Organizaciones de derechos humanos presentan iniciativa audiovisual contra la criminalización de personas migrantes
SAN JUAN, Puerto Rico — En respuesta al aumento de redadas federales y denuncias de violaciones a derechos civiles y humanos en Puerto Rico, las organizaciones que integran la campaña Migrar es un derecho presentaron la iniciativa audiovisual “Yo migré”, un proyecto que reúne testimonios de figuras reconocidas para contrarrestar la criminalización de las personas migrantes.
La propuesta consiste en una serie de videos cortos protagonizados por periodistas, artistas, educadores y líderes comunitarios que comparten cómo la migración forma parte esencial de sus vidas y de la historia del archipiélago. El objetivo, según las entidades organizadoras, es humanizar el debate público, desmontar estigmas y subrayar que migrar es un derecho.
En declaraciones conjuntas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe afirmaron que la iniciativa surge ante lo que describen como un patrón sostenido de intervenciones federales que ha provocado miedo, separaciones familiares y obstáculos para acceder a servicios esenciales.
De acuerdo con la campaña, desde enero del año pasado se han producido más de 1,500 detenciones en el archipiélago, muchas de ellas —según sostienen— de personas sin récord criminal y sin órdenes judiciales firmadas por un juez.
Entre las voces que participan en “Yo migré” figuran los periodistas Felipe Gómez y Carlos Weber; las actrices Larissa Dones y Eyra Agüero; la directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón; el líder comunitario haitiano Leonard Prophil; y la educadora Montessori Pilar Lara. Cada uno aporta su experiencia personal o familiar vinculada a procesos migratorios.
Las organizaciones reiteraron su reclamo de una política de santuario, protecciones legales y humanitarias, y acceso igualitario a salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar el estatus migratorio. Asimismo, exigieron que los recursos municipales y estatales no se utilicen como extensión operativa de agencias federales para intervenciones migratorias.
La iniciativa fue presentada en salas de cine y se difunde a través de plataformas digitales, además de estar disponible para medios de comunicación y entidades interesadas en compartir el contenido. Con ella, las organizaciones buscan fomentar conversaciones comunitarias y promover lo que describen como una cultura de dignidad y solidaridad frente a la actual coyuntura migratoria en Puerto Rico.
Firma aquí esta petición y comparte entre tus redes para exigir al gobierno de Puerto Rico una política pública de protección para las personas migrantes.
