Un proyecto en la Cámara busca blindar inmuebles estatales vinculados a fondos federales y planes de vivienda accesible
SAN JUAN, Puerto Rico – El subsecretario del Departamento de la Vivienda, Omar Figueroa Vázquez, respaldó el Proyecto de la Cámara 996, que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico de 2020 para establecer que las propiedades de esa agencia no podrán ser declaradas estorbos públicos ni expropiadas por los municipios.
La medida fue discutida en vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz. Según el funcionario, el proyecto protege inmuebles que forman parte de planes estratégicos de vivienda, los cuales requieren procesos complejos de planificación, permisos, financiamiento y cumplimiento con marcos regulatorios para ofrecer vivienda accesible.
“En consecuencia, es posible que, en determinadas etapas, alguna de estas propiedades refleje periodos de aparente inactividad. No obstante, dicha situación responde a factores temporales inherentes a la ejecución de programas públicos y no a un estado de abandono, desuso o incumplimiento por parte del departamento”, expresó Figueroa Vázquez.
El subsecretario advirtió que la expropiación municipal de estas propiedades podría comprometer fondos federales y futuras asignaciones, particularmente aquellas vinculadas a procesos de recuperación tras desastres naturales.
“La declaración de estorbo público o la expropiación municipal de estas propiedades podría colocar al Gobierno de Puerto Rico en incumplimiento con acuerdos federales, comprometer la elegibilidad de la jurisdicción para recibir fondos futuros y exponer al Estado a sanciones o reclamaciones administrativas”, sostuvo.
Desde el Departamento de Justicia, el asesor legal Gerardo Rodríguez Ortiz indicó que la pieza legislativa persigue proteger bienes que cumplen un fin público esencial y que están atados a financiamiento federal. No obstante, recomendó enmiendas para que, una vez el municipio identifique que la propiedad pertenece al Departamento de la Vivienda, quede expresamente excluida de cualquier declaración de estorbo público y se notifique formalmente a la agencia sobre cualquier situación de salubridad o seguridad.
Rodríguez Ortiz señaló que de esa manera se lograría un balance entre la facultad municipal de declarar estorbos públicos y el interés legislativo de salvaguardar propiedades estatales.
En contraste, Joel Sánchez Ayala, asesor de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, expresó la oposición de la organización a la medida al entender que limita la autonomía municipal reconocida en el Código Municipal. Según expuso, varios alcaldes consideran que el proyecto restringe la facultad y responsabilidad de los municipios para atender problemas de seguridad y salubridad pública.
Por su parte, la directora interina de la División de Contribuciones, Expropiaciones y Cobro de Dinero del Departamento de Justicia, Marilyn Betancourt Jiménez, recordó que el poder de expropiación municipal es una delegación del Estado y que la ley general de expropiación forzosa impone limitaciones cuando se trata de propiedades estatales, requiriendo autorización mediante resolución conjunta.
Durante la audiencia también se planteó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación interagencial, plazos razonables y procesos claros que permitan a los municipios actuar en casos de propiedades en deterioro.
Figueroa Vázquez informó que actualmente el Departamento de la Vivienda mantiene acuerdos de colaboración con municipios para la reparación o reconstrucción de viviendas mediante fondos federales y, cuando no es viable la rehabilitación, se procede con la relocalización de las familias y la demolición de estructuras, dejando los terrenos disponibles para otros usos comunitarios.
El representante Pérez Ortiz, autor de la medida, solicitó información adicional sobre el inventario de espacios abiertos bajo la titularidad del Departamento en los distintos municipios. Aseguró que la intención del proyecto no es restar facultades municipales, sino uniformar el proceso y evitar que se afecten fondos de recuperación y otras asignaciones federales.
En la vista pública también participó el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán.
