San Juan, 16 oct (EFE News) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico sugirió este viernes al Gobierno de la isla expandir al 30 de septiembre de 2021 la cobertura de Medicaid a más de 200,000 puertorriqueños durante la pandemia de COVID-19, siempre y cuando se cumplan varias condiciones.
La expansión temporal de Medicaid, el equivalente a Vital -plan de salud de Puerto Rico- caducará para dicha fecha, pues es cuando se expira el aumento de los fondos de Medicaid a la isla proporcionados por el Gobierno federal, según se explicó en un comunicado de prensa.
Por ley, el Gobierno federal solo cubre el 55% de los gastos de Medicaid de Puerto Rico con un límite máximo anual establecido actualmente en 390 millones dólares.
No obstante, el Gobierno federal amplió temporalmente esa cobertura al 82.2% actual.
Según dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF en el comunicado, la posible pérdida de fondos federales provocaría que una expansión permanente de Vital, de entre $300 millones y $600 millones, sea inaccesible para el Gobierno local bajo su actual crisis fiscal sin un aumento equitativo permanente o a largo plazo en los fondos de Medicaid federal.
«Medicaid ha sido un salvavidas para casi el 40% de los puertorriqueños, y la pandemia mundial ha demostrado lo importante que es un seguro médico confiable, particularmente para muchas familias que luchan por encontrar servicios médicos asequibles», afirmó Jaresko.
«Cuando haya fondos federales disponibles, estamos de acuerdo en que debemos tratar de encontrar una manera de maximizar su uso de manera eficiente y fiscalmente responsable. Junto con el Gobierno, creemos que hemos encontrado la manera de hacerlo durante la actual crisis de salud», enfatizó.
La JSF propuso la expansión temporal a través de un programa especial vinculado a la declaración de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la declaración de emergencia de salud pública del secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, con relación al COVID-19.
La emergencia de salud pública permite al Gobierno de Puerto Rico utilizar la Sección 1135 de la Ley del Seguro Social, que exime de ciertos requisitos para una Enmienda del Plan Estatal (SPA, en inglés) con el Gobierno federal, definiendo cómo se administra Medicaid.
El Gobierno estadounidense, por su parte, buscará la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para aprobar rápidamente un SPA que aumentaría temporalmente la elegibilidad de la cobertura de Medicaid en Puerto Rico.
Si la emergencia de salud pública termina antes del 30 de septiembre de 2021, el Gobierno de Puerto Rico presentaría un SPA para aumentar el umbral de ingresos a esa fecha.
El Gobierno de Puerto Rico, a su vez, enmendaría los contratos de Vital con las organizaciones de atención administrada (MCO, en inglés) para reflejar que la cobertura de los SPA finalizaría el 30 de septiembre de 2021.
La JSF, por su parte, le requerirá al Gobierno de Puerto Rico que lance una campaña para informar a las personas y familias elegibles, así como a los proveedores de atención médica y las MCO sobre el programa temporal.
Mientras, el Gobierno estadounidense debe identificar ahora los fondos necesarios para pagar la parte que le corresponde a Puerto Rico del programa de seguro médico con fondos federales conocido en la isla como Vital.
Los fondos federales no están garantizados en los niveles que recibe Puerto Rico en este momento.
«Sin esos fondos, el Gobierno de Puerto Rico no puede permitirse ampliar la elegibilidad», dijo Jaresko.
«Es por eso que el Gobierno debe ser directo y claro: la ampliación de la elegibilidad de Medicaid finaliza en septiembre de 2021, a menos que el Congreso apruebe una solución justa a largo plazo para los fondos de Medicaid de Puerto Rico», abundó.
Y luego de reunirse con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez; el secretario de Salud, Lorenzo González, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, la JSF espera información detallada del Gobierno local que detalle la manera en que cambiaría la expansión propuesta con respecto a las cualificaciones de ingresos, así como el aumento esperado de la matrícula temporal.