Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (10 de marzo de 2021) – En lo que representa una seria amenaza para la salud de toda la comunidad puertorriqueña, las aseguradoras que proveen planes de salud privados y que administran la cubierta de salud del gobierno local y del gobierno federal como Medicare y Medicaid, han reducido de forma unilateral desde un 30% hasta un 70% de las tarifas para más de 150 pruebas médicas, lo que podría provocar que muchos laboratorios se abstengan de realizarlas porque el pago que reciben no alcanza para satisfacer sus costos.
La situación, que fue denunciada hoy por la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) y varias entidades sin fines de lucro que apoyan a pacientes de diversas condiciones de salud, se manifiesta tanto en los planes médicos públicos y privados, lo que implica que el efecto en la reducción de tarifas afectará potencialmente a los 3.1 millón de habitantes que existen en la isla.
Pero los más afectados sería la población de escasos recursos y sectores con una mejor condición económica, pero que carecen de los recursos financieros para completar el pago de las pruebas que los planes médicos se niegan a pagar.
Alexis Amador, tecnólogo médico y presidente de la ALC, reveló que las acciones unilaterales de los planes de salud no se limitan a las tarifas, sino que los planes de salud también han reducido la frecuencia permitida para realizar determinadas pruebas, lo que pone en grave riesgo de salud a los pacientes con condiciones que requieren un continuo monitoreo químico.
“La reducción en tarifas se viene dando desde el 2012 , pero mayormente desde el 2016 cuando se comenzó a usar en Puerto Rico como referencia las tarifas de los Centros de Servicio de Medicare & Medicaid Services, que son las tarifas más bajas porque son tarifas de beneficencia”, dijo Amador.
El presidente del ALC indicó que en la medida que los laboratorios rechacen hacer pruebas por debajo del costo, se verán obligados a referir a los pacientes a laboratorios de referencia fuera de su área geográfica, lo que dificultará más su situación de salud y la posibilidad de que no le realicen la prueba. Indicó que en la isla existen más de 800 laboratorios clínicos comunitarios, la mayoría de los cuales son operados por dueños individuales “donde no hay forma de mitigar dichas reducciones de cubierta”.
La más de 150 pruebas afectadas por las reducciones de tarifas se emplean en el diagnóstico y tratamiento de más de 60 condiciones de salud como diabetes, cáncer, tiroides, VIH, hemofilia, alergias, corazón, epilepsia y pulmón, afecciones gastrointestinales, renales, hepáticas y condiciones genéticas, entre otras.
“Han llegado hasta el extremo que solo pagan $20 de una prueba que cuesta $300. En otras pruebas que cuentas $30 solo pagan y $10, y si el paciente no tiene el dinero para completar la prueba, pues se puede quedar sin su prueba, si no consiguen otro laboratorio de referencia que se le haga”, sostuvo Anthony Llanes, director ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de Hemofilia y Condiciones de Sangrado.
Llanes indicó que los pacientes de hemofilia con condiciones de sangrado se verán entre los más afectados porque necesitan pruebas con frecuencia para detectar cambios en su sangre.
“Limitar la frecuencia puede llevar a problemas de sangrado y causar hospitalizaciones prolongadas”, dijo Llanes.
Incluso, la reducción de la frecuencia en las pruebas por los planes de salud incluye las pruebas para detectar la presencia del COVID-19 y otras pruebas necesarias para detectar la evolución de enfermedades como cáncer, los padecimientos del riñón y su interacción con las quimioterapias o pruebas tan conocidas como aquellas para detectar sangre oculta, para identificar la presencia del dengue o parásitos, denunció el doctor Juan Rexach, vicepresidente de la ALC.
“Nos preocupa el impacto que esto puede tener en los pacientes porque en muchos casos, ni siquiera tendrán la opción de pagar directamente la diferencia que no cubre su plan ya que algunas aseguradoras lo impiden y amenazan con cancelar el contrato del laboratorio que así lo haga. Esta situación no deja otra alternativa que dejar de hacer esas pruebas o referirlos a uno de los pocos laboratorios de referencia existentes. Esto podría provocar el cierre de laboratorios”, dijo Rexach.
Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, señaló que es necesario que los pacientes con diabetes puedan realizarse las pruebas de laboratorios para mantener en control su condición y minimizar complicaciones.
Ante la amenaza que representa para la salud del país la determinación de los planes de salud de reducir la tarifas y la frecuencia de las pruebas médicas, la ALC llevó sus reclamos al Secretario de Salud, Carlos Mellado; al Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu; a los presidentes de las comisiones de salud en la Legislatura y a la Administración de Seguros de Salud sin lograr mucho éxito.
Según dijo Amador, tras las visitas el gobierno no ha sido capaz de articular una alternativa para lidiar con el problema. Denunció que los directivos de las comisiones de Salud en la Legislatura no han accedido a reunirse para dialogar sobre el particular y recordó que en la Oficina del Comisionado de Seguros existe una querella sobre la situación desde el 2016 y hasta el día de hoy no ha sido atendida.
“Este no es un asunto de un problema de tarifas entre un proveedor y la aseguradora, es un problema de salud de los pacientes, porque se reducen las opciones de los pacientes para atender sus problemas de salud”, dijo Amador.
La ALC sostuvo que el gobierno tiene la obligación de controversia y propuso la estandarización de las tarifas de las pruebas de laboratorio para que todos los planes médicos paguen tarifas similares. Además, señaló que es urgente realizar una profunda evaluación de costo real de las pruebas para que las tarifas respondan a la realidad de los costos en Puerto Rico.
