México (19 de abril de 2021) – Un grupo de mujeres trans se manifestó este lunes en una de las calles más relevantes de la Ciudad de México para reclamar justicia por el transfeminicidio en 2016 de Paola Buenrostro, tras años denunciando incumplimientos de las autoridades.
«Queremos que se haga justicia en nombre de ella», dijo Kenya Cuevas.
La activista, quien también dirige la asociación Casa de Muñecas Tiresias, vivió en primera persona en septiembre de 2016 el asesinato de Buenrostro, que era trabajadora sexual y fue asesinada, según recuerda Cuevas, por un cliente que terminó confesando pero que no está en prisión.
Casi un lustro después de los hechos, las mujeres transexuales presentes en el lugar -el mismo punto a donde llevaron el cuerpo de Buenrostro cuando fue asesinada- lograron bloquear la avenida de los Insurgentes para pedir que se cumpla la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitida en 2019, de la que no se ha cumplido «ni un solo punto».
La recomendación 02/2019 fue fruto de una investigación exhaustiva de la comisión y, una vez formulada, fue aprobada por Ernestina Godoy, actual fiscal general de Justicia en la capital.
«Hubo un incumplimiento de la Fiscalía. Hace dos años salió una recomendación por la violación a los derechos humanos en el caso de Paola Buenrostro. Gracias a que se hizo una investigación donde logró documentar que hubo violaciones y se hicieron puntos recomendatorios que hasta el momento no fueron cumplidos», detalló Cuevas.
Las manifestantes aseguraron que no se moverían del lugar hasta que Godoy las recibiera en una audiencia abierta para tratar el necesario cumplimiento de la recomendación.
Finalmente Godoy no las atendió y están esperando una respuesta por parte de otras autoridades para lograr una reunión con otro funcionario.
Cuevas aseguró que, en lo que va del año, 180 mujeres trans fueron asesinadas en todo México y lamentó que en las fiscalías y otras instituciones tanto ella como sus compañeras son revictimizadas y no escuchadas.
«Deberían estar personas certificadas que atiendan los casos de víctimas y más cuando implica a la comunidad LGBT», dijo.
Por la inacción de la Fiscalía, las manifestantes exigieron en un comunicado el cumplimiento inmediato de siete peticiones.
La primera consiste en la calendarización de las acciones de cumplimiento de la recomendación para que sean concretadas este año. En segundo lugar instaron a revisar al personal adscrito a derechos humanos de la Fiscalía para garantizar que cuente con funcionarios capacitados y sensibilizados con la comunidad LGBT.
Asimismo, pidieron que se elabore un protocolo de atención a dicha comunidad, que se otorguen medidas de atención médica especializada a Cuevas y que se inicie el proceso de cuantificación de la indemnización para la reparación del daño.
Por último, instaron a las autoridades a que cesen las «acciones de confrontación y revictimización» de la activista por parte de personal de la Fiscalía, y el establecimiento de un «diálogo respetuoso» con las víctimas.
