Finanzas admite que la aportación actual es insuficiente y que la JSF impone límites menores a lo recomendado
SAN JUAN, Puerto Rico – La Universidad de Puerto Rico (UPR) necesita aportar significativamente más al sistema de retiro de sus empleados para garantizar su estabilidad financiera. Así lo reconoció el director interino de Finanzas de la institución, Wilson Crespo Valentín, quien validó un estudio actuarial que calcula en $155 millones la cantidad necesaria para el año fiscal, una cifra muy por encima del presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Crespo confirmó que la aportación patronal vigente para el periodo fiscal 2023-2024 fue de $120 millones, lo que representa un 30% del salario computado por nómina. A pesar de ese esfuerzo, advirtió que el sistema ha perdido solvencia, cayendo de un 58% a un 51% en apenas un año.
La representante Lourdes Ramos Rivera, quien preside la comisión, cuestionó el desfase entre lo estipulado por el estudio y lo aprobado por la JSF, que fijó para el año fiscal 2024-2025 una asignación de $130.65 millones. Crespo indicó que, aunque el estudio actuarial refleja la necesidad real del sistema, su cumplimiento no constituye una obligación legal.
“Un estudio actuarial no es vinculante, pero sí indica lo que se necesita para sostener el sistema”, explicó.
Al ser interrogado sobre quién tiene la responsabilidad final de acatar las recomendaciones actuariales, Crespo apuntó a una estructura de gobernanza fragmentada entre la Presidencia, la Junta Universitaria, la Junta de Gobierno y, en última instancia, la JSF. No obstante, admitió que la Junta de Gobierno, presidida por el CPA Ricardo Dalmau Santana, tiene la última palabra en la toma de decisiones.
Exigen rendición de cuentas por gastos legales
La audiencia también sirvió de escenario para fuertes críticas a los litigios entre la UPR y la Junta de Retiro, especialmente por el uso de fondos públicos para sostener casos judiciales que ya han sido perdidos.
“Quiero saber cuánto dinero se ha gastado en pleitos innecesarios. Esa junta no representa los intereses del pueblo ni de los empleados retirados”, expresó Ramos Rivera, quien pidió la renuncia de Dalmau Santana y exigió la entrega de información detallada sobre los gastos legales en un plazo de siete días.
Además, la legisladora advirtió que se citará bajo apercibimiento de desacato al presidente de la Junta de Gobierno si no comparece para explicar las decisiones que han agravado la crisis del retiro universitario.
A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, Crespo no pudo precisar el monto actual de la deuda del sistema, aunque aseguró que antes del cierre del año fiscal, el compromiso de $130.65 millones asignado por la JSF será cubierto. La presidenta de la comisión le otorgó cinco días laborables para someter el detalle solicitado.
