El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales advirtió que la exención contributiva podría representar una pérdida de aproximadamente $12 millones en recaudos para 2030
La propuesta legislativa que busca eximir del pago de contribuciones a equipos y máquinas de generación de energía eléctrica podría provocar una pérdida de aproximadamente $12 millones en recaudos municipales para 2030, según una estimación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa citada este viernes durante vistas públicas en la Cámara de Representantes.
La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, inició la evaluación del Proyecto del Senado 273, que propone establecer la exención para equipos de generación de energía instalados en propiedades residenciales, comerciales e industriales.
El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Javier García Cintrón, expresó reservas sobre la medida debido a su efecto sobre las finanzas de los ayuntamientos.
“La contribución sobre la propiedad constituye una de las principales fuentes de ingresos de los municipios, y cualquier reducción de la base contributiva debe evaluarse con sumo cuidado, particularmente cuando la medida no identifica una fuente de sustitución, ni mecanismo de reembolso que compense la pérdida de ingresos”, sostuvo García Cintrón.
El funcionario recomendó enmendar el proyecto para limitar la exención a equipos utilizados para producir energía en residencias principales que ya cuentan con exención contributiva y cuyos equipos actualmente pagan contribuciones. También propuso incluir propiedades destinadas exclusivamente al cuidado de adultos mayores que cuenten con una licencia vigente del Departamento de la Familia.
A petición de Pérez Ortiz, García Cintrón se comprometió a entregar información sobre el impacto fiscal que tendría la propuesta en cada municipio.
La Federación de Alcaldes también se opuso al proyecto en su forma actual. Su asesor legal, Ricardo Rolón, reconoció la preocupación que intenta atender la legislación, pero advirtió sobre sus consecuencias fiscales para los gobiernos municipales.
“Una política pública bien intencionada también debe ser fiscalmente responsable, particularmente cuando sus consecuencias recaen directamente sobre los ingresos de los gobiernos municipales”, señaló Rolón.
La Federación recomendó que, antes de continuar la consideración de la medida, se prepare un estudio que determine el valor de las propiedades que quedarían exentas, la pérdida estimada de recaudos, cómo se distribuiría ese impacto entre los municipios y sus posibles efectos sobre la estructura fiscal municipal.
También planteó que la Asamblea Legislativa identifique fuentes alternas de ingresos dentro de los recursos disponibles del Gobierno central para evitar que los municipios tengan que absorber la pérdida provocada por la nueva exención.
La Autoridad de Energía Eléctrica tampoco respaldó la medida. Su director de operaciones, Fernando Osorio Caño, reconoció que la propuesta busca fortalecer la resiliencia energética mediante incentivos para adquirir equipos de generación o almacenamiento de electricidad, pero sostuvo que resulta incompatible con la reforma contributiva impulsada por la Rama Ejecutiva.
Según Osorio Caño, cualquier iniciativa contributiva adicional debería armonizarse con esa reforma, por lo que la Autoridad indicó que está imposibilitada de apoyar el proyecto.
Luma Energy asumió una posición distinta. En un memorial escrito, la empresa favoreció la propuesta ante la necesidad de contar con fuentes alternas de electricidad durante emergencias y por las condiciones actuales del sistema eléctrico.
“Considerando el estado actual del sistema eléctrico y la importancia de contar con una alternativa durante una situación de emergencia, LUMA no se opone a la aprobación del proyecto”, expresó Michael Juarbe Laffitte, vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Política Pública de la compañía.
La exposición de motivos del Proyecto del Senado 273 vincula la propuesta con la intermitencia del servicio eléctrico en Puerto Rico y plantea que la exención reconoce el esfuerzo de los residentes que adquieren equipos para aumentar su resiliencia energética y mantener servicios esenciales en sus hogares.
