Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (20 de octubre de 2020) – Dos representantes de los empleados del gobierno le exigieron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se exprese antes de las elecciones si avala una ventana de retiro que la pasada semana la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced puso en vigor y que representará un alza de entre $400 y $600 en el pago mensual de la pensión vitalicia que recibirán los que se acojan al retiro.
Juan Molinary, delegado de la Unión General de Trabajadores en el Departamento de Hacienda, y Ángel Maldonado, quien preside la página de Facebook “Empleados Públicos Ley 447 queremos nuestro retiro”, que es visitada por miles de empleados públicos que desean retirarse, también le exigieron a los candidatos a la gobernación que expresen cuál será su política pública sobre la Ley 80 del 2020, que autorizó una ventana de retiro para la mayor parte de las agencias del gobierno.
También exigieron que se expresen sobre la Ley 81, que permite una venta de retiro para los policías, los guardias penales del Departamento de Corrección, los bomberos y los empleados de otras agencias de seguridad.
Ambas ventanas de retiro garantizan una pensión que oscila entre el 50% y el 55% del salario que reciben actualmente los empleados públicos. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
Los dos representantes de los empleados del gobierno indicaron que la puesta en vigor de la ventana de retiro de la Ley 80 ha generado gran incertidumbre porque se desconoce si la JSF avala la iniciativa y además, la carta circular que el gobierno emitió la pasada semana para ofrecer detalles de la venta de retiro, no hace mención del organismo federal. Sobre la ventana de retiro que avaló la Ley 81 el gobierno no ha realizado expresiones.
“La JSF y los candidatos a la gobernación se deben expresar sobre las ventanas de retiro antes de las elecciones, para que los empleados públicos decidan si deben o no votar en las próximas elecciones”, dijo Maldonado.
Indicó que la mayor preocupación de los empleados públicos con edad para el retiro es que las ventanas de retiro aprobadas no tienen el aval de la JSF.
“Hay una crisis nerviosa en muchos empleados públicos porque no saben si la ventana de la ley 80 fue aprobada por la JSF y nadie se ha expresado sobre eso, ni la JSF ni el gobierno”.
“Le solicitamos a la señora Jaresko (Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF) que si no se llega a un acuerdo sobre las ventanas de retiro, ante de las elecciones, que las medidas sean mantenidas con vida y que se retome el tema en enero del 2021, cuando entre un nueva administración, y que se abra un espacio para, si es necesario, buscar fondos recurrentes para las ventanas de retiro y para que otros sectores de la sociedad presenten ideas sobre cómo financiar las medidas”, agregó Molinary.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se ha opuesto a las leyes 80 y 81 debido a que el gobierno carece de la capacidad económica para satisfacer las pensiones vitalicias que prometen las dos leyes. También se ha manifestado en contra de la ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros.
Pero hasta ahora la JSF no ha emitido una declaración oficial porque, alegadamente, están evaluando la información financiera provista por el gobierno sobre el efecto de las ventanas de retiro en el gobierno, según indicó la semana pasada Edward Zayas, portavoz del organismo fiscalizador federal.
Jaresko ha amenazado con acudir al Tribunal Federal para solicitar la anulación de las tres leyes si el gobierno insiste en ponerla en vigor, antes de que el organismo federal evalúe su impacto fiscal.
El líder sindical agregó que el gobierno debe garantizar que los ahorros que generen las ventanas de retiro, al pagar en pensión solo el 50 % del salario, se materialicen en el fondo general y se evite reclutar nuevos empleados. Molinary mencionó que en el pasado, según ha denunciado la Oficina del Contralor, las ventanas de retiro no han producido ahorros porque el gobierno ha iniciado de inmediato la contratación de nuevos empleados.
“Creemos que esas plazas deben ser llenadas por el personal de las mismas agencias y no traer gente de afuera”, dijo Molinary.
Maldonado también llamó la atención para que se aclare la situación de miles de empleados públicos que no se podrán acoger a la ventana de retiro de la ley 80 porque sus salarios se pagan en parte con fondos federales y con fondos locales, lo que los coloca en un limbo administrativo a pesar de que aportan al sistema de retiro.
La carta circular de la Ley 80 tiene fecha del pasado miércoles 14 de octubre y está firmada por el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, y por la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris Santos Díaz.
EyBoricua.com solicitó entrevistar a Collazo Rodríguez pero aún no se había recibido una respuesta oficial del portavoz de prensa de los Sistemas de Retiro, Carlos Ramos.
EyBoricua.com además solicitó una respuesta de la gobenadora a la interrogante sobre si la ventana de retiro de la ley 80 fue avada por la JSF. Mariana Cobián, ayudante de prensa de Vázquez Garced, no había respondido a la solicitud.
Por último, Molinary y Maldonado le indicaron a los empleados públicos que no respalden con sus votos a los legisladores que aún están en la legislatura y aspiran a la reelección, pero que en el 2013 aprobaron la Ley 3, que redujo las pensiones de los empleados públicos al 38% del salario. Indicaron que las ventanas de retiro de las leyes 80 y 81 le hacen justicia al empleado público porque eleva las pensiones al 50 % del salario.
