Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley este lunes tres medidas que favorecen programas de retiro para maestros, policías, bomberos y determinados empleados públicos.
Dos de las medidas proponen que los empleados públicos que se acojan al retiro reciban una pensión que oscila entre el 50% y el 55% del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
Los dineros para las pensiones serían pagados del Fondo General, que también es responsable de pagar las pensiones de los jubilados que estaban acogidos al desaparecido Sistema del Retiro del gobierno y cuyo costo anual supera los $2,000 millones.
La gobernadora sostuvo que “al pagar el gobierno en una pensión aproximadamente el 50% del salario a los empleados públicos que se acojan a las distintas opciones de retiro, el Fondo General tendrá un ahorro, equivalente al restante 50% del salario de esos empleados”.
Vázquez Garced hizo las expresiones en una conferencia de prensa en la Asociación de Miembros de la Policía.
Aunque el ahorro real dependerá del números de empelados que finalmente se acojan al retiro, la gobernadora sostuvo que el ahorro en 30 años ascenderá a $1,400 millones.
Una de las medidas es el Proyecto del Senado 1623, que propone la “Ley para Proveer un Retiro Digno” para los miembros de la Policía y los Bomberos; y la segunda medida es el Proyecto del Senado 1616, que establece un plan de retiro incentivado para empleados públicos.
El Pyoyecto 1623 propone una pensión del 50% del salario para los policías, bomberos o otros mienbros de servicios de seguridad del gobierno, que tengan 30 años o más de servicio y que hayan cumplido 55 años. Para los que hayan cumplido 58 años la pensión será el 55% de su salario. Además, la medida garantiza una aportación de $100 para el plan médico.
El Proyecto del Senado 1616, que es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la delegación del PNP, propone que los empleados cobijados bajo la Ley 447 de 1951 recibirían una pensión equivalente al 50% de su último salario y una aportación de $100 para plan médico.
Mientras que los empleados cobijados bajo la Ley 1 de 1990 elegibles bajo esta legislación recibirían un beneficio de jubilación equivalente al 2% multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 de junio de 2017, hasta un máximo de 46%. y podrían continuar con la cubierta de plan médico de su patrono por un un año.
La tercera medida es el Proyecto del Senado 1432, que le permitiría a los maestros que están próximos a retirarse comprar tiempo con su licencia por enfermedad. La medida establece que los participantes del Sistema de Retiro para Maestros, unionados o no, puedan autorizar que se les destine el balance o exceso existente de la licencia por enfermedad a su sistema de retiro para que cotice como tiempo trabajado.
Hasta ahora la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no se ha expresado sobre la aprobación de las medidas por parte de la gobernadora. Por medio de una carta a Vázquez Garced y a los presidentes de los cuerpos legislativos, la JSF había advertido que el Proyecto del Senado 1616 no se debía aprobar como estaba redactado.
“Como está propuesto, el Proyecto del Senado 1616 sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y no puede implantarse hasta que la información que solicitamos en esta carta le sea provista a la Junta”, dijo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. En su carta Jaresko también solicitó un estudio actuarial sobre los grupos que se podrían acoger al plan de retiro y su efecto económico real a largo plazo para el gobierno.
Según Jaresko, la capacidad financiera de los beneficios propuestos depende de la eliminación de ciertas disposiciones. “Esto, falla en lograr el requisito de reducir costos, lo que potencialmente redundaría en un aumento a largo plazo en los pagos que tendría que hacer el gobierno”, sostuvo la directora de la JSF.
De acuerdo con Jaresko, desde el 1994 se han ofrecido sobre 20 ventanas de retiro incentivado que han fallado en lograr ahorros significativos.
