Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Eliezer Molina puede seguir manifestándose. Eso fue lo que determinó hasta el momento la jueza del Tribunal Municipal de Aguada, Melissa Soto Rivera, quien ayer vio la vista por una orden de acecho que incoó la vicepresidenta del condominio Sol y Playa de Rincón, la licenciada Ignari Acevedo, y su esposo, quien es el jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Aguadilla, el teniente Orlando Camacho, contra el excandidato independiente a la gobernación y activista ambiental.
Pero el caso continuará el 12 de enero, con la comparecencia de otro policía y las declaraciones que debe dar Acevedo, explicó el licenciado Gabriel Olivieri Miranda, uno de los abogados de defensa.
“Claro, él me había preguntado y yo como abogado siempre le dije a Eliezer, siempre que tú estés en un camino público, siempre que tú estés en la playa, en el área de la arena, siempre que tú estés fuera de lo que es la propiedad del condominio, no hay ningún problema”, dijo Olivieri Miranda.
La jueza Soto Rivera también lo dijo en sala, y añadió que Molina “sea cuidadoso porque no queremos que nadie vaya a malinterpretar lo que él vaya a estar haciendo y que venga otra vez la Policía de Puerto Rico y lo arreste”, agregó el reconocido abogado. Junto a él, la defensa la compone el licenciado Juan Ojeda Arnau.
“La jueza le dijo: si usted está en la calle, en el callejón, que ahí hay un callejón que es municipal, eso es un área pública. Con eso no hay ningún problema. Si usted está en la playa, eso es un área pública. No debe tener ningún problema con el hecho de que él esté allí grabando, documentando, transmitiendo los trabajos de demolición que está haciendo el condominio”, agregó.
Este caso es otro más de los procesos altamente irregulares que se radican contra Molina y otros activistas para tratar de limitar el derecho a protestar por la destrucción del ambiente en Rincón, Aguadilla, Salinas, Isabela, Dorado, Río Grande y otros municipios. Pero en este caso la controversia es aún mayor porque se trata de dos figuras con intereses directos y ejecutorias dudosas en el proceso.
Acevedo es la vicepresidenta de Sol y Playa, el edificio cuyos titulares estuvieron violando la ley y los dictámenes del Tribunal por casi tres años al construir temerariamente un muro en la zona marítimo terrestre. Finalmente, y tras varios pleitos en el tribunal, llevan cerca de tres semanas removiendo lo que el juez Abid Quiñones de Aguadilla ordenó demoler para regresar al estado natural en la zona. Acevedo además es pariente o está relacionada con la comentarista radial Inés Quiles.
Pero los serios conflictos de interés son incluso mayores con su esposo, el teniente Camacho, porque es la persona que ha movilizado a los policías para perseguir a manifestantes no solo en Rincón sino en toda la zona oeste.
Camacho incluso fue la persona que en marzo del 2021 fue hasta la residencia de Molina en San Sebastián, a advertirle que había un complot para asesinarlo. Le pidió todos los datos, itinerarios y movimientos de su esposa, hijos y familiares, y todo esto fue confirmado a la prensa del país por el CIC de Aguadilla. A los dos días de haber ido a su casa, el mismo Camacho arrestó a Molina por supuestamente invadir de forma ilegal y ocasionar daños en el condominio Sol y Playa de Rincón. Se exponía a una pena de hasta 14 años de prisión. Todos los cargos fueron desestimados en el tribunal posteriormente.
En septiembre pasado, Molina denunció a En Blanco y Negro con Sandra cómo se usaban a los policías del CIC para intentar callarlo para que dejara de denunciar la corrupción.
“Dices algo contra de la corrupción y te ponen una orden de acecho. Me quieren callar para no rendir cuentas”, dijo Molina entonces.
“Como yo les di una advertencia a la Policía de Puerto Rico y al CIC a que publique la investigación que ellos mismos dijeron que estaban haciendo, porque supuestamente el FBI les había informado que me iban a matar. Ellos se lo confirmaron a la prensa, me citaron al otro día y mi esposa estaba presente. Como les exigimos que publiquen, me radican una orden de acecho”, agregó el excandidato independiente a la gobernación.
Es importante recordar que también Camacho y el CIC fueron abiertamente negligentes al no presentar en corte prueba forense contra el acusado de disparar contra un manifestante en la Cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Por tal razón, el juez Abid Quiñones no encontró causa en aquel caso.
“Fuerza es masa por aceleración, algo que ustedes los corruptos no conocen ni entienden. La masa está con nosotros”, dijo Molina entonces.
Pero ahora en este caso que se ve en Aguada, ahora se refiere a unos hechos en los que Molina estuvo grabando y transmitiendo por las redes sociales el 6 y 7 de septiembre, cuando el matrimonio Acevedo Camacho solicitó una orden de protección en su contra bajo la Ley 284, que se conoce como la Ley de Acecho de Puerto Rico.
Ayer la jueza evaluó los vídeos y escuchó el testimonio del teniente Orlando Camacho del CIC.
“Ellos son los que tienen que declarar él primero, porque son las personas que están solicitando la orden de protección y son los que tienen que convencer al Tribunal de que Eliezer Molina ha llevado a cabo conducta constitutiva de acecho y que por ese acecho, pues el Tribunal los tiene que proteger”.
“La vista comenzó a las cuatro de la tarde y ya a las 4:45 se detuvo porque el tribunal cesa funciones a las cinco. Por tal razón se le dio una continuación para el 12 de enero. Es una fecha un poquito, un poquito larga, más de un mes, ya que fue en noviembre el calendario del Tribunal está lleno, vienen unos recesos también por los días festivos, también en Navidad, varios abogados, pues están fuera de Puerto Rico y la próxima fecha que era viable en las agendas de todos, pues es para el 12 de enero”, agregó.
Olivieri Miranda aceptó que Molina ha tenido que defenderse de demandas, interdictos y órdenes de protección en múltiples ocasiones, que “de una forma disfrazada lo que tratan es de sacarlo del lugar, de que no pueda acercarse a los lugares, y de callarlo” para evitar que él pueda hacer denuncias públicas sobre la destrucción del ambiente.
En más de una veintena de casos en su contra, no ha perdido ni uno. En diciembre hay una vista por los arrestos de seis manifestantes en La Parguera, y en enero será la continuación de este caso referente a Sol y Playa.