San Juan, 25 mar (EFE News) – La Universidad de Puerto Rico sometió este jueves su Plan Fiscal Revisado del 2021, según aprobado por la Junta de Gobierno de la institución en reunión ordinaria, documento que proyecta una asignación del Gobierno de 501 millones de dólares, no contempla despidos ni cierre de recintos.
La entidad académica informó a través de un comunicado de que el Plan Fiscal Revisado propone además medidas de transformación para el Sistema de Retiro sin afectar las pensiones.
El documento, que es el sexto de su tipo que presenta la Universidad ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desde que entró en vigor la Ley PROMESA, proyecta una asignación del Gobierno Central para el año fiscal 2022 de 501 millones de dólares.
El plan incluye un desglose de las acciones administrativas, iniciativas y asuntos fiscales y financieros pendientes para encaminar una resolución definitiva de los aspectos más apremiantes para la Universidad a corto y largo plazo, según el comunicado.
En esta versión actualizada del plan fiscal, la Universidad también enumera los logros en los últimos años y detalla los desafíos que enfrenta la institución de cara al futuro.
MEJORA DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL
El documento consigna que desde 2017, la Universidad ha mejorado su eficiencia operacional, ha reducido sus costos y gastos y ha diversificado sus fuentes de ingreso.
Entre los logros recientes destaca la conversión del 100 % del ofrecimiento académico a su formato en línea (proveyendo continuidad al año académico a pesar de la pandemia de la covid-19), la actualización de los estados financieros auditados, el cumplimiento del pago con el pago de la deuda mediante un acuerdo de indulgencia y el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a distancia.
Otros de los logros incluyen el avance en los procesos de digitalización, la implementación de un nuevo modelo de presupuesto y el comienzo de la prestación de servicios técnicos a las agencias como el programa de tutorías desarrollado para el Departamento de Educación.
EL RECORTE DE ASIGNACIONES, UNO DE LOS DESAFÍOS
Asimismo, el documento desglosa entre los principales desafíos que encara la Universidad los recortes en las asignaciones, el impacto de los desastres naturales y su infraestructura crítica, la necesaria respuesta a la pandemia, la baja en la matrícula, los problemas de solvencia del Sistema de Retiro y la disminución del fondo de reserva.
La asignación del Gobierno Central de los 501 millones de dólares surge de la suma de una dotación base de 407 millones, según estipulado en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, y 94 millones como nueva asignación de fondos de resiliencia fiscal.
La Universidad ha propuesto que esa nueva partida, producto de postura de la actual administración de gobierno de no continuar con la imposición de reducciones en la aportación del fondo general, no se designe para cubrir deficiencias o como amparo para no implementar alguna medida fiscal, sino que estos fondos sean destinados a una lista de inversiones e iniciativas estratégicas específicas y restrictivas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos identificados.
Durante los pasados años, la Universidad ha atravesado por recortes significativos en las aportaciones que recibe de gobierno central que han supuesto un impacto total a esta fecha de 333 millones, lo que representa un 40 % en reducción.
No obstante, la Junta de Gobierno ha proyectado en el plan fiscal la asignación de la aportación anual para poder cubrir la deuda no solventada a largo plazo y asegurarse de que la entidad a corto, mediano y largo plazo puede cumplir con la obligación.
