Familiares de los fallecidos por el medicamento adulterado reclaman respuestas al Estado y confían en el avance de la causa judicial que ya tiene más de 120 muertos confirmados
Por Florencia Pessarini
Buenos Aires (EFE) – Familiares de víctimas del fentanilo contaminado que produjo, entre abril y mayo de 2025, la muerte estimada de 124 personas en Argentina repudiaron este martes la inacción del Gobierno de Javier Milei ante la tragedia y aseguraron que tienen «esperanza en la causa judicial», en dos marchas paralelas realizadas en las ciudades de La Plata y Rosario.
«Era una tragedia totalmente prevenible si los entes de control actuaban en tiempo y forma», dijo a EFE Carla Maino desde Rosario, provincia de Santa Fe, ciudad donde su padre falleció el pasado 17 de mayo a causa de un shock séptico tras recibir fentanilo contaminado con dos bacterias ultra resistentes.
Miguel Maino, de 67 años, murió 18 días después de someterse a una cirugía sencilla.
Su familia y las de otras víctimas mortales de Rosario se congregaron este martes en el Monumento de la Bandera, donde instalaron un gigantesco cartel con el número de víctimas actualmente incorporados a la causa -124- y la leyenda: «No son números, son vidas».
Los familiares de las víctimas cuestionaron que los funcionarios del Gobierno de Milei convocados a brindar explicaciones sobre la falta de control estatal del medicamento no hayan comparecido, el pasado 17 de noviembre, ante la comisión del Congreso creada para investigar el caso.
Entre los funcionarios que se ausentaron se encuentran el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio.
«Es una falta de respeto absoluto hacia los familiares, pero también hacia toda la sociedad, porque las respuestas nos la deben a todos», expresó Maino.
Desde la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Sol Francese dijo a EFE: «Estamos acá para manifestar nuestra disconformidad con el accionar del Gobierno».
Su hijo, Renato Nicolini, de 18 años, murió en el Hospital Italiano de aquella ciudad tras recibir fentanilo durante una intervención quirúrgica por un accidente automovilístico.
Adriana Francese, familiar de Nicolini y abogada querellante en la causa judicial iniciada el pasado 12 de mayo después de que aquel hospital reportara un brote de infecciones que no respondían a causas habituales, asegura que «son más de 200 los casos sospechosos», aunque no todos se encuentran confirmados.
«Dudamos que en algún momento lleguemos a la cifra real, porque al no haber trazabilidad del medicamento, es un trabajo de hormiga el que está haciendo el juzgado», señaló Maino, quien pidió que los centros de salud que declararon haber aplicado dosis del fentanilo contaminado pero no reportaron pacientes afectados «vuelvan a revisar las historias clínicas».
El juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, resolvió el pasado 25 de septiembre procesar a Ariel Fernando García, dueño de las firmas farmacéuticas que produjeron el fentanilo contaminado que causó una tragedia sanitaria en el país, y a otros 16 acusados por el delito de «adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas», de acuerdo a la cifra que al momento llevaban comprobadas las pericias del Instituto Malbrán.
En un legajo paralelo de la causa, según detalló la abogada, «se están investigando a los funcionarios que no actuaron como corresponde» y que se está llamando a declarar a empleados públicos «que detectaron fallas críticas y no hicieron lo que tenían que hacer».
«Tenemos esperanza en la causa judicial, porque hay muchas pruebas y no hay forma de que los responsables queden libres de culpas. Es la única parte con la que estamos conformes», dijo Sol Francese.
Maino, por su parte, manifestó: «Creemos que esta es una situación de vulnerabilidad de toda la población, donde los entes sanitarios no están siendo seguros, porque una medicación salió al mercado sin reunir las condiciones de calidad».
