Vecinos de Ranchos Guayama piden desestimar demanda de CODEPOLA Residentes aseguran que no hay pruebas de daños en litigio por campo de tiro en Salinas
GUAYAMA, Puerto Rico – Vecinos de Ranchos Guayama de Salinas se manifestaron hoy frente al Tribunal de Guayama en el marco de la primera vista presencial del caso presentado por Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), contra residentes de la comunidad y miembros de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
José Cora Collazo, presidente de ASPA, alegó que la comunidad ha enfrentado intimidaciones y amenazas desde 2021 por parte de Torres Meléndez, a quien acusan de iniciar la construcción de un campo de tiro en su comunidad sin los permisos necesarios. “Este caso involucra a nuestra comunidad, que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones constantes por parte de Ariel Torres Meléndez.
En aquel momento, Torres Meléndez envió una carta intimidatoria contra mí, el Sr. Rafael Díaz Casiano, y la organización ASPA, amenazándonos con una demanda por difamación. Todo esto por oponernos al desastroso campo de tiro que comenzó a construir de forma ilegal en nuestra comunidad”, dijo Cora.
La demanda por difamación fue presentada en 2022 junto a una solicitud de orden de cese y desista. Según Cora Collazo, el tribunal ha impuesto multas a Torres por supuestamente no presentar pruebas y dilatar el proceso judicial. “Hasta el momento, Torres no ha presentado pruebas que demuestren los supuestos daños causados por José Cora, Rafael Díaz y ASPA, y se ha negado repetidamente a proporcionar la evidencia necesaria, como sus planillas fiscales”, afirmó.
Desde 2021, Torres ha utilizado redes sociales para expresar sus críticas contra los miembros de la comunidad. Los residentes también mencionaron la participación de figuras políticas como el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, la representante Estrella Martínez Soto y el senador Héctor Luis Santiago Torres, quienes, según los vecinos, han apoyado iniciativas legislativas que podrían beneficiar a Torres y su organización.
En respuesta a las acusaciones de los vecinos, Torres ha afirmado públicamente contar con el respaldo del hidrólogo Ángel Román Mas, cuyo estudio sostiene que no existe el acuífero del sur. No obstante, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha confirmado la existencia del acuífero, así como la tala de árboles sin permisos en la zona.
José Cora también señaló un incidente con la Guardia Nacional de Puerto Rico, que habría depositado neumáticos en el terreno del propuesto campo de tiro a solicitud de Torres, lo cual, según los residentes, se realizó sin los permisos adecuados y los neumáticos fueron posteriormente removidos.
Los vecinos solicitaron al tribunal la desestimación de las demandas de CODEPOLA, confiando en que se hará justicia para la comunidad. Cora exhortó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a asignar un examinador para evaluar los daños alegados y tomar acciones pertinentes.
“Han pasado tres años desde que Ariel Torres y CODEPOLA admitieron los daños causados, sin que hasta la fecha se haya asignado un examinador para fijar las multas y restaurar el área afectada”, concluyó.
