Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (16 de septiembre de 2020) – Una oleada de despidos fulminantes de miles de empleados públicos será la justa respuesta que deberá efectuar del gobierno para lidiar con los cerca de 15,000 empleados públicos que, a pesar de que estaban trabajando, habrían cometido fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), al solicitar y recibir la ayuda destinada para desempleados por la pandemia del coronavirus.
El Comisionado Electoral del partido Proyecto Dignidad (PD), Eduardo García Rexach, sostuvo que el gobierno deberá iniciar procesos legales para destituir a todos los empleados públicos que hayan cometido fraude para ayudar a eliminar la corrupción del servicio público y para restituir la confianza del país en el gobierno
“Si no despiden a los que hayan cometido fraude es lo peor que podrían hacer. Lo correcto es que los acusen de fraude y si salen culpables, que los despidan”, sostuvo García Rexach.
El Comisionado del PD explicó que su posición con respecto al caso de fraude masivo registrado con el PUA, no responde a su formación religiosa, ni a la defensa de los valores y de la familia que caracteriza a PD, sino que obedece a una posición intransigente con la justicia y el rechazo a la corrupción.
“Esto no es cuestión de religiosos, como podrían decir algunos, es que no está bien y los deben despedir ya sean cristianos a ateos”, dijo García Rexach.
Sostuvo que la gran responsabilidad que toca a los funcionarios del gobierno en este caso de fraude masivo es tomar decisiones ejemplarizantes, que marcan una diferencia frente al país, que observa atento.
“Lo peor que podría hacer el gobierno es levantar la manos frente a la corrupción y no hacer nada, porque hay un país que está mirando. A los cristianos siempre se nos ha dicho que la tentación hay que vencerla y no nos pueden flaquear las piernas Este fraude es un crimen de carácter grave y tendrán que despedir a todos los que cometieron fraude. Si no lo hacen el ejemplo que darán es terrible”, dijo García Rexach.
El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, confirmó el pasado lunes que investigan entre 10,000 y 15,000 empleados públicos que habrían reclamado el PUA sin haber perdido su empleo, pues ningún empleado público ha sido despedido por la crisis del coronavirus.
Además de empleados públicos, las autoridades investigan a menores de edad y confinados que utilizando información falsa, pudieron haber recibido la asistencia económica dirigida exclusivamente a desempleados por el cierre económico causado por la pandemia del coronavirus.
Según a trascendido, el confinado Jensen Medina Cardona, acusado de asesinato de Arellys Mercado, fue, alegadamente, extorsionado en la cárcel de Bayamón para que solicitara el PUA a cambio de protección.
El Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo federal investigan varios esquemas relacionados con el fraude al PUA en Puerto Rico.
“Se alienta a las personas que estén al tanto de un fraude relacionado al PUA, o que hayan participado en él, a que denuncien la actividad ilegal al FBI, cooperen con los investigadores y devuelvan las ganancias obtenidas ilícitamente”, dijo el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.
Rivera Santiago dijo que han recibido más de $12.5 millones en cheques que las personas han devuelto, porque solicitaron el PUA pero luego se dieron cuenta que no cualifican.
La secretaria de Justicia, Inés Carrau, ha revelado que unas 100,000 personas pudieron cometer fraude al PUA.
“Nosotros en el Departamento de Justicia desde que se descubrió el fraude con el PUA hemos estado trabajando mano a mano con el Departamento del Trabajo y con la Policía de Puerto Rico, para investigar los casos y poderlos llevarlos a los tribunales y recuperar el dinero que se ha obtenido ilegalmente” dijo Carrau.
En los casos en que las personas devuelven el dinero recibido ilegalmente, Carrau dijo que “eso no los excluye de que nosotros podamos llevar una acción investigando y podamos radicar cargos, porque realmente el delito se cometió”.
