Gobernadora firma la Ley 102-2025 y anuncia cambios ante críticas previas por riesgos a la salud y debilitamiento regulatorio
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el pasado viernes la Ley 102-2025, conocida como la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico, con la cual el país se convierte en la jurisdicción número 28 de Estados Unidos en adoptar este modelo de portabilidad.
La medida permite que personas con licencias vigentes en otros estados puedan ejercer en Puerto Rico sin necesidad de repetir el proceso de licenciamiento local.
El presidente del Senado y autor del proyecto, Thomas Rivera Schatz, celebró la firma destacando que esta política coloca a la Isla a la par con la mayoría de los estados de la nación. “Puerto Rico se convierte en la jurisdicción número 28 de nuestra nación… con reconocimiento universal de licencias ocupacionales”, escribió en sus redes sociales, agradeciendo a la gobernadora y a los legisladores que apoyaron la medida.
Sin embargo, desde que el proyecto fue aprobado por la Legislatura, diversas organizaciones profesionales y sectores de la sociedad civil han expresado preocupaciones sobre su impacto. Entre los grupos que alzaron su voz están el Colegio de Médicos Cirujanos, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Unión General de Trabajadores. Estas entidades advirtieron que, sin controles adecuados, la ley podría poner en riesgo la calidad de los servicios, la protección del consumidor y la salud pública.
Las principales objeciones se centraron en:
- La posibilidad de que profesionales ejerzan sin dominio suficiente de las leyes y normas locales.
- La reducción de estándares mínimos en campos como la salud, la educación o la ingeniería.
- La falta de procesos de fiscalización claros para licencias emitidas fuera de la jurisdicción.
- El riesgo de saturación del mercado laboral sin planificación ni análisis previo.
Ante ese panorama, la gobernadora confirmó en su comunicado oficial que trabajará con la Asamblea Legislativa para introducir varias enmiendas que fortalezcan la implementación del estatuto. Entre ellas:
- Desarrollo de un reglamento claro para cada Junta Examinadora.
- Programas de orientación para empleadores y profesionales.
- Un sistema de métricas para medir el impacto (retención, migración inversa).
- Pactos interestatales con reciprocidad mutua.
- Requisitos de residencia en Puerto Rico.
- Enfoque prioritario en profesiones críticas, como salud.
- Educación continua sobre leyes y reglamentos locales.
La Ley 102-2025 forma parte de un paquete legislativo más amplio que incluye la Ley 96-2025, la cual establece un procedimiento uniforme para la evaluación de licencias y permite la emisión de licencias provisionales si las solicitudes no se atienden en un máximo de 30 días.
Aunque el liderato legislativo del PNP y Proyecto Dignidad ha presentado estas reformas como una vía para atraer talento y dinamizar la economía, los gremios profesionales insisten en que cualquier cambio en los procesos de licenciamiento debe centrarse, ante todo, en proteger a la ciudadanía.
La gobernadora, por su parte, reiteró que el objetivo es lograr un balance entre apertura laboral y estándares profesionales robustos.
