Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La Junta de Supervisión Fiscal emitió en la tarde de hoy un nuevo comunicado de prensa en el que anuncia que la administración de Wanda Vázquez Garced ha fallado en proveer toda la información financiera relacionada con dos ventas de retiro y un mecanismo para facilitar el retiro de maestros.
“Nosotros seguiremos colaborando con el gobierno y analizando la información que éste le proporcionó, y la información adicional que esperamos que proporcione a finales de esta semana”, sostuvo la JSF en el escueto comunicado.
La JSF también advierte que tiene serias preocupaciones con el efecto económico a corto y largo plazo en las finanzas públicas, de las ventanas de retiro y del mecanismo para los maestros, los cuales surgen de tres leyes firmadas por la gobernadora en el pasado mes de agosto, antes de las primarias.
“La Junta de Supervisión sigue teniendo importantes preocupaciones acerca de esas leyes. Nuestro propio análisis muestra que las leyes crean enormes e inasequibles costos a largo plazo para el gobierno”, indica el comunicado, lo que representa una advertencia contundente de la JSF contra la puesta en vigor de las ventadas de retiro, pues a la largo plazo, según expresa el organismo federal, el gobierno no tendrá los fondos para pagar los beneficios de los jubilados.
Las leyes objetadas por la JSF son la Ley 81, que surgió del proyecto del senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que fue radicado por el senador Gregorio Matías y que se ofrece el retiro para los empleados de las agencias de seguridad del gobierno.
La segunda es la Ley 80, que surgió del proyecto 1616, antes resolución 1287, conocido como proyecto para la ventana del retiro de los empleados públicos. Esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, pero sus principales promoventes fueron Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La tercera es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
“La JSF volvió a hacer un seguimiento con el gobierno para solicitar los datos que faltan y el análisis del efecto fiscal de la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020 que ayudaría a determinar si esas leyes, que amplían las prestaciones de jubilación para los empleados públicos son financieramente viables no sólo hoy, sino mañana y en los años venideros”, indica la JSF en el comunicado.
La JSF ha amenazado con acudir al Tribunal Federal para solicitar la anulación de las ventanas de retiro si el gobierno insiste en ponerla en vigor, antes de que el organismo federal evalúe su impacto fiscal. También ha sostenido, en cartas dirigidas a la Fortaleza, que las ventanas de retiro fueron aprobadas en la Legislatura y convertidas en ley por la gobernadora, sin analizar su impacto fiscal y sin establecer una fuente de ingresos recurrentes que permita pagar las pensiones de los empleados públicos que se acojan al retiro.
En el comunicado la JSF expresa preocupación por los innumerables empleados públicos que se han comunicado con ellos por medio de correos electrónicos para expresar su apoyo a las tres leyes.
“La JSF esperaba resolver sus preocupaciones sobre la viabilidad de estas leyes tan pronto como sea posible, porque sabemos por muchos correos electrónicos y mensajes que recibimos que los empleados públicos buscan planear su retiro a la luz de esas leyes. Esos empleados merecen tener certeza, que no tenemos un análisis adecuado del costo y la asequibilidad de estas leyes”, expresa el comunicado.
Finalmente la JSF indica que el gobierno debe asegurarse de que puede financiar las ventanas de retiro para evitar que no se repita nuevamente un colapso similar al ocurrido en el sistema del retiro de los empleados públicos, cuyas pensiones ahora paga el fondo general.
“El gobierno debe garantizar que puede financiar las promesas que hace a aquellos que dedican sus carreras a servir al público, a garantizar nuestra seguridad y a enseñar a nuestros hijos. Una historia de legislar beneficios de pensión incrementales que no eran asequibles o simplemente no tenían la financiación adecuada es una de las principales causas del sistema de pensiones materialmente infra financiado de hoy en día”, concluyó la JSF.
