El rechazo de incentivos a la producción de Residente y Bad Bunny desata cuestionamientos sobre censura administrativa y libertad de expresión
Por: Sandra D. Rodríguez Cotto
En la superficie, la noticia parece un asunto de incentivos contributivos y logística cinematográfica: la película Porto Rico, dirigida por René Pérez “Residente” y protagonizada por Bad Bunny, se filmará en la República Dominicana y no en el suelo que le da nombre. Sin embargo, detrás de los números y las locaciones se esconde una realidad más compleja: el uso del aparato estatal para ejecutar una censura previa basada en la persecución ideológica.
Puerto Rico tiene una cicatriz histórica profunda llamada la Ley 53 de 1948, mejor conocida como la “Ley de la Mordaza”. Aquella legislación criminalizó el independentismo y cualquier expresión de soberanía. Hoy, aunque esa ley no existe en los libros, parece haber mutado en una “mordaza administrativa”.
El rechazo del gobierno de Jennifer González a facilitar esta producción —una de las más ambiciosas en la historia del cine caribeño— no puede leerse de forma aislada. Residente y Bad Bunny no son solo artistas; fueron motores culturales que impulsaron la alianza de los partidos Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana, así como la candidatura de Juan Dalmau, llevando al independentismo y a la nueva izquierda a un histórico segundo lugar en las pasadas elecciones. La negativa del gobierno, según este planteamiento, no es una decisión fiscal, sino una factura política.
El castigo al disidente
Se trata de censura por omisión. La censura previa no siempre ocurre mediante un decreto o una ley que prohíba una obra. En el siglo XXI, puede manifestarse mediante la asfixia selectiva. Al negar permisos, acceso o incentivos que se otorgan a otras producciones extranjeras, el gobierno estaría enviando un mensaje claro: si utilizas tu arte para desafiar al sistema estadista, el sistema utilizará su poder para expulsar tu arte.
No se trata, se argumenta, de falta de fondos, sino de falta de voluntad política hacia quienes se atrevieron a cuestionar el estatus quo.
Resulta irónico que una película que narra la resistencia de Águila Blanca contra dos imperios, España y Estados Unidos, termine siendo señalada como víctima de la misma dinámica de poder que intenta denunciar. El hecho de que el presidente dominicano, Luis Abinader, haya mostrado interés en recibir la producción resalta el contraste con la decisión tomada en Puerto Rico, que podría implicar la pérdida de empleos y desarrollo económico vinculados al proyecto.
No es la primera vez que Residente enfrenta controversias de esta naturaleza. Durante la administración de Luis Fortuño, el artista denunció que fue vetado de escenarios públicos tras criticar el despido masivo de empleados gubernamentales. Aquella experiencia quedó reflejada en su tema “René”.
Hoy, la discusión adquiere un matiz distinto. Si un gobierno puede decidir qué proyectos culturales reciben apoyo basándose en quién los dirige o qué ideología promueven, surge el debate sobre los límites entre discreción administrativa y represión institucional.
Aporte económico y debate público
El proyecto ha sido presentado como una producción internacional con nombres como Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton en el elenco, así como con la participación creativa de Alejandro G. Iñárritu y Alex Dinelaris. Hasta ahora, gran parte de la discusión pública se ha centrado en los millones que dejarían de invertirse en Puerto Rico y en los empleos que podrían generarse fuera de la isla.
Sin embargo, el debate trasciende la economía. La interrogante planteada por diversos sectores es si se trata de un caso de censura previa por motivos políticos e ideológicos.
Cuando un gobierno electo enfrenta una oposición cultural influyente, especialmente una que moviliza sectores juveniles y logra avances electorales, existe el riesgo de que las decisiones institucionales sean interpretadas como respuestas defensivas. La cuestión de fondo es si una discrepancia política puede traducirse en acciones administrativas que afecten el ejercicio de la libertad cultural de un ciudadano por sus ideas.
Algunos sectores han comparado la situación con épocas de “carpetas” y hostigamiento político, mientras otros defienden la facultad gubernamental de administrar incentivos conforme a criterios fiscales y reglamentarios. También se cuestiona cuál será la postura de la Corporación de Cine y del gobierno ante la controversia.
La salida de Porto Rico hacia la República Dominicana ha sido descrita por críticos como un exilio cultural forzado. Para otros, se trata de una decisión empresarial ante la falta de condiciones adecuadas. Lo cierto es que el episodio reabre un debate profundo sobre libertad de expresión, política cultural y el papel del Estado en el desarrollo artístico del país.
