Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (26 de noviembre de 2020) – El administrador de los Sistemas de Retiro y director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo Rodríguez, reveló hoy que próximamente estará emitiendo una carta circular advirtiendo a los empleados públicos que llenar los formularios para la ventana del retiro que provee la Ley 80 del 2020 y que actualmente se están distribuyendo en todas las agencias, corporaciones públicas y municipios, no significa que ya son candidatos a la jubilación sino que deberán esperar a la determinación que tome la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El anuncio de Collazo Rodríguez representa un nuevo capítulo en la comedia de errores que ha cometido la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con la aprobación de las leyes de retiro 80, 81 y 82 en agosto pasado y cuya implementación ha sido rechazada por la JSF debido a su alto costo y la falta de recursos del gobierno.
Collazo Rodríguez hizo las expresiones durante su participación en las vistas del Comité de Transición, donde fue cuestionado por el presidente del comité de transición entrante, Ramón Luis Rivera, quien preguntó qué pasará con los empleados públicos que se acojan al retiro si la JSF logra anular las leyes del retiro en el Tribunal Federal.
“¿Qué pasaría si nos tumban la ley en los tribunales y los empleados que se acogieron,… 1,000, 2,000 o 3,000 empleados, están en su casa recibiendo la pensión y de momento reciben una carta de que ya no van a recibir más la pensión?”, preguntó Rivera, quién también es el alcalde del pueblo de Bayamón.
“El gobierno le notificó a la JSF que no vamos a continuar con la implementación de la ley, no vamos a permitir que los empleados se separen del servicio hasta tanto la JSF lo apruebe. Ya estamos preparando una carta circular para que los empleados interesados llenen los formularios, pero indicando claramente que ningún empleado se puede retirar hasta tanto que el gobierno apruebe esa separación, porque se llegó a un acuerdo con la JSF. Ningún empleado se podrá separar de su puesto hasta tanto no haya un acuerdo con la JSF”, sostuvo Collazo Rodríguez.
El anuncio del funcionario acontece en momentos cuando miles de empleados públicos ha estado recibiendo charlas sobre la Ley 80, y llenando un formulario de elegibilidad al retiro, que debería entrar en vigor en algún momento entre el 2021 y el 31 de diciembre del 2022, que es la fecha para que finalice la vigencia de la ventana de retiro.
De hecho, Collazo Rodríguez reconoció que tras recibir los formularios el gobierno podrá saber con exactitud la cantidad de empleados públicos que aspiran a la jubilación de un universo definido como 6,934 de empleados de la ley 447 de 1951, y 11,000 empleados de la ley 1 de 1990, para un total de 17,934 empleados públicos elegibles al retiro.
Además, según indicó el funcionario, los aspirantes al retiro que surjan de los formularios será la pieza de negociación principal con la JSF. Un aspecto de vital importancia es que las agencias, las corporaciones públicas y los municipios deberán informar cuáles de los empleados que se acogerán al retiro son esenciales para ofrecer los servicios públicos, lo que implica que esos puestos se deberán llenar con nuevos empleados o empleados sustitutos de la misma agencia.
Y es esa información, precisamente, la que en gran medida determinará el futuro de la ley 80, pues la JSF ha sostenido que parte del costo de la ventana de retiro proviene de las plazas que se deberán llenar porque se consideran esenciales. La ventana de retiro propuesta por la Ley 80, garantiza un pago de jubilación mensual vitalicio equivalente al 50% del salario que ganaba el empleado público al momento de su jubilación.
El gobierno ha dicho que la Ley 80 produce ahorros, pues las agencias, las corporaciones públicas y los municipios podrán retener el 50% de la nómina de los empleados que se acojan a la jubilación. Pero la JSF ha sostenido que las ventanas de retiro anteriores habilitadas en el gobierno no han generado ahorros porque inmediatamente se reclutaron nuevos empleados para llenar las vacantes, lo que implica que el gobierno, además de pagar la pensión de los jubilados, también asumirá el gasto de nómina de los nuevos reclutamientos.
De acuerdo con una carta circular emitida por el gobierno el pasado 14 de octubre, las dependencias públicas deberán aprobar un plan escalonado de jubilación, que le permite retener a los llamados “empleados esenciales” hasta el 31 de diciembre del 2022. Tras lo cual, se entiende, las agencias deberán comenzar a reclutar personas para llenar las vacantes que consideren esenciales.
Los aspectos de esa negociación entre el gobierno y la JSF y la posición que asumirá la administración del gobernador entrante Pedro Pierluisi ante el organismo federal, no fue parte de la discusión que tuvo lugar hoy en las vistas del Comité de Transición.
En las vistas públicas Collado Rodríguez también indicó que con una deuda de $97 millones, el municipio de San Juan es el mayor deudor al sistema de pago de retiro para los empleados públicos por el Fondo General, conocido como ‘Pay as you Go’. Le siguen el municipio de Toa Baja con $8 millones, Mayagüez con $6 millones, Ponce con $6 millones, Arecibo con $5.6 millones, Guaynabo con $4.3 millones, Caguas con $3.8 millones, Carolina con $3 millones, Santa Isabel con $2 millones y Cabo Rojo con $1.3 millones”.
El funcionario también reveló que el edificio de los Sistemas de Retiro en la Avenida Ponce de León, que sufrió pérdidas por $31.5 millones durante el huracán María, logró un acuerdo por arbitraje con una aseguradora para recibir una compensación por $4.8 millones. El monto restante de las pérdidas serán sufragadas por FEMA, según indicó Collado Rodríguez.
