Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Ayer, lunes, se informó la muerte de dos confinados en la cárcel de Bayamón, las que se sumaron a las más de 80 otros presos cuyos cadáveres han aparecido en cárceles del país en lo que va de año. Funcionarios del Gobierno alegan que es por el abuso y consumo de fentanilo, pero para los familiares de confinados, se trata de un problema mucho mayor, que se oculta al país.
Ese fue el reclamo que hizo la portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, al Gobierno. Dijo que el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, tienen que rendir cuentas, ser transparentes con lo que de verdad pasa en las cárceles, y buscar soluciones para detener las muertes.
“La situación de los confinados en general en Puerto Rico no se va a detener hasta que no se den cuenta de que hay que hacer una verdadera reforma penal, porque aquí en este país la mayor parte de la gente piensa que justicia es venganza. Por lo tanto, lo que le llene el ojo a la gente, es lo que hacen. Dicen que, si alguien cometió un delito, pues que le impongan 150 años o más de cárcel, ¿verdad? Y, entonces, mientras nosotros sigamos con esa perspectiva y no nos demos cuenta de que el 56% de las de los confinados tienen un problema de adicción a drogas, esto no va a parar”, dijo Rivera Watterson, quien en el pasado presidió el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico.
Calificó como altamente preocupante, que de acuerdo con los datos internos del DCR, un 4% de los confinados llegan a la cárcel sin ser adictos, pero se convierten en drogodependientes estando dentro de la institución.
“Hace como un mes la Secretaria anunció con bombos y platillos que ya estaba haciendo unas reuniones y que estaba haciendo un plan para poder evitar que hubiera más confinados muertos, porque en el mes de abril hubo como 17 muertos. Ella dice que hizo una reunión con todo su personal, que hizo un plan real y que ella ahora iba a bregar con todo eso, pero yo creo que este año terminamos como con 80 muertos por fentanilo. El año pasado fueron 83”, dijo Rivera Watterson.
La secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, no contestó las llamadas de este medio.
Muertes raras
“Hace 15 o 20 años, a lo mejor los que morían eran 35 y eso se entendía porque la población penal en Puerto Rico era de sobre 14,000 confinados. Ahora, cada día es menos. Actualmente, son 7,075, más o menos. Entonces tú me vas a decir que, con menos confinados, con la mitad de los confinados que había antes, con ocho instituciones que ya cerraron, ¿me vas a decir a mí que todo está peor?”, increpó Rivera Watterson.
“Yo siempre me he cuestionado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue entrando la droga? ¿Ellos alegan que la droga la tiran por el aire, ¿verdad? Que a veces pasa por las verjas y la tiran desde las rejas, y también les echaban la culpa a los familiares. Eso está mal. Yo no le puedo echar la culpa a los familiares porque ya son muchos menos, y muy poquitos casos que se dan de familiares. ¿Dónde están los estudios que están haciendo para eso? ¿Y por qué no investigan a las compañías que entran allí, o al montón de empleados nuevos”, agregó.
Ayer lunes falleció en un hospital correccional de la cárcel de Bayamón, el preso Emanuel Pérez Astacio, de 34 años, que apenas llevaba 10 días confinado por presuntamente haber violado una orden de acecho e incumplir con pagos de pensión alimentaria. Como siempre suelen informar, el cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.
Dos horas después de darse a conocer esa noticia, se informó de otro confinado que también murió en la cárcel de Bayamón, pero la muerte la tenían oculta. Supuestamente, falleció entre la madrugada del domingo y la del lunes, según informó la Policía.
Este otro confinado fue Jorge Torres Caldero, de 37 años y oriundo de Corozal, quien estaba sumariado desde el 31 de octubre, cuando la Policía efectuó un mega operativo por drogas. Según los informes policiales, la muerte de Torres Caldero se registró en el Hospital Regional de Bayamón, por aparente causas naturales.
Cifras contradictorias
La oficial de prensa del DCR, indicó que las dos muertes en el centro correccional, “son incidentes aislados que no tienen que ver una cosa con la otra”. Pero reveló cifras contradictoras. En algunos medios dijo que en lo que va de año han muerto 71 confinados y en otros 83.
En Puerto Rico, se registraron entre 2020 y 2021 un total de 59 muertes de presos, entre 2021 y 2022 se alcanzó los 94 fallecimientos, según las cifras del DCR.
El consumo de fentanilo y otras drogas en el interior de las cárceles es una de las principales causas del aumento de los fallecimientos entre los reclusos.
En julio del 2022 se informó que encontraron 50 kilos de cocaína y otras drogas en un almacén de la cárcel Las Cucharas en Ponce. Los paquetes con la droga fueron entregados a un almacén en la sección de seguridad mínima del complejo tratando de hacerlos pasar como cloro en polvo. Hasta el momento no han dicho más nada de ese caso y si ha habido seguimiento a la investigación.
Violan derechos civiles
En septiembre el senador independiente José Vargas Vidot le exigió al Departamento de Corrección y Rehabilitación que cancelara el contrato con la empresa que da servicios de salud a los confinados. Esto fue el resultado de un informe investigativo de la Comisión de Salud Mental, a raíz de la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce, que apareció muerta mientras esperaba una evaluación médica y se alega que Physician Correctional, presuntamente, actuó de manera negligente. A pesar de que el contrato con esa empresa vencía el 30 de septiembre, y el Senado recomendó que no se renovara, el DRC lo renovó.
Vargas Vidot alegaba que Physician Correctional incumplió con el protocolo, no honró el contrato al carecer del personal adecuado para atender los problemas de salud mental de Shannel y darle una atención médica, en vez de devolverla a una institución penal donde, supuestamente se privó de la vida, por no revertirle los síntomas. La empresa tampoco respondió si la confinada fue atendida por un psiquiatra.
En abril de 2023 En Blanco y Negro con Sandra y un grupo de periodistas independientes publicaron una serie de reportajes en los que confinados y familiares alegaban maltratos y violaciones a sus derechos civiles. Denunciaron que en la cárcel Ponce 1000 los obligaban a tomar agua de los inodoros porque no les daban botellas de agua. Además, denunciaron el uso indiscriminado de gas pimenta, “tasers” y castigos corporales por parte de los oficiales de corrección.
Todas estas informaciones fueron negadas por la secretaria Escobar, pero luego de hacer una investigación, la funcionaria corroboró y admitió que de verdad todo eso estaba ocurriendo. Lo único que la investigación interna a raíz de los reportajes reflejó distinto fue que no había tanto uso de “tasers”, sino de gas pimienta.
“Hay como 150 guardias penales nuevos y no los han investigado. Si hay tres turnos, por ejemplo, tú no puedes estar vigilando solamente en el primer turno, en el segundo turno y en el turno de por la noche. Nadie vigila a los que están en el turno de por la noche. O sea, esa vigilancia tiene que ser constante. Además, en las instituciones penales entran concesionarios que van a llevar cosas que también hay que investigar”, dijo Rivera Watterson.
