San Juan, 24 ago (EFE News) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico realizó una investigación sobre unos contratos de servicios de fotografía formalizados con una corporación en la Oficina del Gobernador (OG), cuando gobernaba Ricardo Rosselló, y el uso de la tarjeta de crédito asignada a la OG, pese a que la OG ya contaba con un fotógrafo propio.
Se investigó tras una querella sobre supuestas irregularidades relacionadas con los contratos para brindar los servicios de fotografía.
La corporación fue contratada para realizar servicios de fotografía, a pesar de que la OG contaba con un fotógrafo dentro de su nómina, señala en su informe, difundido este lunes, la Oficina del Contralor.
Esto conllevó el pago «innecesario» de $135,140 por los servicios prestados.
Esta situación, recalca, es contraria a lo establecido en los contratos y a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 237-2 004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA, según enmendada.
La situación comentada resultó «perjudicial» para el interés público y las finanzas de la OG, ya que dieron lugar a que se «desembolsaran honorarios mayores a los que correspondía otorgarse por salarios mediante puestos regulares».
A su vez, destaca el hecho de que la «falta de controles adecuados sobre la tarjeta de crédito permitió que el ayudante especial la utilizara para realizar compras personales, lo que propició el desembolso innecesario de fondos públicos».
Además se revela que del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, la tarjeta de crédito asignada a la OG estuvo a nombre del ayudante del gobernador.
Un análisis de los pagos y justificantes relacionados con la tarjeta reveló que durante dicho período, el ayudante del gobernador utilizó la tarjeta para realizar compras personales por $1,536, de los cuales reembolsó $952.
En los estados de cuenta del banco, la Contraloría observó pagos por $1,265 contra el balance de la tarjeta de crédito.
No obstante, debido a la falta de documentación adecuada no fue posible determinar quién realizó estos pagos y el concepto, no se localizó reglamentación que le aplicara al uso de la tarjeta de crédito y al 10 de octubre de 2019, el balance de la tarjeta era de $10,768.
Por último, recomienda «impartir instrucciones y velar por que el director de Recursos Humanos se asegure de que su Oficina evalúe la contratación de servicios profesionales y consultivos para que solo se utilice como un recurso de medida excepcional y limitada para aquellos servicios profesionales y consultivos que, a su juicio, sean imposibles de llevar a cabo por su personal profesional regular».
Y, además, cree que hay dar ordenes «para que la persona a quien se le asigne la tarjeta de crédito del Gobernador se abstenga de utilizarla para realizar compras personales».
