Por Víctor Alvarado Guzmán
Secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)
Hace poco leí un artículo titulado “Dilema del votante ambientalista”, escrito por la directora ejecutiva del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Brenda Torres Barreto.
En el párrafo final del interesante escrito, la directora expresó algo que me llamó mucho la atención: “el voto ambientalista no espera que los políticos reinventen la rueda. Los emplaza a adoptar propuestas concretas y sostenibles, con base científica, para una recuperación justa.”
Sus palabras me llevaron a repasar el plan de gobierno ambiental del PIP (Ambiente, Soberanía Alimentaria, Planificación e Infraestructura), con el cual he colaborado directamente en su redacción y actualización en las elecciones del 2016 y 2020, y el que Juan Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación, presenta dentro de su propuesta de Patria Nueva.
Al mirar nuevamente las propuestas con detenimiento, resaltó con sorpresa ante mis ojos el cumplimiento de las premisas de Torres Barreto sobre no “reinventar la rueda” y la adopción de “propuestas concretas y sostenibles”.
Basura Cero
En mi aprendizaje diario he visto el esfuerzo de activistas como Jessica Seiglie Quiñones, de la organización Basura Cero, y del amigo ambientalista Javier Biaggi Caballero, entre otras tantas personas, insistiendo en que la “basura” es un recurso económico que se está malgastando y desechando, por lo que hay que promover y motivar a la sociedad puertorriqueña a dirigir sus esfuerzos hacia el rediseño, reducción, reúso, reciclaje y compostaje.
Por eso el PIP adoptó la propuesta de promulgar la Ley Basura Cero, la que establecería la política pública para el manejo de materiales post consumo.
Para darle “vuelta a esta rueda”, hay que crear el Departamento de Recursos Post Consumo (DRPC), el cual sustituirá la otrora Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), actualmente diluida en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Además de insistir en la reducción en la producción de materiales (reciclables o no), hay cosas concretas que deben hacerse, como actualizar el estudio de Caracterización de los Desperdicios Sólidos, identificar productos sobre empacados, restringir el uso de ciertos materiales no reciclables y aprobar una ley para el Reciclaje de Botellas o “Bottle Bill”.
La base de un Plan de Reducción de Materiales Post Consumo debe incluir el desarrollo de plantas municipales de recuperación, procesamiento, venta y exportación de materiales reciclables, especialmente todo tipo de plástico, fibras, metales y botellas de vidrio. Estas plantas de reciclaje municipales podrían manufacturar productos plásticos 100% reciclados.
En lugar de sentarnos a esperar que grandes empresas nos salven, debemos comenzar desde los municipios, proyectos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro, para aumentar urgentemente el por ciento de materiales recuperados y reciclados.
Energía limpia, sostenible y transparente
Gran parte de mi aprendizaje en la calle sobre las luchas ambientales, se lo debo a personas como Jimmy Borrero Costas, Yanina Moreno Febre, Manolo Díaz Pérez, José “Paquito” Saez Cintrón, Luis Martínez Acosta (q.e.p.d), y otras tantas mujeres y hombres valientes que, en Peñuelas, Guayama y otros pueblos, se han levantado para defender sus comunidades y la salud de sus familias.
Las luchas de los pasados 13 años en Peñuelas, primero contra el gasoducto del sur y luego contra el depósito de cenizas tóxicas de carbón, están ligadas directamente con la forma contaminante, excluyente y poco transparente en que el gobierno ha producido energía eléctrica en la isla.
Por eso el PIP ha propuesto crear un Plan Energético Nacional (PEN), en el cual se diseñará claramente la visión del futuro energético limpio, sostenible y transparente del país. Este plan no considerará la incineración de los desperdicios sólidos, quema de carbón, fuentes radiactivas, procesos nucleares ni nuevas plantas de gas metano o natural para la producción de energía.
En el Programa de Patria Nueva de Dalmau, se acogió el modelo de transformación energética propuesto por expertos y organizaciones bajo la propuesta llamada Queremos Sol: Sostenible, Local y Limpio. Esta incluye alcanzar una cartera estándar de energía renovable (RPS por sus siglas en inglés) de 50% para el 2035 y 100% para el 2050, y un objetivo de política de conservación y eficiencia energética de 25% al 2035.
Esto basado en una política pública clara de: (1) Eficiencia, conservación y manejo de demanda; (2) generación distribuida renovable con almacenamiento con el recurso sol y el uso preferente de techos; (3) eliminación acelerada de combustibles fósiles.
Claro está, el primer paso bajo el gobierno de Juan Dalmau será el cierre de la planta de carbón de la empresa AES. Además, se realizarán estudios de aire, terrenos, cuerpos de agua y comunidades cercanas a las instalaciones carboneras de Guayama y en los lugares donde se hayan depositado desperdicios tóxicos de carbón; establecerá legalmente la responsabilidad de la empresa AES en la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas; y no se suscribirá ningún contrato adicional con dicha empresa.
La era de AES en Puerto Rico termina con Juan Dalmau en la gobernación.
Ley de Costas
En el 2006, bajo el liderato de la delegación del PIP, y con el apoyo tripartita, se presentó en las cámaras legislativas un proyecto de Ley dirigido a crear una Ley de Costas para Puerto Rico. El mismo no fue aprobado, por lo que en el 2013 y 2017 el PIP volvió a someter el proyecto. Nuevamente rojos y azules le fallaron al pueblo de Puerto Rico.
Este Proyecto de Ley parte de una visión de avanzada, producto de dos años de trabajo de un equipo interdisciplinario que reunió a los principales expertos científicos, técnicos y legales en el área de manejo de costas y cambio climático de Puerto Rico.
Esta Ley es necesaria para atender, entre otras cosas, la situación de la erosión costera, el acceso libre a nuestras playas, la construcción en la costa, el desarrollo económico sostenible y la protección de la vida.
Es por esto que, enseguida el PIP asuma la gobernación, establecerá una moratoria de construcción en las costas, hasta que se apruebe la Ley de Costas.
Para lograr estos objetivos, y otros tantos necesarios, necesitamos un gobernador que termine con los años de enemistad de las agencias gubernamentales, en contra de las comunidades, las organizaciones y los expertos, a la hora de luchar por la protección del ambiente y la salud.
Una recuperación justa de nuestro ambiente y las comunidades es posible.
Sólo hay que resolver el dilema, poniendo a Juan Dalmau a darle “vuelta a la rueda”.
