Juan Rosario rechazó en vista pública de Hacienda versiones sobre la disposición de 328 residenciales y nueve égidas, en una audiencia en la que Vivienda defendió un presupuesto de $3,288 millones mayormente federal
SAN JUAN, Puerto Rico – El director de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario, rechazó este jueves versiones sobre una supuesta venta de residenciales públicos en Puerto Rico vinculada a nuevas regulaciones propuestas por el gobierno federal y aseguró que no existe ningún pronunciamiento para disponer de esas propiedades.
“No existe ningún pronunciamiento en cuanto a la venta de nuestros 328 residenciales públicos y nuestras nueve égidas, así que eso es totalmente falso”, manifestó Rosario durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. El funcionario sostuvo además que se reúne semanalmente con personal del Departamento de Vivienda federal.
Rosario también descartó que se vayan a imponer límites de tiempo para la permanencia de residentes o requisitos de empleo. “No vamos a establecer límite de tiempo. No vamos a establecer que las personas tengan que trabajar”, expresó, al indicar que la prioridad de la agencia es continuar la creación de nueva vivienda para atender a las personas que permanecen en lista de espera.
Para el año fiscal 2026-2027, la Administración de Vivienda Pública solicitó un presupuesto de $762.7 millones. De esa suma, una partida de $5.8 millones en fondos estatales sería destinada a cubrir la nómina de 10 proyectos de vivienda pública completados.
En la misma audiencia, el secretario interino y nominado del Departamento de la Vivienda, Luis Martínez Román, presentó una recomendación presupuestaria de $3,288 millones para el próximo año fiscal, con un aumento de $1,012 millones concentrado en la partida de fondos federales.
Según explicó, el incremento responde a los desembolsos del gobierno federal conforme al comportamiento de los programas, al cierre de algunos y a la apertura de otros, por lo que el presupuesto podría variar de acuerdo con la evolución de esos factores.
Del total recomendado para 2026-2027, que comienza el 1 de julio, aproximadamente el 98.8 %, equivalentes a $3,248 millones, provendrían de fondos federales. Martínez Román indicó que gran parte de los recursos utilizados para el manejo de los proyectos de la agencia llegan desde el gobierno federal y sostuvo que la responsabilidad del Departamento es “gastar y obligar” esos fondos.
El funcionario, que asumió la dirección de la agencia el 16 de marzo, aseguró además al presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea, que el 86 % de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para la Recuperación ante Desastres, conocido como CDBG-DR, asignados tras los huracanes Irma y María, ya están obligados.
Martínez Román precisó que esa cifra representa $10 mil millones comprometidos. De ese total, el Departamento de la Vivienda había desembolsado alrededor de $5.1 mil millones al 31 de marzo de 2026, equivalentes al 51 %. Añadió que para 2028 la totalidad de las subvenciones federales disponibles deberá estar obligada.
Su prioridad en los próximos años fiscales, dijo, será garantizar que los proyectos ya vislumbrados y formalmente obligados se materialicen. “En cuestión de la totalidad de los fondos, estamos bien cerca al 100 por ciento a obligarlos”, afirmó.
En cuanto al Fondo General, el secretario interino solicitó una asignación de $26.7 millones y contempló además una partida de $13.5 millones en ingresos propios y especiales para completar el presupuesto que necesita la agencia.
Sin embargo, señaló que los fondos especiales estatales bajo la Ley 173-1996, que administra el programa de subsidios para el arrendamiento de personas de 60 años o más con bajos ingresos, no fueron incluidos en el presupuesto recomendado.
Según detalló, el presupuesto solo contempla $2.3 millones para ese propósito, por lo que mantiene comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que la partida sea ajustada a $12.5 millones. Explicó que ese programa permite a adultos mayores sostener un arrendamiento adecuado mediante un subsidio mensual y prevenir desplazamientos en una población que describió como altamente vulnerable.
Martínez Román añadió que el diseño del programa no es discrecional, sino que responde a un esquema de financiamiento establecido por ley, con una asignación fija anual de $10 millones y hasta un 15 % de las ganancias netas de la Lotería.
Por su parte, Charbonier Chinea adelantó que la comisión legislativa, todavía en la etapa de borrador presupuestario, tiene “bastante flexibilidad” para conseguir los fondos necesarios y atender esa petición con cargo a los $909 millones en ahorros anunciados por el gobierno.
El legislador también expresó confianza en que la Junta de Supervisión Fiscal avale la asignación de $554 millones requeridos para proveer el cheque de alivio contributivo a los contribuyentes. “Cada ahorro que se pueda identificar aquí, vamos a destinarlo a cubrir ese dinero que hace falta, a una posible Reforma Contributiva, y a crear estos fondos que sé que la Junta los va a pedir”, dijo.
