Comunidad denuncia efectos nocivos del humo y solicita acción urgente del DRNA y la Gobernadora
Trujillo Alto – La comunidad del barrio Saint Just en Trujillo Alto ha alzado su voz de manera contundente contra las operaciones de la empresa J.A. Maldonado, luego de meses de exposición continua a humo denso y gases contaminantes emitidos por un viejo generador de diésel que permanece encendido durante extensas jornadas laborales.
Los residentes han solicitado intervención urgente por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón y del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Jr., para que se ordene el cese inmediato de dicha maquinaria.
“Nos están envenenando poco a poco”, declaró Néstor Meléndez Rivera, vecino del sector y portavoz de los afectados. “Ese generador lleva meses operando sin permisos, emitiendo gases que entran directamente a nuestras casas y afectan la salud de los más vulnerables. Ya hay ancianos encamados por culpa de esta situación.”
Los reclamos se intensificaron tras una visita de técnicos del DRNA y de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), quienes acudieron esta semana a Saint Just para realizar inspecciones e intercambiar impresiones con residentes y comerciantes. Según Meléndez Rivera, los funcionarios Elison M. Ríos Reyes (División de Ruidos) y Marilyn Ortiz (División de Emisiones y Calidad de Aire) constataron las condiciones perjudiciales en el área y confirmaron que la empresa no pudo presentar autorización legal alguna para operar el generador.
La controversia se origina tras la decisión de los nuevos propietarios del taller de soldaduras J.A. Maldonado de desconectarse del servicio de energía provisto por LUMA Energy, aparentemente debido a una deuda impaga. Desde entonces, han recurrido a un generador de combustión interna de uso prolongado que funciona a diario desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche.
“Entendemos la preocupación por los empleos”, dijo Meléndez Rivera en referencia a los cerca de 20 trabajadores del taller. “Pero ningún empleo justifica poner en riesgo la salud de toda una comunidad. La empresa puede pagar su deuda con LUMA y operar de forma legal. Hoy por hoy, lo que están haciendo es ilegal y peligroso.”
El reclamo ciudadano también incluye un llamado a las autoridades policiacas, tanto estatales como municipales. Los vecinos alegan que han sido víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del personal del taller, aumentando la tensión en la zona. “La Policía debe intervenir antes de que ocurra una tragedia”, advirtió Meléndez Rivera.
Por otro lado, se rechazó tajantemente la solución propuesta por el propietario del taller de extender un tubo para canalizar el humo a mayor altura. Según expertos consultados por la comunidad, esto no resolvería el problema, sino que dispersaría los contaminantes sobre una mayor área residencial.
La comunidad exige que el DRNA actúe conforme a ley, emitiendo multas acumulativas por cada día de operación ilegal y forzando el apagado inmediato del generador. También exhortan a que la empresa asuma responsabilidad por los daños a la salud ya identificados, incluyendo el pago de gastos médicos.
Saint Just se ha convertido en un foco de lucha ambiental y comunitaria que pone sobre la mesa la urgente necesidad de fiscalizar actividades empresariales que ponen en riesgo la salud pública. Ahora, todo queda en manos de las autoridades.
