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San Juan, Puerto Rico (EFE) – Las autoridades informaron este jueves de que el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia desarticularon una organización criminal de 10 miembros que se dedicó al hurto de vehículos y contrabando de armas durante más de una década en la isla.
“Los imputados enfrentan cargos por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, relacionados con el comercio ilegal de vehículos y piezas, así como con la mutilación, alteración o destrucción de números de identificación”, indicó en un comunicado la jefa de los fiscales, Jessika Correa.
La operación, denominada ‘Alto al tumbe’, fue el resultado de una investigación de la División de Vehículos Hurtados de la Policía durante tres años, y resultó en la formulación de 81 cargos criminales por parte de la Fiscalía de Arecibo contra los 10 miembros del grupo delictivo.
Los agentes lograron adquirir mediante transacciones encubiertas 19 vehículos hurtados y ocho armas de fuego, incluyendo siete rifles y una pistola.
Los vehículos fueron reportados como hurtados en Arecibo, Bayamón, San Juan y Carolina.
Asimismo, los uniformados identificaron al cabecilla de la organización, Oscar Laguere, alias “Pito”, de 49 años, que llevaba más de una década hurtando vehículos y piezas y fue arrestado en la madrugada de este jueves en su residencia en el barrio Cocos de Quebradillas.
Uno de sus socios era Luis Fernando Echegaray, alias “Chaga”, de 40 años, quien fungía como intermediario entre el líder y los suplidores de vehículos y armas, y también como facilitador de venta de vehículos y armas de fuego dentro de la organización.
Además, fueron arrestados por suplir armas y vehículos: Manuel Torres, alias “Pesta”, de 32 años; Xavier Rivera, de 28 años; Luis Daniel Rivera, de 24 años; Western Rodríguez, alias “Negro”, de 38 años; José Francisco Candelaria, alias “Gordo”, de 29 años; Luis J. Marí Ocasio, alias “Gordo”, de 25 años; Johnavier Iván Rodríguez, de 28 años, y Luis Fernando González, de 39 años.
Los arrestos se produjeron en Camuy, Dorado, Quebradilla, Hatillo, Lares y Vega Alta.
“Además, el fiscal José Acevedo les formuló cargos al amparo de la Ley de Sustancias Controladas, por el trasiego de drogas, y violaciones a la Ley de Armas, debido a la portación y distribución ilegal de armas de fuego automáticas. Los cargos fueron formulados en ausencia”, añadió Correa.
En este contexto, la jueza Cyndia Irizarry, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto y fijó fianzas millonarias, cuya suma total asciende a $12,450,000.
Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, explicó que “lograr acceso a esta organización y llegar hasta su cabecilla tomó años de esfuerzos e investigación, una inversión considerable de recursos, y sobre todo, el valor y el sacrificio de unos agentes que arriesgaron sus vidas en más de una ocasión”.
Laguere se dedicaba a comprar vehículos mediante licitación en subastas de aseguradoras privadas.
Para reparar y revender los vehículos, ordenaba el hurto de unidades que cumplieran con las características de las adquiridas legalmente.
Las unidades eran desmanteladas en un negocio clandestino de hojalatería y pintura de Echegaray, en el barrio La Peña en Camuy, el que también utilizaba para vender armas de fuego y sustancias controladas.
Los vehículos legales eran reparados y acondicionados con las piezas de los vehículos hurtados y así los vendían.