Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le advirtió al gobierno local que acudirá al Tribunal Federal a solicitar la derogación de tres leyes que establecen dos ventanas de retiro para empleados públicos y de un mecanismo que facilita el retiro de maestros, si la gobernadora Wanda Vázquez Garced insiste en ponerlas en vigor luego de que las firmó antes de las primarias.
Jaresko advirtió que hasta que el organismo no evalúe el impacto fiscal de las tres leyes el gobierno no debe aceptar solicitudes de empleados públicos para acogerse a los beneficios de jubilación que ofrecen las leyes, y en especial las dos ventanas de retiro que garantizan el pago de una pensión vitalicia equivalente entre el 50 % y el 55 % del salario de los empleados públicos que la soliciten.
Los planteamientos de Jaresko figuran en una dura y contundente carta enviada por correo electrónico a la gobernadora y a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, el pasado 4 de septiembre y de la que EyBoricua.com obtuvo una copia.
En la misiva Jaresko reiteró que con sus continuos retrasos e incumplimientos, el gobierno local ha violado los requisitos de la Ley federal Promesa, que avaló el establecimiento de la JSF en el 2016, y a obstaculizado la labor del organismo federal. También sostiene que el gobierno ha incumplido con el requisito de enviar información financiera para determinar el efecto fiscal de las tres leyes.
“Tal demora es especialmente irresponsable aquí porque las leyes afectan la carreras y vidas de miles de empleados públicos y tienen un impacto multimillonario en el finanzas y presupuesto del gobierno. En pocas palabras, la Legislatura no debe aprobar, y la gobernador no debería convertir en ley ninguna legislación sin antes comprender su consecuencias y concluir que no es incompatible con el plan fiscal.La práctica de adoptar legislación sin medir su costo fiscal probablemente contribuyó a la crisis financiera que enfrentó Puerto Rico en 2016, que resultó en la adopción de Promesa”, sostuvo la funcionaria federal en la carta.
Jaresko también señaló que la gobernadora solicitó prórrogas de siete días para presentar la documentación necesaria para certificar las tres leyes y casi la mitad de todas las leyes aprobadas en 2020, y condicionó la aprobación de la prórroga a que la gobernadora declare que no pondrá en vigor las ventanas de retiro.
“A la luz del interés del público en el estado de las leyes y la gravedad de su impacto, estaríamos dispuestos a otorgarle una prórroga hasta el 11 de septiembre y solo si el gobierno hace una declaración pública explicando a los empleados públicos que no aceptará solicitudes para acogerse a las ventanas de retiro”, indicó Jaresko.
Esta sería la segunda ocasión en que la directora ejecutiva de la JSF le solicita a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que anuncie públicamente que el gobierno no aceptará solicitudes para las ventanas de retiro aprobabas. La primera ocasión fue por medio de otra carta enviada el 25 de agosto.
Hasta el día de hoy ni Vázquez Garced ni otros funcionarios de jerarquía en su administración han realizado el mensaje solicitado por la JSF.
Las leyes de retiro firmadas por la gobernadora son el proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que se convirtió en la Ley 81 y que favorece a policías, bomberos y empleados de emergencias médicas. La segunda medida es el proyecto del Senado 1616, que se convirtió en la Ley 80 y ofrece una ventana del retiro a los empleados públicos de otras agencias del gobierno.
La tercera medida es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
En la carta, Jaresko le recuerda a la gobernadora que si se inclina por implementar las tres leyes y se propone aceptar solicitudes para las ventanas de retiro, deberá avisar a la JSF con 14 días de antelación.
Además, le advierte con claridad diáfana que acudirán al Tribunal Federal para impedir que las leyes entren en vigor.
“Si planea implementar estas leyes o aceptar solicitudes antes de nuestras determinaciones sobre si las leyes no menoscaban ni frustran los propósitos de Promesa, ni violan de otra manera PROMESA, la JSF se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, consistentes con las secciones 108 (a), 204 y 207 de Promesa, incluida la búsqueda de remedios para evitar la implementación y ejecución de las leyes y por cualquier implementación indebida de las mismas”, dijo Jaresko.
En el 2019 la JSF le solicitó al Tribunal Federal la revocación de la Ley 29, que establecía que el gobierno central pagaría obligaciones de los municipios. Ese año la jueza federal, Laura Taylor Swain, avaló la petición, lo que ha causado severas restricciones económicas a todos los municipios.
La directora ejecutiva de la JSF indica en la carta que desde el pasado 28 de agosto, fecha en la JSF envió otra misiva en la que advirtió que el gobierno no había entregado información financiera para certificar las tres leyes, el organismo federal ha recibido mensajes de empleados públicos preocupados por la puesta en vigor de las ventanas de retiro.
“La JSF ha recibido por medio de las redes sociales y de correos electrónicos, numerosas solicitudes de residentes de Puerto Rico sobre el estado de estas leyes. La implementación de estas leyes podría resultar en daños irreparables, por lo que es imperativo que estas leyes no se implementen hasta que la JSF haya revisado todos los materiales relevantes y haya determinado si las leyes no menoscaban o frustran los propósitos de Promesa”, señaló Jaresko.
En la carta Jaresko le indica Marrero que “por su propia admisión”, en alusión a una comunicación anterior, la información financiera que solicita la JSF para revisar la viabilidad de las tres leyes aún no está disponible, a pesar de que ya se cumplió un mes desde que la gobernadora firmó los estatutos a principios del pasado mes de agosto.
Además, Jaresko menciona que es “preocupante” que la información financiera relacionada con el efecto de las leyes en el fisco tampoco estuvo disponible ni para los funcionarios del Ejecutivo ni para los legisladores y mucho menos para la gobernadora, que convirtió en ley las medidas sin conocer su efecto en las finanzas públicas.
“Basado en su respuesta, nos preocupa además que, al evaluar los méritos de la legislación pendiente, estos documentos y análisis críticos nunca estuvieron disponibles para los tomadores de decisiones del gobierno, antes de aprobar y promulgar medidas que alteran fundamentalmente el futuro financiero del gobierno”, sostuvo la directora ejecutiva de la JSF.
