Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
Tras la secuencia de terremotos que comenzó al inicio del 2020, que no finaliza aún, y como resultado del cierre de la economía causado por la pandemia del coronavirus, el suroeste de la isla ha padecido un recrudecimiento de su alto nivel de pobreza con el saldo de condenar al hambre a 95,370 ciudadanos, entre los que figuran envejecientes, niños, madres solteras y trabajadores desempleados.
Dennise Santos, presidenta del Banco de Alimentos, reveló que más personas «pasan hambre» en el suroeste como resultado del impacto nefasto de los terremotos, que destruyó miles de residencias y comercios, y por las adversas restricciones económicas y a la movilidad de las personas que se impusieron para frenar la pandemia.
Santos indicó que los pueblos especialmente afectados son Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Villalba y Yauco.
En estos pueblos entre el 40% y el 25% de los residentes padecen hambre o inseguridad alimentaria. El alarmante rango porcentual del hambre en el suroeste surge de los hallazgos estadísticos recopilados por Puerto Rican Coalition, un grupo de entidades sin fines de lucro que luchan contra la pobreza y el hambre en la isla, según explicó Santos.
“Se define la inseguridad alimentaria como la ausencia de certeza de que vas a recibir los alimentos necesarios, la cantidad de veces adecuada y con el valor nutritivo necesario para que una persona logre el desarrollo pleno de sus capacidades. Esa inseguridad alimentaria ya estaba en sur por las pasadas décadas, pues esta zona vive bajo el nivel de pobreza, según ha concluido el censo federal. El sur ha sufrido el impacto acumulativo de la recesión económica y el desempleo por décadas, pero tras los terremotos y la pandemia la situación empeoró”, dijo Santos.
“A los terremotos y la pandemia, hay que sumar el efecto de la sequía, que también afectó esta región, y luego las inundaciones que causó el sistema tropical Laura. Vemos como el suroeste ha continuado siendo impactado y su gente ha sido gravemente afectada”, advirtió la presidenta del BA.
Indicó que tras los sismos hubo una gran respuesta espontánea de la ciudadanía para ayudar a los damnificados en el suroeste, pero esa respuesta de ayuda se disipó muy pronto, mientras la necesidad de alimentos ha permanecido y se ha agravado.
Incluso, Santos dijo que desde el huracán María existen decenas de familias en suroeste que padecen con severidad la inseguridad alimentaria y viven a la intemperie en casetas de campaña y en habitáculos que han levantado con mucho esfuerzo uniendo retazos de madera, con escombros y que han techado con los toldos azules que distribuyó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
“Esas familias también fueron ayudadas por pocas semanas y luego el gobierno y la ciudadanía se olvidó. Esto no se resuelve con dos o tres semanas de apoyo comunitario. Y es que yo creo que aquí hay un tema de que me acomodo a las situaciones para dar cara a los medios de comunicación y después me olvido. Pero esas familias siguen allí, son 20,000 o 30,000 familias que todavía tienen toldos azules. Hasta que no se resuelvan sus problemas, esas personas seguirán sufriendo las consecuencias de esos desastres”, dijo Santos.
Los barrios con los rasgos más visibles del hambre en el suroeste son El Sol, Sabaneta y La Cotorra en Ponce; Cafetal 2 en Yauco y Esperanza en Guánica.
De hecho, Santos explicó que el suroeste y la zona central son las áreas más afectadas por el hambre en Puerto Rico.
“En el centro y suroeste la inseguridad alimentaria afecta entre un 50% y 60 % de la población. Seis de cada 10 ciudadanos viven bajo nivel de pobreza y esto está muy ligado a la salud fiscal de los municipios, porque si no tienen recursos no pueden atender los problemas sociales y las necesidades de sus poblaciones. Los municipios con el peor manejo fiscal son Ponce, Yauco, Villalba, Mayagüez, Las Marías y Cabo Rojo”, agregó la presidenta del BA.
Santos agregó que la pandemia envió al desempleo a más de 160,000 puertorriqueños en toda la isla, lo que representó un fuerte desafío en determinados hogares del suroeste, porque su única fuente de ingresos para todas las necesidades de sus miembros, incluyendo la alimentación, que quedó desempleada.
Además, la actividad sísmica provocó daños estructurales en decenas de escuelas en el suroeste, causando como resultado el cierre de los comedores escolares, que tradicionalmente ha sido una fuente de alimentación para miles de niños y adolescentes que provienen de familias pobres.
