La directora de Solo por Hoy, alertó sobre la llegada de más personas sin hogar desde EE.UU., exigiendo un plan urgente para enfrentar la crisis de vivienda asequible en el país
San Juan, Puerto Rico – La directora ejecutiva de la organización Solo por Hoy, Belinda Hill, advirtió que la crisis del sinhogarismo en Puerto Rico podría empeorar debido al aumento de personas sin hogar que han llegado desde Florida tras la implementación de una nueva ley en ese estado que criminaliza dormir en espacios públicos. Hill instó al Gobierno y a los candidatos a la gobernación a establecer un plan urgente para abordar esta situación, señalando que la escasez de vivienda asequible en la Isla no permite dar respuesta inmediata a la creciente demanda.
Desde el 1 de octubre de 2024, Florida aplica la ley HB 1365, promovida por el gobernador Ron DeSantis, que prohíbe a las personas sin hogar dormir en aceras, parques o playas. Esta legislación surge después de que una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos permitiera a las ciudades criminalizar el dormir en lugares públicos, como se hizo en Grants Pass, Oregon. Hill informó que, como resultado de esta ley, han llegado a Puerto Rico más personas y familias sin hogar que buscan refugio, con la falsa expectativa de que encontrarán vivienda fácilmente.
“A nuestra organización llegan personas que creen que aquí se les facilitará una casa de inmediato, lo cual no es cierto por la falta de viviendas asequibles. Nos han llamado o se presentan afirmando que están en un Airbnb sin dinero para pagarlo, esperando que cubramos esos costos con nuestros recursos, algo que ahora sucede casi a diario”, detalló Hill.
Se estima que en Puerto Rico hay alrededor de 5,000 personas sin hogar, y un 52% de ellas experimenta esta situación por primera vez debido a la pérdida de empleo o la incapacidad de cubrir los costos de alquiler en aumento. En Florida, la cifra de personas sin hogar ronda las 31,000. La nueva ley en ese estado busca ubicar a estas personas en campamentos alejados de áreas públicas, con la amenaza de arresto si se niegan a trasladarse.
Hill calificó la medida como una criminalización de la pobreza, ya que impone multas que las personas sin hogar no pueden pagar, lo que podría llevarlas a la cárcel. Además, señaló que esto solo agrava el problema, ya que el historial delictivo puede dificultar aún más el acceso a la vivienda pública.
El reciente impacto del huracán Helene y la inminente llegada del huracán Milton a Florida podrían dejar sin hogar a más personas, aumentando la presión sobre los servicios en Puerto Rico.
“Aquí se les atiende porque son ciudadanos estadounidenses, pero hay un proceso y requisitos. Los residentes de Puerto Rico tienen prioridad, pero sin un plan adecuado, la situación podría desbordarse”, alertó Hill.
La directora también expresó su preocupación por organizaciones en EE.UU. que podrían estar facilitando el traslado de personas sin hogar a Puerto Rico, dándoles información incorrecta sobre la facilidad de conseguir vivienda en la Isla.
Hill concluyó con un llamado a desarrollar un plan integral que incluya la rehabilitación de edificios vacíos para transformarlos en viviendas asequibles y la regulación del uso de apartamentos para alquiler a corto plazo, como Airbnb, con el fin de contener los costos de renta y asegurar que los más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna.
