San Juan, Puerto Rico (EFE) – El presidente de la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá, informó que radicaron este viernes una demanda para que se declare nulo el contrato de Genera PR por violar la ley y el orden público de Puerto Rico.
«Radicamos en la Corte de Distrito Federal este recurso legal para que se declare nulo el contrato con Genera PR para administrar las plantas generatrices a partir del 1 de julio», anunció Mitjá.
El responsable de UTIER explicó que el contrato «viola las leyes del país, pues según se desprende del mismo Genera asumirá la operación y administración de todos los activos de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica)».
El Contrato de Operación y Mantenimiento de Instalaciones de Generación Térmica de Puerto Rico se da entre la AEE como propietario, la Autoridad de Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, como administrador, y Genera PR como operador («OMA»).
Mediante este contrato, Genera asumirá el control total de las funciones de generación y los activos de la AEE creando un monopolio privado contrario a lo que expresa las leyes 120-2018 y 17-2019.
Estas leyes establecen que los activos de la AEE dedicados a la generación de energía eléctrica no podrán ser vendidos, enajenados o asignados a un solo contratista bajo un Contrato de Sociedad o Venta, o de otra manera, agregó UTIER.
«Cuando estas leyes se firmaron se hicieron, según sus propulsores, con la intención acabar el monopolio público que había en la AEE, sin embargo, el contrato con Genera no abre el mercado de la generación, sino que lo mantiene como un monopolio privado», denunció Mitjá.
El líder sindical reclamó, que al igual que con el contrato de LUMA, Genera no invierte en mejoras de capital, no proporciona servicios nuevos o innovadores y no comparte los riesgos de fracaso porque su tarifa fija está más o menos garantizada.
Por su parte, el Bufete Emmanuelli, representación legal de la UTIER, explicó que Genera asumirá la operación y administración de todos los activos y será responsable del desmantelamiento de las centrales.
Ante este escenario, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez insistió en que «la OMA es una transacción ilegal y nula, ya que contiene cláusulas y condiciones en general contrarias a la ley y al orden público».
«La OMA es inválida y la UTIER tiene legitimación activa para solicitar una medida cautelar y declaratoria a tal efecto para que no entre en vigor el primero de julio», añadió.