“Luego vinieron las restricciones de la pandemia que prohibió las clases presenciales en el sistema público de enseñanza y con ella se impidió la apertura de los comedores escolares. Eso funciona como una doble penalidad para estas familias, porque ya sus hijos no reciben el desayuno y el almuerzo en el comedor escolar, que era una ayuda para estas familias, y ahora tienen los hijos en la casa y los tienen que alimentar con pocos recursos”, explicó Santos.
A pesar de la amplia difusión y acceso de programas alimentarios patrocinados por el gobierno local y federal, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), existen sectores sociales a los que estas ayudas no llegan. Y es que el hambre, además de acontecer como resultado de la pobreza y el desempleo, también obedece a los designios del analfabetismo.
Santos reveló que para los que padecen de inseguridad alimentaria, no saber leer y escribir opera como un obstáculo que impide el acceso a las ayudas públicas, por su incompetencia para cumplir con los inescapables requisitos burocráticos.
“Las personas que no saben leer y escribir no pueden llenar documentos y viven de lo que siembran, de lo poco que tienen o reciben. Es una situación bien seria”, dijo Santos.
Entre las víctimas frecuentes del hambre se encuentran las personas encamadas, los envejecientes, la madres solteras, los desempleados, pero un ángulo desconocido es que el hambre también ataca con ferocidad a los niños. “Seis de cada 10 niños viven en la pobreza y padecen inseguridad alimentaria. Es una situación extremadamente seria. En Puerto Rico hay 394,000 niños en la pobreza, pues sus familias reciben menos de $12,000 al año, y el 30 % de esas familias no reciben el PAN”, sostuvo.
Un factor que habría contribuido con el deterioro de las poblaciones que sufren de inseguridad alimentaria es que el programa del PAN, que tiene asignados $1,900 millones anuales, no puede recibir aumentos presupuestarios según se registran cambios demográficos y económicos en el país, como ocurre en otros estados de los Estados Unidos.
Los fondos del PAN se reciben en un bloque desde 1982 por legislación del Congreso y desde el año 2,000, los beneficiarios reciben la ayuda directamente en un depósito a su cuenta bancaria. Para adquirir alimentos utilizan una tarjeta de débito conocida como la Tarjeta de la Familia.
“Cuando los factores demográficos cambian en los Estados Unidos y aumenta la necesidad y la población, el programa del PAN aumenta la ayuda. Si ocurre una emergencia como un terremoto, hay un aumento automático. En Puerto Rico el PAN no funciona así. Aquí la ayuda es fija y si aumenta la necesidad y la población, la ayuda hay que repartirla entre más gente. Y en eso dejas fuera mucha gente que debería estar recibiendo la ayuda porque los fondos no dan para todos los que la necesitan”, dijo Santos.
Para mitigar la necesidad de alimentos de esos sectores poblacionales afectados por la limitaciones del PAN, Santos propuso modificar el programa para que la distribución de la ayuda se realice de acuerdo a la realidad económica del país y considerando el costo de vida y la tasa de desempleo, entre otros factores.
“Una manera sencilla de resolver la situación es cambiando el programa para que los fondos se asignen de acuerdo a los factores demográficos. Cuando se hizo el cambio para que la ayuda llegará en bloque, los $1,900 millones parecían mucho dinero, pero ahora hay más necesidad, más desempleo, más pobreza y los alimentos han aumentado en 20 %. Esa cantidad de fondos no responde a la realidad puertorriqueña”, dijo Santos. Actualmente los beneficiarios del PAN ascienden a más de 800,000 familias y 1.5 millón de personas.
Para llevar a la ayuda a las personas que realmente la necesitan, el BA se nutre de las señales de alerta que producen los líderes comunitarios y los avisos emitidos por más de 162 organizaciones que ofrecen diversas ayudas a las comunidades pobres del país.El BA distribuye la ayuda en dos tipos de cajas, diseñadas para suplir alimentos para 2 y 4 semanas y para dos y cuatro personas.
“Cuando los líderes comunitarios no informan de una emergencia, organizamos lo que llamamos impacto de emergencia, y vamos con nuestras cajas a esas comunidades. Allí estamos hasta que la situación de normaliza y luego le damos asistencia a otra comunidad. En el BA no tenemos los recursos para ofrecer asistencia a largo plazo”, dijo Santos, quien indicó que BA recibe donaciones de empresas privadas, de organizaciones sin fines de lucro, de la industria de distribución de alimentos y de cadenas de supermercados.
Población y rango porcentual del hambre en el suroeste
Guánica -6,760 – 40.3 %
Guayanilla- 5,780 – 30.4 %
Juana Díaz- 13,570 -28.9 %
Lajas- 7,890 – 34 %
Peñuelas- 6,530 -31.1%
Ponce -37,000 – 25.7%
Villalba- 7,030 – 30.6%
Yauco- 10,810- 29.7 %
