Mientras todo el mundo está pendiente de las compras navideñas, del bono o de la falta de dinero, nadie se da cuenta de la nube oscura que nos cubre en materia de derechos civiles. Vienen tiempos duros para las libertades en la nación americana y, por ende, para esta colonia isleña.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó el jueves, con votos demócratas y republicanos, una extensión al programa de vigilancia masiva, mejor conocido como el “Mass Surveillance Program”. Son las disposiciones que le permiten al gobierno interceptar las llamadas, datos y contactos de ciudadanos, bajo el pretexto de perseguir al terrorismo. Recordemos al famoso Patriot Act, pues algo así es lo que aprobaron el jueves y que constituye una violación de los derechos constitucionales. Aquí en Puerto Rico, nadie dijo nada.
Según el Patriot Act, agentes del FBI envían las Cartas de Seguridad Nacional (NSL), sin la aprobación de un juez, para obtener información personal, incluyendo registros telefónicos, registros informáticos, historial crediticio e historial bancario, de ciudadanos.
Entre 2003 y 2006, el FBI emitió 192,499 de esas cartas, lo que dio lugar a una condena relacionada con el terrorismo, según denunció la ACLU. Todo esto debilita el derecho a la libertad de expresión y de privacidad, al permitirle al gobierno acceso sin tener causa probable de que una persona sea delincuente o terrorista.
Ahora, como parte de la asignación de fondos para los gastos de defensa para el 2024, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) recibió un abrumador apoyo bipartidista en la Cámara y se aprobó con una votación de 310 a 118. (Ver documento).
La medida espera la firma del presidente Joe Biden para convertirse en ley. Esta ley se hizo inicialmente para vigilar personas no estadounidenses en el extranjero, pero en la práctica se ha usado para perseguir ciudadanos americanos dentro de los propios Estados Unidos y sus territorios.
“This is not good. The House should #StopTheNDAA” (“Esto no es bueno, la Cámara debe detenerlo”), tuiteó el senador de Utah, Mike Lee.
Periodistas independientes han levantado la voz de oposición ante esto, porque representa una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno. Aquí en Puerto Rico, de nuevo, nadie dice nada a pesar de que es una tendencia global. Veamos varios ejemplos.
Y mientras todo eso sucede en el mundo, ¿qué pasa aquí en Puerto Rico? Pues, la aplanadora de la propaganda.
Con el dinero público todo se va en anuncios de encendidos navideños de los municipios y la propaganda oficialista con el lema “Haciendo que las cosas pasen”.
Las autoridades dicen que está bien que se gasten esos millones. No hay dinero para viejitos abandonados ni para deambulantes, pero sí para estas cosas.
Por eso el silencio. Por eso los medios aumentan los espacios para los troles, le lavan la cara en la televisión a gente corrupta como los miembros del chat de Telegram y mientras los PNP dejan sola a una de las suyas, María Milagros Charbonier. Ni la mencionan. Pero nada, hablemos de los gemelos de JGo y el compromiso de Pierluisi, que como dice el refrán, pueblo que se divierte, no conspira.
