios de la Ley 34. Si es un mercado regulado, debe haber un precio razonable para todos las partes y no una ventaja competitiva para una de las partes”, dijo La Santa.
Sostuvo que no entiende «por qué la ORIL dejó para agosto la evaluación para decretar un alza en el precio para compensar a los ganaderos. Antes se decretaba un aumento para todos los sectores a la vez. Y la ORIL no revisa el precio desde 2014. ¿Están esos datos económicos al día? He sabido que hay información del 2016 y del 2018… ¡pero estamos en el 2021!”.
Indicó que la ORIL les permitió a las plantas una ganancia de entre 14 centavos y 23 centavos por cada dólar invertido para producir leche y, además, en el análisis para decretar el alza se permitió considerar el dinero no recibido por el llamado “devengado”, que es una partida de $14 millones que paga el gobierno, como resultado de un acuerdo entre la administración de Alejandro García Padilla, tras el caso presentando por las plantas procesadoras en el Tribunal Federal.
El “devengado” deberá estar vigente hasta el 2026 o hasta que se logre recaudar $180 millones.
“Yo no sé si eso es legal porque la partida para pagar el devengado es parte del dinero congelado por la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo La Santa.
