Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (13 de enero de 2021) – Los camioneros y transportistas del país se hallan en franca ruta de colisión con la administración de Pedro Pierluisi debido a que el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) se apresta a acatar la solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se detenga el alza de 15% en las tarifas de transportación, lo que podría causar un paro nacional y la primera gran crisis del nuevo gobierno.
“Esto se está calentando”, sostuvo Víctor Rodríguez, presidente del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FAC), en alusión a la aparente intención del nuevo presidente del NTSP, Jaime de la Fuente González, de cumplir con el pedido de la JSF para que se paralice el alza en las tarifas de transporte que decretó el ex presidente del NTSP, Luis García Fraga, el pasado 23 de diciembre.
“Si el gobernador Pedro Pieluisi no quiere tener su primer gran problema es mejor que no dé paso a la paralización de las tarifas que está pidiendo la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros vamos a continuar cobrando las tarifas. El problema será del gobierno si acepta que sean anuladas las tarifas como pide la Junta”, indicó Rodríguez.
El líder sindical sostuvo que la semana pasada tuvo una conversación con González sobre la solicitud de la JSF para que se paralicen las nuevas tarifas. Indicó que en la conversación el funcionario dio indicios de que se propone acatar el pedido de la JSF.
“Yo le dije (a González ) que le presentara el asunto al gobernadora Pierluisi para que él tome una decisión. Le dije que la aprobación de las tarifas se trata de un acto de justicia porque las tarifas no han sido revisadas en 15 años. Ahora el gobernador Pierluisi, que fue abogado de la JSF, tendrá la oportunidad de probar si defenderá los intereses de la Junta a los intereses de los trabajadores”, dijo Rodríguez.
Reveló que, según información vertida por el NTPS, la JSF desea que tras la paralización de las tarifas, el organismo estatal debe celebrar una nueva ronda de vistas públicas.
“Quieren celebrar vistas públicas para luego derogarlas (las tarifas). Ya hubo vistas públicas en el NTSP y no hubo oposición alguna y ellos (la JSF) no comparecieron aunque fueron invitados”, indicó Rodríguez.
EyBoricua.com solicitó una entrevista con Jaime de la Fuente González, pero su portavoz de prensa, Leticia Jover, indicó que el funcionario recientemente había asumido las responsabilidades del cargo y participaba de múltiples reuniones. Aunque Jover nunca dijo que Fuente González no ofrecería reacciones a los pedidos de la JSF, EyBoricua.com jamás recibió unas declaraciones del funcionario.
El presidente del FAC reiteró su amenaza de convocar a una “asamblea permanente” de los camioneros y transportistas del país, si el NTPS decide paralizar las nuevas tarifas. Una asamblea permanente equivale a un paro de la transportación comercial en la isla, porque los miembros de la FAC se negarían a mover la diversidad de vehículos que conducen y que incluye camiones de arrastre de furgones, de tanques de combustible, químicos y carga general. También comprende el transporte de asfalto, cemento, bloques, agregados, piedra y arena.
Además, el universo de transportistas está integrado por conductores de taxis, transportistas de mercancía liviana, ambulancias, grúas y vehículos para transportar turistas.
Un paro de la transportación comercial podría causar estragos en la endeble economía local, que ya ha sido lesionada seriamente por los cierres ordenados por el gobierno para lidiar con la pandemia. En el 2005 la FAC paralizó la transportación comercial debido a la renuencia de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de aumentar las tarifas. Finalmente, debido al fuerte impacto del paro, el gobierno autorizó el aumento de tarifas.
Rodríguez insistió en que las nuevas tarifas es una medida de justicia debido a “los altos costos que conlleva el mantenimiento de los camiones y el consumo de combustible”. Además de las nuevas tarifas, el decreto emitido por el NTPS reconoce que los transportistas y camioneros pueden agregar a la tarifa un ajuste por el gasto de combustible, que permite cobrar entre 1 centavo y 66 centavos, según el precio vigente por galón de combustible, ya sea gasolina o diesel.
“Las tarifas no son un asunto de jurisdicción de la JSF. Los camioneros son dueños de sus propios camiones y son concesionarios, son empresas privadas y la jurisdicción de la JSF es exclusivamente con el gobierno y con el presupuesto del gobierno. Los camioneros no son empleados del gobierno y sus ingresos no vienen del presupuesto del gobierno”, explicó Rodríguez.
Señaló que el NTPS establece la tarifas de acuerdo a los factores que elevan el costo de operar y mantener los vehículos. “Las tarifas las cobran los concesionarios y las pagan a empresas del mercado y los consumidores. Las tarifas de transporte no son pagadas con fondos del gobierno, Por esa razón la JSF no tiene jurisdicción en este asunto. Las tarifas no han sido revisadas por 15 años y el aumento de 15 % decretado por el NSTP es una medida de justicia para los camioneros y transportistas”, agregó el líder sindical.
Luego de que García Fraga decretó el aumento de tarifas el 23 de diciembre, al día siguiente, el 24 de diciembre, Jaresko le envió una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoramiento Financiero, para que detenga las nuevas tarifas porque afectarán la economía. Según Jaresko, las nuevas tarifas “amenazan con perjudicar a las empresas y el crecimiento económico, al aumentar los costos de transporte de carga”. En la misiva Jaresko dijo que García Fraga rechazó “la autoridad y mandato” de la JSF para revisar las tarifas y un nuevo reglamento del NTSP.
De acuerdo con Jaresko, el nuevo reglamento de la NTSP impone nuevas categorías de multas administrativas y establece un salario mínimo para los operadores de vehículos de motor comerciales. La funcionaria federal también sostuvo que el plan certificado del gobierno ordena eliminar fletes ineficientes en la isla y específicamente menciona eliminar el cargo que aplica a la transportación terrestre.
